Asesoramiento Jurídico

Problemas de Trabajo - Trabajador/a informate acerca de tus derechos

Consultas sin cargo a trabajadores/as

Sebastián Serrano Alou

Abogado Laboralista de la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina - Magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, Universidad Nacional de Tres de Febrero

serranoalou@yahoo.com.ar

cel 0341-156369836

Cual es su sueldo y categoría según convenio
Como reclamar que lo registren correctamente
Como reclamar por los aportes a su jubilación
Como pedir una obra social para ud. y su familia
Como poner fin o evitar malos tratos
Que hacer ante un accidente de trabajo
Como manejarse cuando padece enfermedades
Que derechos le corresponden ante un despido

No deje que lo discriminen y lo excluyan
No permita que le paguen de menos
No se deje maltratar
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10 abr. 2017

Crisis laboral

Crisis laboral
El Gobierno provocó un acelerado deterioro en el mercado de trabajo; el Indec lo subestima y en Macrilandia aumenta el empleo.
Por Alfredo Zaiat
El desempleo y el subempleo describieron un salto de más de dos puntos. Aumentó la informalidad laboral y la precarización en las condiciones de trabajo. El empleo creado festejado en reportes oficiales son monotributistas y autónomos. El Gobierno empezó un decidido avance sobre derechos laborales con el fomento de contratos de pasantías desde el Ministerio de Trabajo, con la modificación de la ley de accidentes de trabajo, con reducción de beneficios en convenios colectivos (petroleros) y con rebaja de cargas patronales en acuerdos sectoriales. Además persigue a jueces que fallan a favor de sindicatos (bancarios y docentes). El plan Repro de protección estatal del empleo al cubrir parte del salario de empresas en crisis ha disminuido sustancialmente. El Gobierno vetó la ley “antidespidos” y armó una puesta en escena con la firma de un compromiso empresario-sindical para mantener los puestos de trabajo, que no se cumplió. Pocas compañías entregaron un bono de fin de año como se había publicitado desde usinas oficialistas. El salario real de trabajadores formales perdió de 6 a 8 por ciento y el de los informales se estima de 10 a 12 por ciento el año pasado. La disminución del poder adquisitivo ha sido más pronunciada en los estratos de ingresos más bajos. Esta impresionante caída en apenas doce meses no se recuperaría en las negociaciones paritarias de este año. El Gobierno exige y presiona a sindicatos y cámaras empresarias para que cierren paritarias no superiores al 20 por ciento cuando la inflación proyectada es de un piso de 25 por ciento. Lo consiguió con Comercio, lo sigue batallando con docentes además de desconocer la Paritaria Nacional Docente definida por ley y lo intentó con bancarios rechazando el acuerdo entre trabajadores y la patronal, atropello del que tuvo que retroceder. La cláusula gatillo incluida en las paritarias puede amortiguar parte de esa pérdida de poder adquisitivo. Cada uno de estos componentes ha terminado de conformar una crisis laboral que ha tenido una respuesta contundente con el paro nacional de actividades del jueves pasado.  
Existían tensiones relacionados con la heterogeneidad del mercado de trabajo, un núcleo duro de informalidad que no podía romperse, estancamiento del empleo industrial y una fuerte disputa por el alcance del Impuesto a las Ganancias. Esas tensiones no fueron relajadas por el nuevo gobierno sino que las transformó en una crisis de proporciones que promete agudizarse, en especial en los sectores del comercio e industrial vinculados al mercado interno. La industria está transitando hacia una catástrofe como lo refleja la evolución de la utilización de la capacidad instalada que en febrero fue de apenas el 60 por ciento, con varias ramas en el 50 por ciento.
El acelerado deterioro del mundo laboral fue acompañado con el persistente discurso oficial de desprecio a trabajadores y a organizaciones gremiales. Hubo definiciones despectivas del presidente Mauricio Macri y de varios de sus ministros: “ñoquis”, “grasa militante”, “vagos”, “que trabajen sábados y domingos”, “deben ser más flexibles”. Esas y otras (des)calificaciones eran reiteradas en grandes medios de comunicación pero hasta ahora no habían sido expresadas por la máxima autoridad política del país. Esa barrera se rompió ratificando el carácter clasista que exteriorizan sin pudor los integrantes de la Alianza de combate al choripán. El presidente Macri ratificó su posición anti obrera en la tribuna empresaria del World Economic Forum, en Buenos Aires, el mismo día del paro, cuando sentenció que la economía marcha hacia menos trabajadores y más emprendedores. La agresión oficial hacia los trabajadores tuvo su respuesta en movilizaciones masivas y pacíficas y en un contundente paro nacional, reacción que es reconvertida por la red de propaganda pública-privada como una escalada de agresión contra el Gobierno. El agresor se victimiza diciendo que es agredido, conducta que ha sido estudiada en profundidad por la psicología.
El Gobierno diseñó una estrategia que combina avance sobre derechos laborales con transferencia de dinero hacia las obras sociales, la asociación de dirigentes sindicales al negocio del fútbol, la colaboración del Estado para facilitarles otros negocios vinculados a actividades comerciales y la amenaza de habilitar la jauría judicial. De esa forma pensó que lograría un pacto social implícito con jefes sindicales mientras va desplegando una acelerada transferencia de ingresos regresiva y disciplinamiento de las demandas de los trabajadores. Esos acuerdos de cúpulas están siendo desbordados por la magnitud de la crisis laboral provocada por la política económica de ajuste recesivo y apertura comercial. 

