Asesoramiento Jurídico

Problemas de Trabajo - Trabajador/a informate acerca de tus derechos

Consultas sin cargo a trabajadores/as

Sebastián Serrano Alou

Abogado Laboralista de la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina - Magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, Universidad Nacional de Tres de Febrero

serranoalou@yahoo.com.ar

cel 0341-156369836

Cual es su sueldo y categoría según convenio
Como reclamar que lo registren correctamente
Como reclamar por los aportes a su jubilación
Como pedir una obra social para ud. y su familia
Como poner fin o evitar malos tratos
Que hacer ante un accidente de trabajo
Como manejarse cuando padece enfermedades
Que derechos le corresponden ante un despido

No deje que lo discriminen y lo excluyan
No permita que le paguen de menos
No se deje maltratar
Reclame sus derechos humanos

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24 jun. 2017

Capital y trabajo en tiempos de Macri

Edición Nro 216 - Junio de 2017

EDITORIAL

Capital y trabajo en tiempos de Macri

Por José Natanson

unque probablemente Jeremy Rifkin se haya apurado en pronosticar su final (1), el mundo del trabajo experimenta cambios acelerados. Consecuencia de la robotización de los procesos productivos, la liberalización del comercio y la deslocalización –el 70 por ciento de los celulares y el 60 por ciento de los zapatos que se consumen en el mundo se producen hoy en China– (2), el universo de los trabajadores de los países industrializados se ha ido heterogeneizando hasta configurar dos planetas distintos, que viven uno al lado del otro pero cada vez más desconectados entre sí.
De un lado, una elite profesional ultracalificada que se desempeña en los núcleos dinámicos de investigación y desarrollo, políticamente sensible a las propuestas liberal-progresistas, tolerante y cosmopolita, que valora la diversidad, ama conocer otras culturas y cuando viaja elige los vinos del lugar. Del otro, una masa de trabajadores excluidos por la disminución del empleo industrial, condenados a la tercerización y la precariedad de regímenes de trabajo de corto plazo, inestables y mal pagos, que ya no se organizan en función de ciertas destrezas u ocupaciones sino en torno a “bloques de tiempo”, que es lo que compra una compañía de limpieza, vigilancia o incluso atención al público cuando los contrata.
Los nuevos empleos creados por las industrias del conocimiento en áreas dinámicas como el software, la biotecnología o los segmentos avanzados del sector servicios no alcanzan a compensar el encogimiento del trabajo fabril puro y duro. El fenómeno excede al problema de la desocupación: en Estados Unidos, por ejemplo, el desempleo es de apenas el 4,7 por ciento, cerca del umbral de pleno empleo, pese a lo cual la desigualdad y la pobreza aumentan. En una mirada general, el desplazamiento de las industrias del centro a la periferia, a México, Europa del Este o Asia, produjo una “periferización” del Primer Mundo (3): alcanza con caminar las calles post-apocalípticas de los antiguos barrios industriales de Detroit o cruzar el Périphérique y penetrar los suburbios parisinos para chocarse con la monotonía de bloques gigantescos de monoblocs deprimentes cuya realidad se acerca más al Lugano del Pity Alvarez que a las deslumbrantes metrópolis post-modernas situadas a pocos kilómetros de distancia.
El quiebre, desde los 80, de lo que Robert Castel definió como “el compromiso social del capitalismo industrial” (4), agudizado unos años más tarde por la desaparición del socialismo como alternativa política, habilitó una hegemonía laboral desreguladora que fue consolidando este sector social desesperado, cuyo malestar ha comenzado a politizarse. De hecho, algunas de las novedades más impactantes de la política mundial, los últimos “momentos María Antonieta”, como el Brexit, el triunfo de Donald Trump o el ascenso de Marine Le Pen, se explican en parte por esta modificación subterránea del mundo del trabajo.
Y por la incapacidad de las elites para registrarla: cuando la candidata del establishment demócrata Hillary Clinton convocó a Jon Bon Jovi y Bruce Springsteen para un acto de campaña en Filadelfia estaba buscando exhibir la adhesión de dos artistas populares que en su momento supieron expresar como pocos el sentir de la clase obrera norteamericana: Bon Jovi, el hijo de un peluquero de Nueva Jersey y una ex conejita Playboy, y Springsteen, “el cantante del pueblo”. El problema es que a esa altura ambos eran ya millonarios multipremiados y que las masas trabajadoras habían decidido su voto por Trump –y reorientado sus gustos musicales hacia Lady Gaga–.
Pero volvamos al punto. La metamorfosis profunda del mundo laboral es una tendencia mundial que, con todos sus matices y notas al pie, se replica en los países en desarrollo, entre ellos el nuestro. Las diferencias radican en que en Argentina, producto de su industrialización inconclusa, un sector de la sociedad nunca llegó a integrarse plenamente a los procesos de desarrollo, siempre se mantuvo excluido. Y también en el hecho de que, frente a la ausencia de un Estado de Bienestar al estilo europeo, el impacto social de la neoliberalización del trabajo comenzó a sentirse ya en los 90, por lo que su respuesta, el giro a la izquierda de comienzos de siglo, fue también anterior.
Como en Estados Unidos, el principal problema no es tampoco aquí el desempleo: el hecho de que según la última medición del Indec la desocupación (7,6 por ciento) sea casi cuatro veces menor que la pobreza (30,3) confirma que la cuestión no pasa tanto por el trabajo en sí como por el poder de compra del salario y los niveles de protección.
Por eso vale la pena poner en cuestión las perspectivas liberales que, de Macron a Macri, ensayan respuestas orientadas exclusivamente a la capacitación de los trabajadores, a partir de la idea de que el problema reside en un desacople entre la demanda de la economía, que exige trabajadores con más estudios o con otros estudios o más flexibles, y la calificación de la fuerza laboral. Aunque por supuesto es importante, en el contexto de una economía en permanente y acelerada mutación, apostar a la capacitación permanente para mejorar la competitividad, este enfoque ignora la mutación estructural del mundo del trabajo descripta más arriba. Y, quizás sin proponérselo, produce una transferencia de la carga por vía de una individuación de la responsabilidad, que en un mágico pase de manos se traslada de una economía incapaz de proveer empleo de calidad a toda la población a la situación personal de los trabajadores, que si no consiguen empleo es porque no estudian.
