Asesoramiento Jurídico

Problemas de Trabajo - Trabajador/a informate acerca de tus derechos

Consultas sin cargo a trabajadores/as

Sebastián Serrano Alou

Abogado Laboralista de la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina - Magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, Universidad Nacional de Tres de Febrero

serranoalou@yahoo.com.ar

cel 0341-156369836

Cual es su sueldo y categoría según convenio
Como reclamar que lo registren correctamente
Como reclamar por los aportes a su jubilación
Como pedir una obra social para ud. y su familia
Como poner fin o evitar malos tratos
Que hacer ante un accidente de trabajo
Como manejarse cuando padece enfermedades
Que derechos le corresponden ante un despido

No deje que lo discriminen y lo excluyan
No permita que le paguen de menos
No se deje maltratar
Reclame sus derechos humanos

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12 may. 2017

LOS CONVENIOS COLECTIVOS FLEXIBILIZADORES SON INCONSTITUCIONALES E INCONVENCIONALES

A CONTINUACIÓN, NOTA DEL SITIO INFOBAE DONDE SE CITA LA OPINIÓN DEL TITULAR DE ESTE BLOG:
http://www.iprofesional.com/notas/249341-La-frmula-Sancor-para-reflotar-empresas-en-crisis-financiera-corre-riesgo-de-entrar-en-una-batalla-judicial


Legales
La "fórmula Sancor" para reflotar empresas en crisis corre riesgo de entrar en una batalla judicial
09-05-2017 Empresarios se entusiasman con nuevos acuerdos laborales que el Gobierno busca extender a varios sectores. Otorgan mayor flexibilidad laboral y permiten el pluriempleo. Hay avances en el rubro petrolero, automotor, lácteo, electrónica y textil. ¿Ayudan a reducir costos o son un pasivo contingente?

Por Sebastián Albornos



En estas últimas semanas, El Gobierno dejó en claro su visión sobre cómo debe conseguirse una mejora en la rentabilidad empresarial y un aumento en el empleo: desarmando normas laborales rígidas que pueden poner en riesgo la situación económica de cualquier negocio.

Por cierto, el avance de la estrategia oficial lejos de está de tener todo el camino allanado.


De hecho, los expertos en derecho laboral anticipan que esta nueva política de "flexibilización" se topará con dificultades en el plano judicial.

Desde Vaca Muerta hasta SanCor -pasando por las automotrices y el rubro de electrónica y el textil- la "fórmula" implica la revisión y eventual reformulación de convenios colectivos laborales.

Esto incluye cambios en las modalidades de contratación, variaciones en las tareas exigibles al dependiente como así también el alivio de algunas cargas económicas e impositivas que pesan sobre el empleador.

La falta de reformas de este tipo, según el diagnóstico oficial, ha llevado a una pérdida de competitividad eventualmente fatal.

Ya lo dejó en claro Mauricio Macri, quien considera que la crisis que afecta a SanCor -en situación de "quebranto absoluto"- se debe a un aspecto central.

Concretamente, a que el Estado en estos últimos años no intervino para evitar distorsiones y desajustes pactados entre la propia compañía y el gremio-, acuerdos que incluso luego fueron homologados por el ministerio de Trabajo.

"El problema es el convenio laboral. Claramente el Estado no actuó para que haya equilibrio en las negociaciones. A partir de los avances de Atilra (la Asociación de los Trabajadores de la Industria Lechera), se hizo casi inviable la industria", destacó el Presidente.

En el caso específico de SanCor, el ítem que generó mayor repercusión mediática fue la reducción del "aporte solidario" (que debe hacerse por cada trabajador) que el sindicato le cobra a toda la cadena láctea.

Además, del conflicto con esta firma, surgieron otros "considerandos" que el resto del mercado mira con particular atención.

El acuerdo -que implica sustituir el actual convenio por otro "instrumento moderno y acorde a estos tiempos"- abarca las siguientes temáticas:

Licencias por mudanza y matrimonio

Horas extras
Accidentes y enfermedades inculpables

Presentismo y asistencia

- Regímenes de escalas por renuncia
- Trabajos por turnos
- Actualizaciones de categorías
- Sistema de promociones
- La polifuncionalidad / multitareas o polivalencia

Coberturas de puestos de trabajo

- Promociones por reemplazos
Objetivo primordial: la flexibilidadHacia fines del año pasado, Macri ya había adelantado su inquietud sobre discutir "todos los convenios laborales" vigentes.

"Estamos en el siglo XXI y no podemos seguir aplicando los del siglo XX", dijo el Presidente. Surge entonces el interrogante sobre qué parte o cuáles son los tópicos que quiere modificar el mandatario.

Si bien los diferentes acuerdos laborales tienen como finalidad otorgar beneficios y aumentos salariales, el Gobierno quiere "adaptarlos" a las nuevas tecnologías, modalidades de empleo y a las necesidades empresariales.

Algunos indicios sobre estos cambios los proporcional Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA): "Vamos hacia un mundo en el que se exige mucha productividad".