Subestimación

Hasta hace muy poco, el despido de un par de decenas de trabajadores provocaba conmoción política y mediática. Ha habido un cambio considerable en esa reacción teniendo en cuenta que se registraron 241.774 despidos y suspensiones a noviembre pasado, según el relevamiento de economistas agrupados en Economía Política para la Argentina (EEPA). Esto equivale a un promedio de 650 despidos por día y el 69,8 por ciento del total en el sector privado. Tendencia que no ha aminorado en el primer trimestre de este año. Los trabajadores más castigados fueron los de la construcción y de la industria, en especial los metalúrgicos, textiles, de automotrices, de electrónicos, de electrodomésticos y de alimentos y bebidas. 
La magnitud de la crisis laboral tiene una atención mediática relativa. Algunos análisis manifiestan cierta subestimación al considerarla como  el tránsito necesario hacia una “economía normalizada luego de la experiencia populista”. En esa tarea de minimizar la destrucción de puestos de trabajo juega un papel clave el Indec de Macri al proporcionar la información para los análisis posteriores de la cuestión laboral. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) salió al cruce de la versión oficial publicando el reporte “Errores y omisiones” donde advierte de la utilización de una metodología estadística que subestima la cantidad de desocupados. 
Una decisión controvertida de la administración de Jorge Todesca en el Indec fue la modificación de la proyección poblacional en el primer informe de empleo. La maniobra fue reducir la cantidad de niños y aumentar la de adultos incrementando así la Población Económicamente Activa (PEA). La fórmula de la tasa de desocupación consiste en la división entre el total de desocupados y la PEA. Al inflar el denominador, la tasa de desocupación resulta un número más bajo. Los economistas de CEPA explican que “si la encuesta releva 10 desocupados sobre un total de 100 que conforman la PEA, la tasa de desocupación es del 10 por ciento; pero si esos mismos 10 desocupados son sobre un total de 125 que conforman la PEA, la tasa de desocupación pasa a ser de 8 por ciento”. 
Otro “error” del Indec de Macri detectado por el CEPA está vinculado al denominado ‘efecto desaliento’: el trabajador deja de buscar empleo por la crisis económica. Afirman que “este efecto resulta llamativo ya que en momentos de recesión, donde los hogares tienen menos ingresos, suele ocurrir que más miembros del hogar intentan buscar trabajo incrementando consiguientemente la PEA, como detalla el ‘efecto trabajador adicional’ (Lundberg, 1985)”. El Indec de Macri informó que en el cuarto trimestre del año pasado no se creó empleo disminuyendo la PEA y, por consiguiente, bajó el desempleo. 
El CEPA sentencia que “tanto la modificación de la proyección poblacional como el ‘efecto desaliento’, conducta improbable en el corto plazo, constituyen variables que impactan en un menor guarismo de desocupación”. Estiman que sin las modificaciones realizadas por el Indec de Macri la tasa de desocupación de fines de 2016 hubiera sido de 2,4 a 3,4 por ciento más elevada. 