Pero además, y este aspecto es central, la reconfiguración laboral ha llevado a un desdibujamiento de la relación capital-trabajo, afectada por el hecho de que en el capitalismo de hoy el principal valor económico ya no reside tanto en la posesión de activos físicos como en el conocimiento, que es un capital pero no lo parece. La consecuencia es que este vínculo ha perdido la nitidez que adquirió desde la Revolución Industrial y que, borroneado en un mundo sin chimeneas, resulta cada vez más difícil de apreciar.
Sin embargo, vale la pena hacer el esfuerzo. Sucede que, más allá de las transformaciones recientes, la relación entre quienes controlan los medios de producción, sean éstos una planta siderúrgica, un campo de diez mil hectáreas o un algoritmo, y los que viven de vender su fuerza de trabajo en el mercado, sea ésta la posibilidad de limpiar una oficina, operar a un paciente o programar una computadora, sigue siendo fundamental a la hora de explicar el funcionamiento económico de las sociedades actuales.
Las estadísticas globales confirman que la relación se ha desbalanceado. Consecuencia de las transformaciones de las últimas tres décadas, el polo capital ha ido ganando cada vez más peso en comparación con el polo trabajo. Esta tendencia, que en Argentina comenzó a mediados de los 70 y se profundizó en los 90, fue parcialmente revertida durante los años del kirchnerismo, para retornar ahora, fortalecida por un gobierno que la estimula: la participación de los asalariados en el PBI, que había pasado de un piso del 24,5 por ciento en 2002 hasta tocar un 37,6 por ciento en 2013, cayó 3 puntos, al 34,3, durante el primer año de gestión macrista (5).
Esto es consecuencia de una serie de decisiones de política pública: la disminución del salario real, que cayó entre 5 y 10 por ciento el año pasado y que, a juzgar por las paritarias, parece difícil que se recupere; la reorientación del modelo económico hacia actividades como las finanzas, la minería y el agro, competitivas y superavitarias en divisas, pero más intensivas en capital que en trabajo y con serias limitaciones para crear empleo de calidad, en contraste con la retracción de ramas socialmente más inclusivas, como la industria, la construcción y el comercio. Y, por último, dos o tres guadañazos de política económica decididos al inicio del mandato, entre los que sobresale el combo, único en el mundo, de devaluación y baja de retenciones.
¿Qué motiva al macrismo a hacer estos cambios? Hay varias explicaciones, no necesariamente excluyentes. La primera es la voluntad oficial de mejorar la rentabilidad de las empresas como vía para impulsar la inversión privada y con ello echar a andar nuevamente la rueda de la economía. La segunda es la convicción de que la “destrucción creativa” propia del capitalismo permitirá compensar los puestos de trabajo desaparecidos en las ramas improductivas con nuevas oportunidades laborales en sectores más competitivos. La tercera es la intención de beneficiar a un sector social del cual forma parte.
Sea por ideología económica, convicción futurista o conveniencia de clase, lo cierto es que, en contraste con un kirchnerismo que reaccionaba activamente cuando detectaba una empresa que suspendía o despedía trabajadores, el macrismo apuesta al lassez faire. Como sostienen Marshall y Perelman en su estudio sobre la historia de las negociaciones colectivas en Argentina (6), los contextos de repliegue del Estado limitan las estrategias sindicales centralizadas que generan “negociaciones imitativas”, bajo las cuales los gremios tienden a actuar de manera coordinada y los salarios se homogeneizan (incluso, como sucedió a menudo en la Europa de la posguerra, para moderarlos). Además no se perfila un sindicato capaz de liderar políticamente al resto, como ocurrió con los ferroviarios en la etapa agroexportadora de principios del siglo XX, la UOM en el período de sustitución de importaciones y Camioneros desde los 90, lo que dificulta aun más las posibilidades gremiales de acordar una estrategia única. La posición de los principales sindicatos industriales frente al gobierno de Macri, que muchos juzgan excesivamente concesiva, se explica en parte por esta correlación de fuerzas.
El giro macro de la política económica derrama en la realidad micro de los trabajadores y sus familias. El reequilibrio de la relación-capital trabajo no es una abstracción; es un dato concreto que se refleja en la vida cotidiana. El aumento del desempleo, la persistencia de un amplio sector en negro y la debilidad sindical significan también trabajadores más temerosos y por lo tanto más proclives a aceptar una baja de salarios, el pase a la informalidad o vacaciones anticipadas. Este nuevo contexto regresivo, que no fue producto de un golpe de Estado sino de una elección perfectamente democrática, se sobreimprime sobre la crisis del mundo laboral analizada más arriba. Y profundiza, aquí como en el Norte desarrollado, la fractura entre una elite primermundizada y cosmopolita que “disfruta de su trabajo”, para la que el gobierno macrista ha elaborado un discurso motivacional con apelaciones de autosuperación, y un amplio contingente suburbanizado y hundido, que mira a Cristina.
1. Jeremy Rifkin, El fin del trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo: el nacimiento de una nueva era, Paidós, 2004.
2. “Made in China”, The Economist, 12-3-15.
3. Aníbal Pérez-Liñán, “¿Podrá la democracia sobrevivir al siglo XXI? ”, Nueva Sociedad, Nº 267, enero-febrero de 2017.
4. El ascenso de las incertidumbres. Trabajo, protecciones, estatuto del individuo, FCE, 2009.
5. Datos de CIFRA-CTA.
6. Adriana Marshall y Laura Perelman, “Cambios en los patrones de negociación colectiva en la Argentina y sus factores explicativos”, Estudios Sociológicos, Vol. 22, N° 65, 2004.