En su visión, "resulta necesario adaptar los convenioscolectivos" ya que, entre otros motivos, "la polivalencia funcional es cada vez mayor, producto del propio desarrollo de los asalariados".

Uno de los objetivos pasa, entonces, por convalidarlegalmente que los empleados puedan realizar diferentes tareas y dejar de lado si fueron contratados para desempeñar una labor específica.

Si estas modificaciones a la normativa vigente prosperan, es cierto que muchos empresarios se verán beneficiados, pero también es verdad que podrán -a futuro- enfrentar una ola de litigios.

En la Argentina los gobiernos cambian, al igual que las visiones y las políticas. Lo que rige hoy puede no ser válido mañana. Más aun en terreno judicializable.

Julián A. de Diego, titular del estudio que lleva su nombre, afirma: "Un convenio ulterior debe ser analizado en su contexto. Puede ocurrir que la transigencia en una norma sea suplida por un beneficio en otra".

"La Ley 14.250 -que rige las negociaciones colectivas- no especifica si los cambios de un acuerdo posterior deben ser similaressuperiores o en desmedro de derechos ya consagrados anteriormente. Es por ello que deben ser evaluados en conjunto y no a partir de cláusulas tomadas en forma aislada".

De Diego enfatiza que cualquier modificación que empresarios y gremios pacten no puede menoscabar o vulnerar derechos acreditados en la "ley de fondo" . Es decir, la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

En caso de que ambos (nuevo convenio y LCT) apunten a un mismo tópico, la Justicia siempre tomará aquel que le resulte más favorable al asalariado.

En el ámbito sindical, la tendencia a flexibilizar acuerdos laborales ha comenzado despertar ciertos recelos. Hugo Yasky, uno de los líderes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), anticipa que se frenará todo intento de modificación.

Qué pueden fijar los convenios
Por cierto, hay acuerdos en etapa de tratativas que alterancondiciones laborales, si bien desde Casa Rosada evitan llamarlos de "flexibilización".

Para sortear eventuales cuestionamientos sobre su legalidad, el argumento es que no se realizan cambios al convenio en sí. Más bien, que la opción es la de incluir "adendas" que lo modifican parcialmente.

Un caso de este tipo es el de petroleros. Se avanzó en un acuerdo marco menos rígido que tuvo el apoyo explícito de un "peso pesado" como Guillermo Pereyra, ex secretario del sindicato del petróleo y gas de Río Negro, Neuquén y la Pampa y actual senador por el Frente Renovador.

- En lo concerniente a la extensión de la jornada laboral se permite, por ejemplo, superar las horas máximas establecidas por ley.

- Además, suspende el pago de las "horas taxis" (las correspondientes al traslado hasta los yacimientos y hoteles a disposición de la compañía).

La siguiente infografía resume los principales ocho puntos:
Estos cambios han generado un par de interrogantes, como ser:

- Si un nuevo convenio colectivo puede modificar cláusulas del anterior en perjuicio del empleado
- Si las condiciones más beneficiosas para el dependiente prevalecen como un derecho adquirido
Juan Carlos Cerutti, socio del estudio Cerutti, Darago, Lupi& Asociados, señala a iProfesional que los acuerdos de este tipo "deben reflejar el tipo de actividad, mejorar la calidad laboral y los beneficios, pero también tienen que cuidar la empresa y el trabajo".

En otras palabras, además de preservar a la compañía deben apuntar a "generar más mejor empleo".

En su visión, según lo observado hasta ahora, en los convenios que se han ido delineando el foco no está puesto en la mejora de las condiciones laborales.

Más bien se centran en determinar distintas compensaciones, como el plus por presentismopuntualidad o por productividad.

Asimismo, Cerruti afirma que deberían contemplarse "modalidades contractuales como el teletrabajo, home office, tipo de jornada y pluriempleo", entre otros aspectos.

Es de prever que el Ministerio de Trabajo no dará el visto bueno a ningún convenio contrario a la política económica, o que posean ítems que no estén en línea con la misma, como el de un techo inflacionario del 17% al 20%.

Claro ejemplo de esto ha sido la falta de homologación del acuerdo de los bancarios que estipulaba un aumento del 24%, que finalmente derivó en la judicialización del mismo.

Varias entidades no pagaron los incrementos al entender que faltaba esa última instancia administrativa, que es la que indica el momento preciso a partir de cuándo comienza a regir.

¿Reducción de costos o pasivo contingente?La nueva estrategia gubernamental incursiona en una "zona gris", en la que pueden aflorar argumentaciones cruzadas.

En particular, sobre hasta dónde es posible dictar normas que afecten "a la baja" los convenios colectivos vigentes.

Hay quienes hasta ven una posible incompatibilidad constitucional, como el abogado laboralista Sebastián Serrano Alou: "La flexibilización, sea cual fuera el medio elegido, es contraria al Bloque de Constitucionalidad Federal."

"Esto es así porque vulnera el principio protectorio laboral del cual derivan distintos principios como el de irrenunciabilidad y nulidad de las condiciones menos favorables. Y, fundamentalmente, del principio de progresividad", indica.