Conflictos

El Presidente afirmó que la elevada conflictividad social espanta las inversiones. Durante el primer año de gobierno hubo resistencias puntuales, como al tarifazo, pero en general la mayoría de los agentes económicos y políticos ha entregado un nivel de tolerancia elevado pese al rápido deterioro de las condiciones socioeconómicas. A pesar de ello, la inversión doméstica y la del exterior registraron una fuerte caída, con excepción del ingreso de capitales especulativos. El último informe de FIDE señala que datos oficiales confirman que la inversión tuvo una caída interanual del 5,5 por ciento en 2016 y el ingreso de inversión extranjera directa disminuyó del 1,9 por ciento del PIB en 2015 al 1,1 por ciento en 2016.
Como se sabe, la recuperación del salario real es la principal herramienta para impulsar el crecimiento económico local en el corto plazo. Esto también lo saben consultores de la city inquietos con sus proyecciones de crecimiento 2017. Macri y los integrantes de la fragmentada gestión económica aseguran que la recomposición del salario real vendrá por la baja de la inflación –escenario que no se está verificando– y no por aumentos de paritarias por encima del techo impuesto del 20 por ciento. Incluso una eventual mejora de los ingresos reales que impacte en recuperación económica puede estar condicionada por “la persistencia de expectativas negativa por parte de los consumidores, el desplazamiento de la producción nacional por la importación (un caso paradigmático es el de los automóviles) y los incentivos a canalizar ahorro hacia las colocaciones financieras”, explica el informe de FIDE. Estos factores bloquearían la dinámica de la recuperación económica.
La crisis laboral fue generada por una política económica que castiga el empleo formal y el salario real. El primer paro nacional de actividades en el gobierno de Macri fue la expresión de rechazo a ese deterioro acelerado. Conflicto sociolaboral que ha ingresado en un sendero imprevisible para dirigentes sindicales acuerdistas y también para el líder de Macrilandia que asegura que la inflación baja, crece la economía, aumenta el empleo y que no hubo una huelga general.
  


7 abr. 2017

https://notasperiodismopopular.com.ar/2017/04/05/hacer-huelga-legal-descontar-dia-no/

¿Por qué hacer huelga es legal y descontar el día de paro no?

¿Por qué hacer huelga es legal y descontar el día de paro no?
abril 05
21:062017

El debate está planteado hace años y en el último mes ha pasado a primer plano: ¿cuáles son los límites del derecho a huelga? ¿qué márgenes de acción tiene la patronal? ¿puede descontar los días de paro? ¿es legal contratar trabajadores que reemplacen a quienes protestan? Notas dialogó con dos abogados laboralistas al respecto.
¿Cuándo es legal un paro?
“El derecho a huelga está regulado en Argentina principalmente en el artículo 14 bis de la Constitución incorporado en la reforma de 1957″, explicó Mariano Suárez que, además de abogado, es delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).
Previamente la Constitución peronista de 1949 “no lo regulaba expresamente porque se consideraba un derecho natural y por lo tanto no necesitaba ser positivizado en una norma”, apuntó.
Asimismo en Argentina se aplica “el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1948 que, desde 1994 para acá, tiene jerarquía superior a las leyes argentinas que consagran el ejercicio regular del derecho a huelga”.
Estas normativas plantean que cuando este derecho “se ejerce en forma regular, sin violencia, sin la comisión de delitos, la huelga está encuadrada en esa prerrogativa, por lo tanto es legal y su ejercicio completamente lícito”, argumentó Suárez.
Federico Dalponte, también abogado laboralista, subrayó que “el único caso en el que es procedente el descuento salarial o alguna sanción, de acuerdo a la Ley 14.786, es si continúa la huelga después de dictada la conciliación obligatoria”. Ese es “el único mecanismo coercitivo que tiene el Estado”.
¿Se pueden contratar personas que reemplacen a quienes hacen huelga?
Sencillamente no. “El reemplazo de los huelguistas por otros trabajadores está prohibido expresamente por la ley. El artículo 70 de la Ley 24.013 prohíbe contratar trabajadores temporales para reemplazar a quienes hacen paro”, detalló Suárez.
También lo plantea la Ley 25.877, sancionada durante los gobiernos kirchneristas, que en “el artículo 24 hace una remisión a los criterios y jurisprudencia de la OIT que prohíbe lo mismo”.
¿El empleador puede descontar los días de huelga?
“Por regla general, el ejercicio del derecho a huelga nunca conlleva sanción”, aseguró Dalponte.
Suárez por su parte analizó que, más allá de su opinión personal, “el descuento de los días de huelga es controvertido en la interpretación de la práctica judicial”.
Es que si bien “muchos entienden que no se puede hacer porque en el ejercicio regular de un derecho no puede operar una represalia”, lo cierto es que “gran parte de los jueces entiende que si bien existe el derecho a huelga, tampoco existe el deber legal del empleador de subvencionar el paro”.
De todas formas resaltó que “la jurisprudencia más progresista se expresó recientemente con los fallos por el conflicto docente” donde efectivamente se sostuvo que no se podían llevar a cabo los descuentos.
Por su parte Dalponte señaló la importancia de “diferenciar dos aspectos” sobre este asunto. El primero tiene que ver con “la decisión individual de adherir a la medida”. Es que según el artículo 14 bis de la Constitución, “sólo el gremio puede convocar a la huelga, pero la adhesión es siempre su consecuencia natural y necesaria”. Partiendo de esa premisa “si el empleador amenaza con descontar el día de paro, está atentando de hecho contra la medida de fuerza, lo que configura una actitud antisindical”.
Además dijo que “no es cierto que el empresario sólo debe pagar cuando el trabajador presta tareas” y recordó “los días de vacaciones, las licencias por enfermedad, por maternidad”. Es decir que “hay múltiples supuestos en los que el trabajador es acreedor de su salario incluso sin asistir a su puesto” y “de esto se tratan los derechos laborales”.
Pero además “es importante detenerse en el aspecto colectivo” ya que “si la medida fue convocada por un sindicato formalmente constituido, tal como exigió la Corte en el reciente fallo Orellano, no habría razón para sancionar su ejercicio”.
“Nunca el ejercicio de un derecho dentro de los límites legales puede conllevar sanciones”, añadió Dalponte. Y enfatizó que “se trata de un pilar de la teoría jurídica y, si se quiere, también de un principio lógico”. Es que si la huelga “está motivada por la insuficiencia salarial, el descuento del día de paro dejaría al trabajador en una posición peor que la que tendría si no hubiese ejercido su derecho”. Por ello el descuento, “además de ser ilegal, alienta el no ejercicio de una prerrogativa constitucional”, concluyó.
Santiago Mayor – @SantiMayor