14 jun. 2017

¿Cómo es el sistema de juicios laborales que cuestionan Macri y la UIA?

¿Cómo es el sistema de juicios laborales que cuestionan Macri y la UIA?

¿Cómo es el sistema de juicios laborales que cuestionan Macri y la UIA?
junio 13
19:002017

Por Federico Dalponte*. La discusión que inició el gobierno a mediados de 2016 se focalizó sobre un tipo particular de reclamo judicial: el que sobreviene después de un accidente laboral. El oficialismo impulsó la reforma de la ley de riesgos de trabajo tal como anhelaba pero nunca se dio por satisfecho.
En aquel entonces el argumento era que los trabajadores se abusaban y ponían en jaque a las finanzas de las empresas. Todo un despropósito. Aunque caló hondo y fue ley: se limitó el acceso de los accidentados a los tribunales so pretexto de “generar más trabajo y bajar el nivel de litigiosidad”.
Pero ahora el presidente avanza un poco más. Asegura que ese “negocio” de reclamar en juicio también incluye a las normas del régimen general. Es decir, esa “mafia” encarnada por los abogados laboralistas no sólo lucra con los siniestros, sino también con los despidos sin causa, con el trabajo en negro, con los tratos discriminatorios.
Son varios los caminos para llegar a juicio, pero ninguno es placentero. El trabajador reclama cuando no tiene más opciones. Según estadísticas de la Cámara Nacional, nueve de cada diez reclamos laborales son iniciados por el trabajador cuando el vínculo ya está extinto.
Y por lo demás, tampoco es que el camino sea demasiado llano. La prescripción de los créditos laborales es de dos años, demasiado breve si se toman en cuenta incumplimientos patronales de larga data. Pero además, el sistema somete al trabajador a una instancia previa de conciliación en la que, tentado por la necesidad, tal vez opte por aceptar lo primero que ofrezca la empresa demandada.
Es decir: la vía judicial es utilizada por el obrero luego de haber soportado estoico el abuso empresarial. Llega a los tribunales aquel que puede, y no todos los que deberían.
Aquel que trabaja sin estar registrado, que cobra menos de lo que prevé el convenio o que es acreedor de horas extras impagas sabe que será despedido si reclama. Por eso es clave elegir el momento. Por eso la enorme mayoría de los trabajadores sólo reclaman cuando la relación se terminó, cuando ya no hay posibilidad de ser despedido como represalia por quejarse.
El sistema legal-judicial cuestionado por el gobierno se basa en algunos principios fundamentales. Pero ninguno de ellos toma como sujeto damnificado al empleador. Y ello es obvio por varias razones: en primer lugar porque la propia Constitución indica que las leyes laborales deben dictarse para proteger al trabajador, pero además porque el único que está en condiciones de causar un daño cierto a la contraparte es, precisamente, el empresario. El obrero, de forma individual, ni siquiera cuenta con la herramienta de la huelga, reservada por norma básica a los gremios.
La legislación laboral que hoy se cuestiona es, en suma, un compendio de condiciones que intentan limitar el abuso empresarial. Sin ley, o con leyes flexibles, hay abuso. Siempre. Y los reclamos en sede judicial se dan fundamentalmente por incumplimiento de las obligaciones a cargo del empleador.
Por ejemplo: si una mujer es despedida durante su licencia por maternidad, le corresponderá una indemnización agravada. Tanto como corresponderá una multa si parte de la relación laboral no está registrada. O como corresponderá una indemnización más gravosa en caso de despido discriminatorio.
A ninguna empresa le gusta pagar. Pero está claro que la respuesta del sistema judicial no es una antojadiza invención contra las empresas, sino la consecuencia del propio incumplimiento patronal. Si fuese por rigurosidad jurídica, valdría entonces agregar que desde 1957 los empresarios argentinos quebrantan la manda constitucional de repartir sus ganancias entre el personal. Pero de ello nadie se queja.
Lo que se cuestiona desde el empresariado, de hecho, no es tanto la pericia de los abogados laboralistas ni la interpretación de algunos magistrados, sino las normas que sostienen ese régimen protectorio: molesta que las normas y las pruebas deban entenderse en el sentido más favorable al trabajador, irrita que en caso de duda se aplique la norma más benigna para el operario, indigna que los obreros no puedan renunciar a sus derechos, que no se los pueda despedir sin causa, que no se puedan alterar condiciones esenciales del contrato, que esté multado el fraude laboral. Fastidia, en suma, el sentido de las propias leyes, que constituyen el fondo del debate.
@fdalponte
*Abogado laboralista (UBA)