Alou considera que "los convenios a la baja son inconstitucionales", y enfatiza que "el camino que tienen los asalariados para reclamar por derechos vulnerados es el de acudir al Poder Judicial".

Esto puede ser realizado a través de distintas vías como el amparo, que podría ser instado por un conjunto de trabajadores "en abstracto" (es decir, si que el perjuicio se haya materializado).

No obstante, pero señala que lo más probable es que se haga lugar a un pedido cuando sí exista un planteo ante la existencia de un daño concreto.

Alou indica que estos nuevos pactos entre cámaras empresariales y sindicatos "serán presentados como válidos y hasta como un avance, pero, jurídicamente, resultan inconstitucionales".

"En la mayoría de los casos, el resultado de los planteos judiciales, es cantado, por la postura actual de la Corte y por lo acontecido con jueces que no acatan los lineamientos del Gobierno", afirma el experto.

Sus dichos hacen alusión al caso de los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, quienes integraron la sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Estos magistrados avalaron el convenio bancario. Luego de ese episodio, sufrieron un pedido de juicio político por parte del ministro Jorge Triaca.

Las aguas ya comenzaron a agitarse en materia de acuerdos colectivos.

Los empresarios avanzan y se entusiasman con los flamantes regímenes de flexibilización. La Justicia y el tiempo dirán si prosperarán y podrán abaratar costos o si, en realidad, lo que están haciendo es sumar pasivos contingentes


10 abr. 2017

Crisis laboral

Crisis laboral
El Gobierno provocó un acelerado deterioro en el mercado de trabajo; el Indec lo subestima y en Macrilandia aumenta el empleo.
Por Alfredo Zaiat
El desempleo y el subempleo describieron un salto de más de dos puntos. Aumentó la informalidad laboral y la precarización en las condiciones de trabajo. El empleo creado festejado en reportes oficiales son monotributistas y autónomos. El Gobierno empezó un decidido avance sobre derechos laborales con el fomento de contratos de pasantías desde el Ministerio de Trabajo, con la modificación de la ley de accidentes de trabajo, con reducción de beneficios en convenios colectivos (petroleros) y con rebaja de cargas patronales en acuerdos sectoriales. Además persigue a jueces que fallan a favor de sindicatos (bancarios y docentes). El plan Repro de protección estatal del empleo al cubrir parte del salario de empresas en crisis ha disminuido sustancialmente. El Gobierno vetó la ley “antidespidos” y armó una puesta en escena con la firma de un compromiso empresario-sindical para mantener los puestos de trabajo, que no se cumplió. Pocas compañías entregaron un bono de fin de año como se había publicitado desde usinas oficialistas. El salario real de trabajadores formales perdió de 6 a 8 por ciento y el de los informales se estima de 10 a 12 por ciento el año pasado. La disminución del poder adquisitivo ha sido más pronunciada en los estratos de ingresos más bajos. Esta impresionante caída en apenas doce meses no se recuperaría en las negociaciones paritarias de este año. El Gobierno exige y presiona a sindicatos y cámaras empresarias para que cierren paritarias no superiores al 20 por ciento cuando la inflación proyectada es de un piso de 25 por ciento. Lo consiguió con Comercio, lo sigue batallando con docentes además de desconocer la Paritaria Nacional Docente definida por ley y lo intentó con bancarios rechazando el acuerdo entre trabajadores y la patronal, atropello del que tuvo que retroceder. La cláusula gatillo incluida en las paritarias puede amortiguar parte de esa pérdida de poder adquisitivo. Cada uno de estos componentes ha terminado de conformar una crisis laboral que ha tenido una respuesta contundente con el paro nacional de actividades del jueves pasado.  
Existían tensiones relacionados con la heterogeneidad del mercado de trabajo, un núcleo duro de informalidad que no podía romperse, estancamiento del empleo industrial y una fuerte disputa por el alcance del Impuesto a las Ganancias. Esas tensiones no fueron relajadas por el nuevo gobierno sino que las transformó en una crisis de proporciones que promete agudizarse, en especial en los sectores del comercio e industrial vinculados al mercado interno. La industria está transitando hacia una catástrofe como lo refleja la evolución de la utilización de la capacidad instalada que en febrero fue de apenas el 60 por ciento, con varias ramas en el 50 por ciento.
El acelerado deterioro del mundo laboral fue acompañado con el persistente discurso oficial de desprecio a trabajadores y a organizaciones gremiales. Hubo definiciones despectivas del presidente Mauricio Macri y de varios de sus ministros: “ñoquis”, “grasa militante”, “vagos”, “que trabajen sábados y domingos”, “deben ser más flexibles”. Esas y otras (des)calificaciones eran reiteradas en grandes medios de comunicación pero hasta ahora no habían sido expresadas por la máxima autoridad política del país. Esa barrera se rompió ratificando el carácter clasista que exteriorizan sin pudor los integrantes de la Alianza de combate al choripán. El presidente Macri ratificó su posición anti obrera en la tribuna empresaria del World Economic Forum, en Buenos Aires, el mismo día del paro, cuando sentenció que la economía marcha hacia menos trabajadores y más emprendedores. La agresión oficial hacia los trabajadores tuvo su respuesta en movilizaciones masivas y pacíficas y en un contundente paro nacional, reacción que es reconvertida por la red de propaganda pública-privada como una escalada de agresión contra el Gobierno. El agresor se victimiza diciendo que es agredido, conducta que ha sido estudiada en profundidad por la psicología.
El Gobierno diseñó una estrategia que combina avance sobre derechos laborales con transferencia de dinero hacia las obras sociales, la asociación de dirigentes sindicales al negocio del fútbol, la colaboración del Estado para facilitarles otros negocios vinculados a actividades comerciales y la amenaza de habilitar la jauría judicial. De esa forma pensó que lograría un pacto social implícito con jefes sindicales mientras va desplegando una acelerada transferencia de ingresos regresiva y disciplinamiento de las demandas de los trabajadores. Esos acuerdos de cúpulas están siendo desbordados por la magnitud de la crisis laboral provocada por la política económica de ajuste recesivo y apertura comercial. 