5 feb. 2017

La lucha de clases y los trabajadores ayer y hoy

Pagina12 | Cash

Lucha de clases
Hablar de la prensa hegemónica no es, decididamente, un rezago de tiempos de la batalla cultural kirchnerista. Hasta el nuevo gobierno estadounidense la definió como “un partido político” que posee el singular poder de definir la agenda del debate público. Pero su rol es mucho más sutil que el de una simple parcialidad: la prensa es un aparato, sofisticado y multidimensional, de legitimación del poder económico. Cuando hoy se confronta con la prensa hegemónica se confronta con el poder real. Este poder construyó la exitosa idea de “la grieta” que habría provocado el gobierno anterior (al parecer antes, por ejemplo en el 55 o en los ‘70, no existía) y cuya contrapartida la constituye la referencia constante a la palabra “juntos” del discurso macrista. Antes de diciembre de 2015 el país estaba desgarrado por la grieta, pero el cambio de gobierno llegó para “unir a los argentinos”, una de los tres objetivos gubernamentales “para la gilada”. Que no ofenda la expresión. Si serán para la gilada los objetivos que Mauricio Macri reconoció esta semana que la meta de “pobreza cero” demandará para ser alcanzada un largo camino de 20 años, los que sólo son nada para el tango. Así que, amigos pobres, a sincerarse y a esperar sentados la carroza; que celulares, televisores y viajes ya no son para ustedes, ni siquiera en cuotas ni con descuento de contado, como lo demostró, también esta semana, el último sinceramiento gubernamental, los fallidos “precios transparentes”. Y a cuidarse de no tener la heladera o la computadora encendida todo el día, que el Estado neoliberal está siempre atento a los detalles de la vida privada, como se los recordará pronto la nueva facturación mensual.
  Pero a no descentrarse. La grieta no es un país desgarrado, la grieta es la lucha de clases. Y si hay algo que disgusta al capitalismo es hablar de clases y de lucha. Toda esta oración resulta sumamente demodé. “Clases” o “capitalismo” son palabras de rigor sociológico, pero de mal tono para el discurso bien pensante ¿O es que acaso quieren hacer la revolución ahora? Decía Marx en El Manifiesto: “La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases”. Fue en 1875 y desde entonces el aparato de legitimación del orden económico intentó negar la idea. No logró expulsarla de las ciencias sociales, apenas lo consiguió con la corriente principal de una de ellas, la economía. Sin embargo, a pesar del gran invento de la clase media, ese gran amortiguador y también promesa, el conflicto continúa siendo inherente a la política en general y a la política económica en particular. A la política, porque ordena las relaciones de poder entre las clases y a la política económica, porque plasma la distribución del ingreso entre ellas.
  Pero lo que vuelve al concepto de lucha de clases más contemporáneo es el carácter notablemente clasista del gobierno de la Alianza PRO. Bajo la existencia, por ejemplo, de un Estado Benefactor empeñado en la distribución progresiva del ingreso resultaba más natural para las mayorías pensar en los términos armónicos del pluriclasismo. Ello a pesar de que, siguiendo a Marx o, ya en el siglo XX, a M. Kalecki, siempre hubiese clases preparando la reacción. Con un gobierno también empeñado en la redistribución, pero regresiva en favor del capital, todo cambia. La fuerza política que no sólo prometió pobreza cero, sino que insistió en que “no vas a perder nada de lo que ya tenés”, impuso en la realidad nacional un nuevo imaginario de escasez por todos lados y la propuesta de una existencia low cost, ecológica y de bajo consumo, el sueño de los muchos ex Greenpeace que integran los “equipos”; viejos cultores de las teorías del decrecimiento, como el éxito conseguido con la contracción de casi el 3 por ciento del PIB de 2016.