12 jun. 2017

Carta abierta a los trabajadores

Las elecciones de octubre y lo que se juega en el mercado laboral
Carta abierta a los trabajadores
Las reformas laborales que quiere el Gobierno violan la Constitución, los tratados internacionales y los derechos vigentes. Por eso persiguen a los jueces que los hacen respetar. Avance sobre los derechos de los trabajadores.

“Si ganamos en octubre vamos a un ajuste durísimo”, expresó con sinceridad el ministro de Finanzas, Luis Caputo, en Nueva York frente a jefes de bancos y fondos de Wall Street. Por eso en octubre no solo se renuevan parcialmente las cámaras del Congreso. Se plebiscita el gobierno de Macri y se define la Argentina de los próximos dos años.
Si el gobierno hace una buena elección irá a fondo con su programa. Veamos qué implica en materia laboral. Para explicarlo recurrimos a: 1) qué hizo en un año y medio de gobierno, 2) declaraciones del presidente y sus funcionarios, 3) qué quieren los sectores a los que representa, y 4) qué hicieron otros gobiernos con igual ideología.
El gobierno no quiere paritarias libres; quiere que sean a favor de las empresas, bajar el costo laboral y maximizar la rentabilidad. En enero los bancarios acordaron un incremento mayor al techo pretendido por el gobierno y la banca extranjera. El acuerdo estaba legalmente vigente, pero el gobierno aliado a la banca internacional lo rechazó invocando una ley derogada hace 17 años. La Justicia ordenó a los bancos pagar el aumento y al Ministerio no interferir. Funcionarios gubernamentales se reunieron con banqueros –incurriendo en desobediencia judicial– para que éstos no paguen el aumento. La unidad y fuerza de los bancarios que anunciaron un paro de tres días venció la resistencia gubernamental/banquera. 
La ley obliga al Estado Nacional a convocar la paritaria nacional docente para acordar el salario mínimo para todo el país y fijar el fondo de ayuda a las provincias. El gobierno se negó a convocarla no obstante que una sentencia se lo ordenó. La negociación colectiva es un derecho garantizado a los gremios (artículo 14 bis Constitución Nacional).
El gobierno fijó ilegalmente un techo salarial para las paritarias, que no solo es inferior a la inflación proyectada, sino que no recupera la pérdida del poder adquisitivo del 2016. Eso es transferencia regresiva del ingreso; lo que no va a salario se lo quedan los empresarios: creció la venta de autos de alta gama y bajó el consumo de leche.
Como Cavallo en 1991 quiere limitar los aumentos al crecimiento de la productividad, que impide la distribución progresiva del ingreso, consolida su reparto inequitativo, y no depende de los trabajadores sino de las empresas. 
El gobierno no quiere paritarias por actividad. Las quiere por empresa; porque así lo exigen las corporaciones y se lo hicieron saber en su “tribuna de doctrina”, el diario La Nación, el 26 de julio del año pasado. El mismo modelo de negociación de los ‘90, sin incrementos salariales.
No quiere protección en el empleo ni indemnización por despido. Quiere que los trabajadores financien su despido, aportando a cuentas de capitalización y retirando “su ahorro” cuando son despedidos. Esto ya lo reveló el secretario de Empleo, Miguel Punte, en enero de este año/17, cuando afirmó que “para las empresas despedir trabajadores tiene que ser algo natural, como comer y descomer”. O sea, para el funcionario los trabajadores son eso que se descome. No fue un exabrupto, no hubo desmentida ni retractación y sigue ocupando el cargo: es la posición del gobierno nacional. 
El presidente elogió la flexibilidad al anunciar su plan de deseos para la industria automotriz. ¿Qué es la flexibilización? Lo que hicieron los gobiernos de 1999/2001: contratos basura, sin estabilidad, sin indemnización, con salarios reducidos y sin derecho a categoría y tareas. Además, el cese de la ultraactividad de los convenios. El Ministerio de Trabajo, de manera ilegal, autorizó a Mac Donald’s a contratar 5000 jóvenes para trabajar 6 horas por día con un sueldo de 4500 pesos, inferior al salario mínimo vital y móvil. Esos trabajadores sustituirían a otros comprendidos en el convenio colectivo de trabajo. La Justicia Nacional del Trabajo frenó ese acuerdo ilegal. 
El presidente Macri dijo que “cada vez que un gremio consigue reducir una jornada horaria, todos los demás argentinos lo estamos asumiendo como parte de un costo y no está bien” (9/7/16) y que “hay que trabajar los sábados y domingos” (3/4/17). Adelantó lo que viene: jornadas flexibles, turnos rotativos, trabajo en sábados y domingos y franco a mitad de la semana, y sin derecho a cobrar horas extras. La OIT establece exactamente lo contrario en materia de jornada de trabajo.
Al inaugurar una planta (que no era nueva sino una mudanza con despidos) culpó a los trabajadores de poner palos en la rueda complicándole la vida al resto de la sociedad cuando “fuerza un ausentismo” o “inventa un juicio”. No hizo ningún reproche a las empresas que evaden –meses antes justificó la evasión tributaria diciendo a los empresarios “ya no vamos a tener que escondernos”–, a los que tienen trabajadores en negro, a los que no cumplen con las normas de higiene y seguridad. Ni felicitó a los trabajadores que hacen respetar sus derechos en juicio. Para él, los trabajadores son tramposos.
Más allá de que si un trabajador inventa un juicio lo pierde, al presidente Macri no le molesta la incorrección de un juicio inventado (sino su empresa Correo Argentino SA no habría inventado un juicio contra el Estado); le molesta que los trabajadores acudan a la Justicia para hacer respetar sus derechos. Macri, presidente del Correo Argentino SA, perdió un juicio en el 2000 por práctica antisindical (“Jerez, Victor c/ Correo Argentino SA s/Práctica Desleal”, expte. 8421/98; JNT n°39, CNAT S.III) por las presiones ejercidas contra trabajadores para que se desafilien de sus sindicatos.
Cuando el periodista Joaquín Morales Solá le preguntó por qué no llegaban las inversiones, Macri le echó la culpa a “la Justicia Laboral”, que es donde los trabajadores reclaman por sus derechos vulnerados. Por eso el gobierno ataca a la Justicia Laboral y persigue a los jueces que aplican la ley y protegen los derechos laborales. El gobierno quiere desaparecer la Justicia Nacional del Trabajo –creada por Perón en 1944, cuyos fallos inspiraron a la Ley de Contrato de Trabajo y sus criterios protectorios se expanden a todo el país– y transformarla en una justicia municipal de la CABA. Este proyecto no es un tema territorial. Si sigue siendo Nacional, el gobierno no puede remover a los jueces sin mayoría de 2/3 en el Consejo de la Magistratura de la Nación –por eso maniobra para tener mayor hegemonía–. Pero si pasa a la CABA le basta una mayoría simple en el Consejo de ésta; y esta mayoría simple la tiene. No es una especulación. El gobierno quiere remover a los jueces que protegen derechos laborales contra los intereses del gobierno y sectores que éste representa: ya pidió el juicio político a los dos camaristas que ordenaron cumplir la paritaria bancaria, a otros dos que ordenaron una reinstalación en la AFSCA y a una jueza que dispuso otra en Vialidad. Mas allá del “efecto disciplinador” hacia otros jueces, todavía no pudo removerlos; en la CABA ya los habría removido y el disciplinamiento sería mayor.    
Las reformas laborales que quiere el gobierno violan la Constitución, los tratados internacionales y los derechos vigentes. Por eso van por los jueces que los hacen respetar. Si en octubre Macri gana irá directamente por los derechos de los trabajadores.
* Diputado de la Nación. Presidente del bloque Frente para la Victoria-PJ.