Subestimación

Hasta hace muy poco, el despido de un par de decenas de trabajadores provocaba conmoción política y mediática. Ha habido un cambio considerable en esa reacción teniendo en cuenta que se registraron 241.774 despidos y suspensiones a noviembre pasado, según el relevamiento de economistas agrupados en Economía Política para la Argentina (EEPA). Esto equivale a un promedio de 650 despidos por día y el 69,8 por ciento del total en el sector privado. Tendencia que no ha aminorado en el primer trimestre de este año. Los trabajadores más castigados fueron los de la construcción y de la industria, en especial los metalúrgicos, textiles, de automotrices, de electrónicos, de electrodomésticos y de alimentos y bebidas. 
La magnitud de la crisis laboral tiene una atención mediática relativa. Algunos análisis manifiestan cierta subestimación al considerarla como  el tránsito necesario hacia una “economía normalizada luego de la experiencia populista”. En esa tarea de minimizar la destrucción de puestos de trabajo juega un papel clave el Indec de Macri al proporcionar la información para los análisis posteriores de la cuestión laboral. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) salió al cruce de la versión oficial publicando el reporte “Errores y omisiones” donde advierte de la utilización de una metodología estadística que subestima la cantidad de desocupados. 
Una decisión controvertida de la administración de Jorge Todesca en el Indec fue la modificación de la proyección poblacional en el primer informe de empleo. La maniobra fue reducir la cantidad de niños y aumentar la de adultos incrementando así la Población Económicamente Activa (PEA). La fórmula de la tasa de desocupación consiste en la división entre el total de desocupados y la PEA. Al inflar el denominador, la tasa de desocupación resulta un número más bajo. Los economistas de CEPA explican que “si la encuesta releva 10 desocupados sobre un total de 100 que conforman la PEA, la tasa de desocupación es del 10 por ciento; pero si esos mismos 10 desocupados son sobre un total de 125 que conforman la PEA, la tasa de desocupación pasa a ser de 8 por ciento”. 
Otro “error” del Indec de Macri detectado por el CEPA está vinculado al denominado ‘efecto desaliento’: el trabajador deja de buscar empleo por la crisis económica. Afirman que “este efecto resulta llamativo ya que en momentos de recesión, donde los hogares tienen menos ingresos, suele ocurrir que más miembros del hogar intentan buscar trabajo incrementando consiguientemente la PEA, como detalla el ‘efecto trabajador adicional’ (Lundberg, 1985)”. El Indec de Macri informó que en el cuarto trimestre del año pasado no se creó empleo disminuyendo la PEA y, por consiguiente, bajó el desempleo. 
El CEPA sentencia que “tanto la modificación de la proyección poblacional como el ‘efecto desaliento’, conducta improbable en el corto plazo, constituyen variables que impactan en un menor guarismo de desocupación”. Estiman que sin las modificaciones realizadas por el Indec de Macri la tasa de desocupación de fines de 2016 hubiera sido de 2,4 a 3,4 por ciento más elevada. 

Conflictos

El Presidente afirmó que la elevada conflictividad social espanta las inversiones. Durante el primer año de gobierno hubo resistencias puntuales, como al tarifazo, pero en general la mayoría de los agentes económicos y políticos ha entregado un nivel de tolerancia elevado pese al rápido deterioro de las condiciones socioeconómicas. A pesar de ello, la inversión doméstica y la del exterior registraron una fuerte caída, con excepción del ingreso de capitales especulativos. El último informe de FIDE señala que datos oficiales confirman que la inversión tuvo una caída interanual del 5,5 por ciento en 2016 y el ingreso de inversión extranjera directa disminuyó del 1,9 por ciento del PIB en 2015 al 1,1 por ciento en 2016.
Como se sabe, la recuperación del salario real es la principal herramienta para impulsar el crecimiento económico local en el corto plazo. Esto también lo saben consultores de la city inquietos con sus proyecciones de crecimiento 2017. Macri y los integrantes de la fragmentada gestión económica aseguran que la recomposición del salario real vendrá por la baja de la inflación –escenario que no se está verificando– y no por aumentos de paritarias por encima del techo impuesto del 20 por ciento. Incluso una eventual mejora de los ingresos reales que impacte en recuperación económica puede estar condicionada por “la persistencia de expectativas negativa por parte de los consumidores, el desplazamiento de la producción nacional por la importación (un caso paradigmático es el de los automóviles) y los incentivos a canalizar ahorro hacia las colocaciones financieras”, explica el informe de FIDE. Estos factores bloquearían la dinámica de la recuperación económica.
La crisis laboral fue generada por una política económica que castiga el empleo formal y el salario real. El primer paro nacional de actividades en el gobierno de Macri fue la expresión de rechazo a ese deterioro acelerado. Conflicto sociolaboral que ha ingresado en un sendero imprevisible para dirigentes sindicales acuerdistas y también para el líder de Macrilandia que asegura que la inflación baja, crece la economía, aumenta el empleo y que no hubo una huelga general.
  


7 abr. 2017

https://notasperiodismopopular.com.ar/2017/04/05/hacer-huelga-legal-descontar-dia-no/

¿Por qué hacer huelga es legal y descontar el día de paro no?

¿Por qué hacer huelga es legal y descontar el día de paro no?
abril 05
21:062017

El debate está planteado hace años y en el último mes ha pasado a primer plano: ¿cuáles son los límites del derecho a huelga? ¿qué márgenes de acción tiene la patronal? ¿puede descontar los días de paro? ¿es legal contratar trabajadores que reemplacen a quienes protestan? Notas dialogó con dos abogados laboralistas al respecto.
¿Cuándo es legal un paro?
“El derecho a huelga está regulado en Argentina principalmente en el artículo 14 bis de la Constitución incorporado en la reforma de 1957″, explicó Mariano Suárez que, además de abogado, es delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).
Previamente la Constitución peronista de 1949 “no lo regulaba expresamente porque se consideraba un derecho natural y por lo tanto no necesitaba ser positivizado en una norma”, apuntó.
Asimismo en Argentina se aplica “el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1948 que, desde 1994 para acá, tiene jerarquía superior a las leyes argentinas que consagran el ejercicio regular del derecho a huelga”.
Estas normativas plantean que cuando este derecho “se ejerce en forma regular, sin violencia, sin la comisión de delitos, la huelga está encuadrada en esa prerrogativa, por lo tanto es legal y su ejercicio completamente lícito”, argumentó Suárez.
Federico Dalponte, también abogado laboralista, subrayó que “el único caso en el que es procedente el descuento salarial o alguna sanción, de acuerdo a la Ley 14.786, es si continúa la huelga después de dictada la conciliación obligatoria”. Ese es “el único mecanismo coercitivo que tiene el Estado”.
¿Se pueden contratar personas que reemplacen a quienes hacen huelga?
Sencillamente no. “El reemplazo de los huelguistas por otros trabajadores está prohibido expresamente por la ley. El artículo 70 de la Ley 24.013 prohíbe contratar trabajadores temporales para reemplazar a quienes hacen paro”, detalló Suárez.
También lo plantea la Ley 25.877, sancionada durante los gobiernos kirchneristas, que en “el artículo 24 hace una remisión a los criterios y jurisprudencia de la OIT que prohíbe lo mismo”.
¿El empleador puede descontar los días de huelga?
“Por regla general, el ejercicio del derecho a huelga nunca conlleva sanción”, aseguró Dalponte.
Suárez por su parte analizó que, más allá de su opinión personal, “el descuento de los días de huelga es controvertido en la interpretación de la práctica judicial”.
Es que si bien “muchos entienden que no se puede hacer porque en el ejercicio regular de un derecho no puede operar una represalia”, lo cierto es que “gran parte de los jueces entiende que si bien existe el derecho a huelga, tampoco existe el deber legal del empleador de subvencionar el paro”.
De todas formas resaltó que “la jurisprudencia más progresista se expresó recientemente con los fallos por el conflicto docente” donde efectivamente se sostuvo que no se podían llevar a cabo los descuentos.
Por su parte Dalponte señaló la importancia de “diferenciar dos aspectos” sobre este asunto. El primero tiene que ver con “la decisión individual de adherir a la medida”. Es que según el artículo 14 bis de la Constitución, “sólo el gremio puede convocar a la huelga, pero la adhesión es siempre su consecuencia natural y necesaria”. Partiendo de esa premisa “si el empleador amenaza con descontar el día de paro, está atentando de hecho contra la medida de fuerza, lo que configura una actitud antisindical”.
Además dijo que “no es cierto que el empresario sólo debe pagar cuando el trabajador presta tareas” y recordó “los días de vacaciones, las licencias por enfermedad, por maternidad”. Es decir que “hay múltiples supuestos en los que el trabajador es acreedor de su salario incluso sin asistir a su puesto” y “de esto se tratan los derechos laborales”.
Pero además “es importante detenerse en el aspecto colectivo” ya que “si la medida fue convocada por un sindicato formalmente constituido, tal como exigió la Corte en el reciente fallo Orellano, no habría razón para sancionar su ejercicio”.
“Nunca el ejercicio de un derecho dentro de los límites legales puede conllevar sanciones”, añadió Dalponte. Y enfatizó que “se trata de un pilar de la teoría jurídica y, si se quiere, también de un principio lógico”. Es que si la huelga “está motivada por la insuficiencia salarial, el descuento del día de paro dejaría al trabajador en una posición peor que la que tendría si no hubiese ejercido su derecho”. Por ello el descuento, “además de ser ilegal, alienta el no ejercicio de una prerrogativa constitucional”, concluyó.
Santiago Mayor – @SantiMayor