6 jun. 2017

Retiro voluntario, el recurso más utilizado en tiempo de crisis


Retiro voluntario, el recurso más utilizado en tiempo de crisis: despidos encubiertos

La suspensión de los 350 trabajadores de General Motors es un caso testigo que sirve para ejemplificar la situación de muchos empleados santafesinos. Es que si bien no se registra en la región una oleada de despidos en el sector privado, los empleadores encontraron otro recurso para achicar la plantilla del personal: el retiro voluntario.
"La empresa está presionando, de manera extorsiva, para que los trabajadores arreglen ahora su desvinculación, porque sino, más adelante, van a cobrar menos plata de indemnización", denunció Sebastián Romero, trabajador suspendido de GM.
En diálogo con Rosarioplus.com, el empleado mecánico comentó que se reincorporaron a la planta de Alvear 16 personas y "se está evaluando el ingreso de 16 más". 
"Todos los días llaman a los compañeros para llegar un un acuerdo", afirmó Romero, y agregó: "Están ofreciendo que las personas se retiren porque van a cobrar menos plata".
A partir de junio, los trabajadores suspendidos comenzaron a cobrar el 65% de su sueldo, ya que se inició la segunda etapa del convenio, que fue homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, firmado por la multinacional y Smata.
Además, Romero anticipó que se registraron despidos en empresas que prestan servicios tercerizados en la industria, como la compañía de limpieza Iscot.
El modus operandis de General Motors parece repetirse en otras firmas, de igual envergadura, que tienen sus plantas en la región.
El abogado laboralista Sebastián Serrano Alou afirmó que "las grandes empresas van acorralando a los trabajadores" a través de su área de Recursos Humanos y el estudio jurídico que los representa, hasta tanto tomen la decisión de retirarse voluntariamente.
"Cuando ve que se queda sin trabajo, y que cuesta conseguir uno nuevo de forma fácil, la gente agarra lo que le dan los empleadores", indicó el letrado, en diálogo con Rosarioplus.com.
En cuanto a la resistencia de los empleados suspendidos, que en algunos casos como Mefro Wheels han obtenido buenos resultados, el integrante de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, dijo: "Cuando llega a cierto punto, la gente baja los brazos y acepta".
"Lo más común es llevar al trabajador a que acceda a lo que quiere el empleador, que es una renuncia, un retiro voluntario y la recesión por mutuo acuerdo", comentó el abogado y agregó: "La idea de la empresa es reducir personal por la falta de producción para no perder ganancias".
Según afirmó Serrano Alou, el Ministerio de Trabajo de la provincia está entregando turnos a largo plazo, más de 15 días, para atender las demandas de las empresas y los trabajadores.
Por su parte, el ministro Julio Genesini reconoció que la situación señalada por el abogado laboralista "puede darse" pero remarcó que el fenómeno no es generalizado en Santa Fe.
"Hemos tenido situaciones donde hubo un número importante de empresas en procedimientos preventivos de crisis. En esas compañías, que generalmente son de las industrias, no se dieron despidos pero sí situaciones de retiros", afirmó el encargado de la cartera provincial de trabajo, en diálogo con Ariel Bulsicco en Sí 98.9.
Los datos oficiales que brindaron desde el gobierno santafesino indican que, en 2015 hubo 70 empresas que presentaron procedimientos preventivos de crisis, en 2016 fueron 175 y en lo que va del año cerca de 60.
"Cuando hay empresas en crisis aparece este fenómeno (retiro voluntario), pero no es que lo observemos en 50 mil empresas", dijo el funcionario y concluyó: "Cuando hay situaciones de crisis las empresas utilizan más este mecanismo".