5 feb. 2017

La lucha de clases y los trabajadores ayer y hoy

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Lucha de clases
Hablar de la prensa hegemónica no es, decididamente, un rezago de tiempos de la batalla cultural kirchnerista. Hasta el nuevo gobierno estadounidense la definió como “un partido político” que posee el singular poder de definir la agenda del debate público. Pero su rol es mucho más sutil que el de una simple parcialidad: la prensa es un aparato, sofisticado y multidimensional, de legitimación del poder económico. Cuando hoy se confronta con la prensa hegemónica se confronta con el poder real. Este poder construyó la exitosa idea de “la grieta” que habría provocado el gobierno anterior (al parecer antes, por ejemplo en el 55 o en los ‘70, no existía) y cuya contrapartida la constituye la referencia constante a la palabra “juntos” del discurso macrista. Antes de diciembre de 2015 el país estaba desgarrado por la grieta, pero el cambio de gobierno llegó para “unir a los argentinos”, una de los tres objetivos gubernamentales “para la gilada”. Que no ofenda la expresión. Si serán para la gilada los objetivos que Mauricio Macri reconoció esta semana que la meta de “pobreza cero” demandará para ser alcanzada un largo camino de 20 años, los que sólo son nada para el tango. Así que, amigos pobres, a sincerarse y a esperar sentados la carroza; que celulares, televisores y viajes ya no son para ustedes, ni siquiera en cuotas ni con descuento de contado, como lo demostró, también esta semana, el último sinceramiento gubernamental, los fallidos “precios transparentes”. Y a cuidarse de no tener la heladera o la computadora encendida todo el día, que el Estado neoliberal está siempre atento a los detalles de la vida privada, como se los recordará pronto la nueva facturación mensual.
  Pero a no descentrarse. La grieta no es un país desgarrado, la grieta es la lucha de clases. Y si hay algo que disgusta al capitalismo es hablar de clases y de lucha. Toda esta oración resulta sumamente demodé. “Clases” o “capitalismo” son palabras de rigor sociológico, pero de mal tono para el discurso bien pensante ¿O es que acaso quieren hacer la revolución ahora? Decía Marx en El Manifiesto: “La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases”. Fue en 1875 y desde entonces el aparato de legitimación del orden económico intentó negar la idea. No logró expulsarla de las ciencias sociales, apenas lo consiguió con la corriente principal de una de ellas, la economía. Sin embargo, a pesar del gran invento de la clase media, ese gran amortiguador y también promesa, el conflicto continúa siendo inherente a la política en general y a la política económica en particular. A la política, porque ordena las relaciones de poder entre las clases y a la política económica, porque plasma la distribución del ingreso entre ellas.
  Pero lo que vuelve al concepto de lucha de clases más contemporáneo es el carácter notablemente clasista del gobierno de la Alianza PRO. Bajo la existencia, por ejemplo, de un Estado Benefactor empeñado en la distribución progresiva del ingreso resultaba más natural para las mayorías pensar en los términos armónicos del pluriclasismo. Ello a pesar de que, siguiendo a Marx o, ya en el siglo XX, a M. Kalecki, siempre hubiese clases preparando la reacción. Con un gobierno también empeñado en la redistribución, pero regresiva en favor del capital, todo cambia. La fuerza política que no sólo prometió pobreza cero, sino que insistió en que “no vas a perder nada de lo que ya tenés”, impuso en la realidad nacional un nuevo imaginario de escasez por todos lados y la propuesta de una existencia low cost, ecológica y de bajo consumo, el sueño de los muchos ex Greenpeace que integran los “equipos”; viejos cultores de las teorías del decrecimiento, como el éxito conseguido con la contracción de casi el 3 por ciento del PIB de 2016.
 La presunta nueva escasez reinante es la que se utiliza para justificar el cambio de sentido en la redistribución del ingreso. Como si nada hubiese sucedido vuelven a escucharse discursos superados por la experiencia histórica. Se afirma, por ejemplo, que “no se puede redistribuir lo que no se tiene”. Lo que está por detrás de esta afirmación errónea es la vetusta teoría del derrame, según la cual la redistribución sólo puede llegar después de “agrandar la torta” en manos de los empresarios, es decir, previo a profundizar la acumulación de capital, la riqueza en manos de una clase.
  Si se somete esta noción al análisis económico más elemental resulta insostenible. El dato clave es que no se redistribuye “la torta”, es decir “la riqueza”, sino “el ingreso”; no un stock acumulado en el pasado, sino un flujo: “el valor agregado en el momento de la producción”; la parte que se lleva el capital y la que se lleva el trabajo, la ganancia y el salario. Dicho de otra manera, se puede redistribuir partiendo de cero. Obviamente la relación capital-trabajo es una relación capitalista, lo que supone, otra vez siguiendo a Marx, que la acumulación originaria ya se produjo. Esta relación es también una relación de poder que, por lo tanto, no puede resolverse satisfactoriamente en la presunta neutralidad del mercado, sino que la resuelve la política a través del Estado. Finalmente, la redistribución del flujo de ingresos entre el salario y la ganancia ocurre dentro del capitalismo, es decir; sin romper el orden jurídico basado en la defensa de la propiedad privada. La redistribución del stock riqueza, en cambio, sería un proceso revolucionario, “la ruptura de la superestructura jurídico-política”.
  Un ejemplo concreto de redistribución del ingreso fue la economía local en 2016. Los salarios, la parte que se llevaron los trabajadores del flujo generado en el momento de la producción, se redujeron, en términos de poder adquisitivo, entre un 6 y un 10 por ciento, según hayan sido trabajadores formales registrados, privados o estatales. Lo que perdió la clase trabajadora no se desvaneció en el aire, sino que quedó en manos del otro polo en la distribución del ingreso, el capital. El mecanismo utilizado fue el ajuste de paritarias por debajo de la inflación, para lo cual, aunque parezca redundante, se necesitan las dos cosas, las negociaciones paritarias a la baja y la inflación al alza. La metodología intentará repetirse, con otras magnitudes, en 2017. En 2016 el movimiento obrero organizado ejerció escasa resistencia. Es probable, tal vez, que en 2017 la resistencia sea mayor. La lucha de clases nunca se detiene. Aquí comienza a operar otra parte de la teoría económica. Si los ingresos de los trabajadores continúan cayendo, también lo hará el PIB, lo que en un año electoral supone para el gobierno dispararse en un pie, dato que no parece corresponderse con la acción política racional.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/18197-lucha-de-clases


El desempleo y sus consecuencias

Pagina12 | Psicología

CONSECUENCIAS CLÍNICAS Y SUBJETIVAS DEL DESEMPLEO
La amenaza de exclusión
Perder un trabajo significa muchas más cosas que dejar de cobrar un dinero a fin de mes. Supone la peor y más efectiva arma de manipulación del alma humana: el quedar afuera, la nefasta versión con que la pulsión de muerte asoma sus garras en el siglo XXI.
Desde que Cambiemos tomó el poder en diciembre de 2015, casi doscientos mil personas han perdido su puesto de trabajo. Se calcula que en el costado informal de la economía esa cifra aumenta de manera exponencial. Un reciente artículo vincula esta pauperización del mercado de trabajo con el empeoramiento de la Salud Mental de la población (1). No es para menos, el más leve y elemental análisis indica que el empleo constituye un lugar de privilegio para sustentar cierto equilibrio psíquico a partir de los hábitos, rutinas y contactos sociales que brinda un trabajo estable.  
Con todo, vale intentar dar un paso más allá de lo que el sentido común indica para dimensionar la actual catástrofe social en ciernes. El sujeto del inconciente no es un ser de la necesidad, es un ser de deseo. Esto significa que, más allá de las exigencias que el soma impone (vestimenta, vivienda, alimentación, salud, etc.), el ser hablante se nutre de las significaciones que brindan sentido –o no– a las eventuales contingencias. Esto es: una misma escena puede ser interpretada de múltiples maneras de acuerdo al contexto, la enunciación y los dichos que giran en torno a ella. Para decirlo todo: no siempre perder un trabajo resulta una calamidad, si el contexto ayuda, hay chance de conseguir algo mejor. Lo cierto es que la nefasta empresa neoliberal que nos gobierna  ha hecho todo como para que el crecimiento del desempleo se traduzca en culpa, depresión, humillación y aislamiento. Por algo, el filósofo Byung-Chul Han observa que el disciplinamiento de los cuerpos y la biopolítica de los que supo investigar y teorizar Michel Foucault ya es parte de la historia, el actual neoliberalismo se sirve de la Psicopolítica (2): es decir: del control de las voluntades como estrategia para que las personas se sientan libres en su esclavitud, con infinidad de opciones imposibles y culpables de no poder acceder a ellas.