La ley de descanso dominical no generará perjuicios económicos a las empresas

Consideran que la ley de descanso dominical no generará perjuicios económicos a las empresas
06-06-2017 El abogado laboralista Sebastián Serrano Alou remarca que las firmas comprendidas por la norma en Santa Fe no pudieron acreditar las pérdidas que les provoca no abrir sus puertas durante los días domingos                            
Por Sebastian Serrano Alou - abogado laboralista

La ley de descanso dominical, sancionada recientemente en Santa Fe, volvió a reavivar de manera clara el constante conflicto de intereses que existe en las sociedades modernas, entre quienes buscan que se privilegie la ganancia del capital como objetivo de cada acción del Estado y quienes pretenden que el desarrollo digno de las personas y el bien común sean el eje de las regulaciones de parte del Estado.
Por un lado, los empresarios rechazan esta normativa alegando que les causa perjuicios económicos, del otro, sus defensores persiguen que los trabajadores vuelvan a tener un día para compartir con su familia y afectos, así como el desarrollo de actividades recreativas.
Los trabajadores ven los beneficios de no tener que trabajar los domingos y no es algo que no deseen, pero algunos resienten la perdida de la posibilidad de trabajar horas que se pagan con recargo y mejoran un ingreso insuficiente.
Los empresarios no tienen reparos en despedir recortar derechos a los trabajadores para imponer sus intereses, aunque no sea necesario, alegando que sus decisiones obedecen a las consecuencias de la nueva ley.
Durante el tiempo que estuvo vigente la nueva ley, en forma intermitente, los empresarios que motorizan la oposición a la misma, principalmente grandes supermercadistas, no probaron perjuicios económicos de relevancia.
La mayoría de los clientes que no encontraban más las puertas abiertas los domingos se reorganizaron para realizar sus compras, teniendo una evidente amplitud de días y horarios (corridos) para hacerlo.
Las conquistas de la clase trabajadora relacionadas con la limitación de la jornada de trabajo son históricas, como histórica es la fuerte oposición que han tenido que enfrentar.
El día internacional del trabajo es un recordatorio de los mártires que fueron asesinados por luchar para conseguir la jornada de trabajo de 8 horas, buscando 8 horas de descanso y 8 horas para la familia y el esparcimiento. A la jornada de trabajo se dedico el primer convenio de la OIT
Ante un nuevo conflicto entre los derechos económicos de los empresarios y los Derechos Humanos de los trabajadores, se debe privilegiar estos últimos, como lo dijo la Corte Suprema en sus precedentes entre 2004 y 2014; ello con fundamento en el Bloque de Constitucionalidad Federal, cúspide de la pirámide normativa.
Los derechos de propiedad, de comercio e industria, previstos en la Constitución Nacional, no son absolutos, sino que están sometidos a las leyes que reglamenten su ejercicio; mientras que la protección de la familia y el desarrollo de la persona humana, como la preferente protección de la persona que trabaja, son principios fundamentales dentro del sistema normativo argentino e internacional.
En tiempos donde la sociedad presenta conflictos cada vez más profundos la solución a los mismos no está en privilegiar las ganancias, sino en posibilitar un desarrollo más humano de cada una de las personas que la componen.
El descanso dominical no traerá las consecuencias negativas que vaticinan sus detractores, como en el pasado lo hacían los que se oponían por ejemplo al aguinaldo y las vacaciones pagas; sino que será un progreso en la realización de los Derechos Humanos de las personas.

12 may. 2017

LOS CONVENIOS COLECTIVOS FLEXIBILIZADORES SON INCONSTITUCIONALES E INCONVENCIONALES

A CONTINUACIÓN, NOTA DEL SITIO INFOBAE DONDE SE CITA LA OPINIÓN DEL TITULAR DE ESTE BLOG:
http://www.iprofesional.com/notas/249341-La-frmula-Sancor-para-reflotar-empresas-en-crisis-financiera-corre-riesgo-de-entrar-en-una-batalla-judicial


Legales
La "fórmula Sancor" para reflotar empresas en crisis corre riesgo de entrar en una batalla judicial
09-05-2017 Empresarios se entusiasman con nuevos acuerdos laborales que el Gobierno busca extender a varios sectores. Otorgan mayor flexibilidad laboral y permiten el pluriempleo. Hay avances en el rubro petrolero, automotor, lácteo, electrónica y textil. ¿Ayudan a reducir costos o son un pasivo contingente?

Por Sebastián Albornos



En estas últimas semanas, El Gobierno dejó en claro su visión sobre cómo debe conseguirse una mejora en la rentabilidad empresarial y un aumento en el empleo: desarmando normas laborales rígidas que pueden poner en riesgo la situación económica de cualquier negocio.

Por cierto, el avance de la estrategia oficial lejos de está de tener todo el camino allanado.


De hecho, los expertos en derecho laboral anticipan que esta nueva política de "flexibilización" se topará con dificultades en el plano judicial.

Desde Vaca Muerta hasta SanCor -pasando por las automotrices y el rubro de electrónica y el textil- la "fórmula" implica la revisión y eventual reformulación de convenios colectivos laborales.

Esto incluye cambios en las modalidades de contratación, variaciones en las tareas exigibles al dependiente como así también el alivio de algunas cargas económicas e impositivas que pesan sobre el empleador.

La falta de reformas de este tipo, según el diagnóstico oficial, ha llevado a una pérdida de competitividad eventualmente fatal.

Ya lo dejó en claro Mauricio Macri, quien considera que la crisis que afecta a SanCor -en situación de "quebranto absoluto"- se debe a un aspecto central.

Concretamente, a que el Estado en estos últimos años no intervino para evitar distorsiones y desajustes pactados entre la propia compañía y el gremio-, acuerdos que incluso luego fueron homologados por el ministerio de Trabajo.

"El problema es el convenio laboral. Claramente el Estado no actuó para que haya equilibrio en las negociaciones. A partir de los avances de Atilra (la Asociación de los Trabajadores de la Industria Lechera), se hizo casi inviable la industria", destacó el Presidente.

En el caso específico de SanCor, el ítem que generó mayor repercusión mediática fue la reducción del "aporte solidario" (que debe hacerse por cada trabajador) que el sindicato le cobra a toda la cadena láctea.

Además, del conflicto con esta firma, surgieron otros "considerandos" que el resto del mercado mira con particular atención.

El acuerdo -que implica sustituir el actual convenio por otro "instrumento moderno y acorde a estos tiempos"- abarca las siguientes temáticas:

Licencias por mudanza y matrimonio

Horas extras
Accidentes y enfermedades inculpables

Presentismo y asistencia

- Regímenes de escalas por renuncia
- Trabajos por turnos
- Actualizaciones de categorías
- Sistema de promociones
- La polifuncionalidad / multitareas o polivalencia

Coberturas de puestos de trabajo

- Promociones por reemplazos
Objetivo primordial: la flexibilidadHacia fines del año pasado, Macri ya había adelantado su inquietud sobre discutir "todos los convenios laborales" vigentes.

"Estamos en el siglo XXI y no podemos seguir aplicando los del siglo XX", dijo el Presidente. Surge entonces el interrogante sobre qué parte o cuáles son los tópicos que quiere modificar el mandatario.

Si bien los diferentes acuerdos laborales tienen como finalidad otorgar beneficios y aumentos salariales, el Gobierno quiere "adaptarlos" a las nuevas tecnologías, modalidades de empleo y a las necesidades empresariales.

Algunos indicios sobre estos cambios los proporcional Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA): "Vamos hacia un mundo en el que se exige mucha productividad".

En su visión, "resulta necesario adaptar los convenioscolectivos" ya que, entre otros motivos, "la polivalencia funcional es cada vez mayor, producto del propio desarrollo de los asalariados".

Uno de los objetivos pasa, entonces, por convalidarlegalmente que los empleados puedan realizar diferentes tareas y dejar de lado si fueron contratados para desempeñar una labor específica.

Si estas modificaciones a la normativa vigente prosperan, es cierto que muchos empresarios se verán beneficiados, pero también es verdad que podrán -a futuro- enfrentar una ola de litigios.

En la Argentina los gobiernos cambian, al igual que las visiones y las políticas. Lo que rige hoy puede no ser válido mañana. Más aun en terreno judicializable.

Julián A. de Diego, titular del estudio que lleva su nombre, afirma: "Un convenio ulterior debe ser analizado en su contexto. Puede ocurrir que la transigencia en una norma sea suplida por un beneficio en otra".

"La Ley 14.250 -que rige las negociaciones colectivas- no especifica si los cambios de un acuerdo posterior deben ser similaressuperiores o en desmedro de derechos ya consagrados anteriormente. Es por ello que deben ser evaluados en conjunto y no a partir de cláusulas tomadas en forma aislada".