La desmentida

Pero esto no es todo, la actual pérdida de trabajo acontece en un contexto de vaciamiento simbólico por el cual el valor de la palabra (esto es: la posibilidad de expresar el dolor, la expectativa de solidaridad y el llamado al semejante) pierde terreno frente a un cinismo inédito desde el regreso de la democracia en 1983. El actual gobierno argentino constituye un ejemplo paradigmático de este tóxico verbal que –al socavar la capacidad referencial del lenguaje– corrompe el discurso y corroe el lazo social. Y no se trata tanto de las promesas incumplidas que la actual administración  acumula de manera cotidiana, sino del recurso perverso por excelencia, a saber: la desmentida. Esto es: negar a sabiendas de que el otro sabe que el emisor sabe que todos saben que se está mintiendo. Cuando el emisor  del mensaje, el otro que escucha y todos los testigos coinciden en la falsedad de una frase sin que esto suponga la descalificación del mentiroso, estamos en el terreno de la barbarie discursiva. Como no podría ser de otra manera, aquí el poder mediático y sus espadas en la justicia son quienes ofician como el Atila de la palabra.
La clínica prueba que el uso constante de la desmentida enloquece a las personas o, en el mejor de los casos, empuja a la sórdida servidumbre de lo acrítico. (El mismísimo jefe de Gabinete ha dicho que “el pensamiento crítico le puede hacer mal a la Argentina” (3) Entonces: ¿qué posibilidad de tramitación psíquica puede logar una persona al perder el trabajo cuando el discurso que vocifera la inmensa mayoría de medios de comunicación asevera que los bienes, puestos de trabajo y niveles de consumo de los que se gozaba hasta no hace mucho tiempo, eran meras ilusiones?  

El terrorismo del ¿Y si...?

Entre las múltiples manifestaciones clínicas de esta corrupción verbal que socava la buena fe de las personas figura lo que elijo denominar el terrorismo del ¿Y si…?  Se trata de una formulación cada vez más recurrente en el consultorio que atestigua la exacerbación de las fantasías de catástrofe, soledad y aislamiento, entre las cuales la pérdida de trabajo ocupa un lugar de triste privilegio. El ¿Y si…? es una pregunta acorde con lo que Hegel supo denominar el infinito malo, es decir: una escalada de racionalizaciones cuya insensata deriva no lleva a otra parte más que a satisfacer las peores tendencias masoquistas por medio de una autosugestión. Esto enferma.  De hecho, “la angustia de la segunda tópica freudiana –espera sin esperanzas, expectativa, acecho de nada, pues no está en el tiempo de lo que puede esperar– es un amo sin rostro; y no hay política posible frente a ella, como no sea su transformación en síntoma” (4). Por ejemplo, a través de la pregunta: “¿y por qué debería yo saber?”
Es que cuando un paciente aparece con esta modalidad de queja o angustia, no es por el lado de brindar una respuesta que reside la intervención correcta, sino de iluminar esta enunciación tramposa y nefasta a la que hoy el neoliberalismo nos conmina. Se trata de transmitir que nuestra experiencia de seres hablantes consiste precisamente en no disponer de respuesta a los tramposos ¿Y si…? , sino antes bien en desenmascarar la maniobra que nos empuja a quedar atrapados en esta demanda loca y perversa cuya falsa certeza se asienta en el supuesto de una verdad única.  No en vano a la pregunta kantiana acerca de ¿qué puedo yo saber?: Lacan contestaba: “nada que no tenga la estructura del lenguaje en todo caso” (5), léase: las ficciones del lenguaje, entre las cuales el saber ocupa un sitial de privilegio. Salir de la parálisis del ¿Y si…? permite acceder al acto: sea éste la lucha política, la denuncia, la convocatoria al semejante, etc.

Conclusiones

Se comprende entonces que hoy perder un trabajo significa muchas más cosas que dejar de cobrar un dinero a fin de mes: supone la peor y más efectiva arma de manipulación del alma humana: la amenaza de exclusión. Nada aterra más a un ser hablante que el quedar afuera. El capitalismo, con diferentes estrategias y estilos según la época y el lugar, ha sabido servirse de esta condición de estructura para someter a las personas a trabajos mal pagos, en condiciones infrahumanas equiparables a la esclavitud. De hecho, desde hace largos años, el discurso se ha encargado de estigmatizar a todo sujeto que no cumple con las pautas de utilidad que impone el mercado: vago, inútil, inservible, son algunos de los epítetos que las personas repetimos en virtud de nuestra inconciente adhesión al código que fija el mercado. Significaciones que cobran el valor de una dramática paradoja no bien se advierte que –neoliberalismo mediante– nos dirigimos hacia una sociedad del ocio para pocos y segregación para muchos, en la que el valor del trabajo como pilar del lazo social se diluye a favor del consumo individualista. Se trata de hacer visible esta nefasta versión con que la pulsión de muerte asoma sus garras en el siglo XXI.
* Psicoanalista. Hospital Alvarez.
2 Byung Chul Han, “Psicopolítica: Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder”, Herder, 2014.
4 Antoni Vicens,  “No saber qué hacer, poder esperar, no estar a tiempo” en Lakant, Jacques Alain Miller, Buenos Aires, Tres Haches, 2000, p. 49
5 Jacques Lacan, Televisión en Otros Escritos, Buenos Aires, Paidós, 2012, p. 562.


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