De Diego enfatiza que cualquier modificación que empresarios y gremios pacten no puede menoscabar o vulnerar derechos acreditados en la "ley de fondo" . Es decir, la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

En caso de que ambos (nuevo convenio y LCT) apunten a un mismo tópico, la Justicia siempre tomará aquel que le resulte más favorable al asalariado.

En el ámbito sindical, la tendencia a flexibilizar acuerdos laborales ha comenzado despertar ciertos recelos. Hugo Yasky, uno de los líderes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), anticipa que se frenará todo intento de modificación.

Qué pueden fijar los convenios
Por cierto, hay acuerdos en etapa de tratativas que alterancondiciones laborales, si bien desde Casa Rosada evitan llamarlos de "flexibilización".

Para sortear eventuales cuestionamientos sobre su legalidad, el argumento es que no se realizan cambios al convenio en sí. Más bien, que la opción es la de incluir "adendas" que lo modifican parcialmente.

Un caso de este tipo es el de petroleros. Se avanzó en un acuerdo marco menos rígido que tuvo el apoyo explícito de un "peso pesado" como Guillermo Pereyra, ex secretario del sindicato del petróleo y gas de Río Negro, Neuquén y la Pampa y actual senador por el Frente Renovador.

- En lo concerniente a la extensión de la jornada laboral se permite, por ejemplo, superar las horas máximas establecidas por ley.

- Además, suspende el pago de las "horas taxis" (las correspondientes al traslado hasta los yacimientos y hoteles a disposición de la compañía).

La siguiente infografía resume los principales ocho puntos:
Estos cambios han generado un par de interrogantes, como ser:

- Si un nuevo convenio colectivo puede modificar cláusulas del anterior en perjuicio del empleado
- Si las condiciones más beneficiosas para el dependiente prevalecen como un derecho adquirido
Juan Carlos Cerutti, socio del estudio Cerutti, Darago, Lupi& Asociados, señala a iProfesional que los acuerdos de este tipo "deben reflejar el tipo de actividad, mejorar la calidad laboral y los beneficios, pero también tienen que cuidar la empresa y el trabajo".

En otras palabras, además de preservar a la compañía deben apuntar a "generar más mejor empleo".

En su visión, según lo observado hasta ahora, en los convenios que se han ido delineando el foco no está puesto en la mejora de las condiciones laborales.

Más bien se centran en determinar distintas compensaciones, como el plus por presentismopuntualidad o por productividad.

Asimismo, Cerruti afirma que deberían contemplarse "modalidades contractuales como el teletrabajo, home office, tipo de jornada y pluriempleo", entre otros aspectos.

Es de prever que el Ministerio de Trabajo no dará el visto bueno a ningún convenio contrario a la política económica, o que posean ítems que no estén en línea con la misma, como el de un techo inflacionario del 17% al 20%.

Claro ejemplo de esto ha sido la falta de homologación del acuerdo de los bancarios que estipulaba un aumento del 24%, que finalmente derivó en la judicialización del mismo.

Varias entidades no pagaron los incrementos al entender que faltaba esa última instancia administrativa, que es la que indica el momento preciso a partir de cuándo comienza a regir.

¿Reducción de costos o pasivo contingente?La nueva estrategia gubernamental incursiona en una "zona gris", en la que pueden aflorar argumentaciones cruzadas.

En particular, sobre hasta dónde es posible dictar normas que afecten "a la baja" los convenios colectivos vigentes.

Hay quienes hasta ven una posible incompatibilidad constitucional, como el abogado laboralista Sebastián Serrano Alou: "La flexibilización, sea cual fuera el medio elegido, es contraria al Bloque de Constitucionalidad Federal."

"Esto es así porque vulnera el principio protectorio laboral del cual derivan distintos principios como el de irrenunciabilidad y nulidad de las condiciones menos favorables. Y, fundamentalmente, del principio de progresividad", indica.

Alou considera que "los convenios a la baja son inconstitucionales", y enfatiza que "el camino que tienen los asalariados para reclamar por derechos vulnerados es el de acudir al Poder Judicial".

Esto puede ser realizado a través de distintas vías como el amparo, que podría ser instado por un conjunto de trabajadores "en abstracto" (es decir, si que el perjuicio se haya materializado).

No obstante, pero señala que lo más probable es que se haga lugar a un pedido cuando sí exista un planteo ante la existencia de un daño concreto.

Alou indica que estos nuevos pactos entre cámaras empresariales y sindicatos "serán presentados como válidos y hasta como un avance, pero, jurídicamente, resultan inconstitucionales".

"En la mayoría de los casos, el resultado de los planteos judiciales, es cantado, por la postura actual de la Corte y por lo acontecido con jueces que no acatan los lineamientos del Gobierno", afirma el experto.

Sus dichos hacen alusión al caso de los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, quienes integraron la sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Estos magistrados avalaron el convenio bancario. Luego de ese episodio, sufrieron un pedido de juicio político por parte del ministro Jorge Triaca.

Las aguas ya comenzaron a agitarse en materia de acuerdos colectivos.

Los empresarios avanzan y se entusiasman con los flamantes regímenes de flexibilización. La Justicia y el tiempo dirán si prosperarán y podrán abaratar costos o si, en realidad, lo que están haciendo es sumar pasivos contingentes