 La presunta nueva escasez reinante es la que se utiliza para justificar el cambio de sentido en la redistribución del ingreso. Como si nada hubiese sucedido vuelven a escucharse discursos superados por la experiencia histórica. Se afirma, por ejemplo, que “no se puede redistribuir lo que no se tiene”. Lo que está por detrás de esta afirmación errónea es la vetusta teoría del derrame, según la cual la redistribución sólo puede llegar después de “agrandar la torta” en manos de los empresarios, es decir, previo a profundizar la acumulación de capital, la riqueza en manos de una clase.
  Si se somete esta noción al análisis económico más elemental resulta insostenible. El dato clave es que no se redistribuye “la torta”, es decir “la riqueza”, sino “el ingreso”; no un stock acumulado en el pasado, sino un flujo: “el valor agregado en el momento de la producción”; la parte que se lleva el capital y la que se lleva el trabajo, la ganancia y el salario. Dicho de otra manera, se puede redistribuir partiendo de cero. Obviamente la relación capital-trabajo es una relación capitalista, lo que supone, otra vez siguiendo a Marx, que la acumulación originaria ya se produjo. Esta relación es también una relación de poder que, por lo tanto, no puede resolverse satisfactoriamente en la presunta neutralidad del mercado, sino que la resuelve la política a través del Estado. Finalmente, la redistribución del flujo de ingresos entre el salario y la ganancia ocurre dentro del capitalismo, es decir; sin romper el orden jurídico basado en la defensa de la propiedad privada. La redistribución del stock riqueza, en cambio, sería un proceso revolucionario, “la ruptura de la superestructura jurídico-política”.
  Un ejemplo concreto de redistribución del ingreso fue la economía local en 2016. Los salarios, la parte que se llevaron los trabajadores del flujo generado en el momento de la producción, se redujeron, en términos de poder adquisitivo, entre un 6 y un 10 por ciento, según hayan sido trabajadores formales registrados, privados o estatales. Lo que perdió la clase trabajadora no se desvaneció en el aire, sino que quedó en manos del otro polo en la distribución del ingreso, el capital. El mecanismo utilizado fue el ajuste de paritarias por debajo de la inflación, para lo cual, aunque parezca redundante, se necesitan las dos cosas, las negociaciones paritarias a la baja y la inflación al alza. La metodología intentará repetirse, con otras magnitudes, en 2017. En 2016 el movimiento obrero organizado ejerció escasa resistencia. Es probable, tal vez, que en 2017 la resistencia sea mayor. La lucha de clases nunca se detiene. Aquí comienza a operar otra parte de la teoría económica. Si los ingresos de los trabajadores continúan cayendo, también lo hará el PIB, lo que en un año electoral supone para el gobierno dispararse en un pie, dato que no parece corresponderse con la acción política racional.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/18197-lucha-de-clases


El desempleo y sus consecuencias

Pagina12 | Psicología

CONSECUENCIAS CLÍNICAS Y SUBJETIVAS DEL DESEMPLEO
La amenaza de exclusión
Perder un trabajo significa muchas más cosas que dejar de cobrar un dinero a fin de mes. Supone la peor y más efectiva arma de manipulación del alma humana: el quedar afuera, la nefasta versión con que la pulsión de muerte asoma sus garras en el siglo XXI.
Desde que Cambiemos tomó el poder en diciembre de 2015, casi doscientos mil personas han perdido su puesto de trabajo. Se calcula que en el costado informal de la economía esa cifra aumenta de manera exponencial. Un reciente artículo vincula esta pauperización del mercado de trabajo con el empeoramiento de la Salud Mental de la población (1). No es para menos, el más leve y elemental análisis indica que el empleo constituye un lugar de privilegio para sustentar cierto equilibrio psíquico a partir de los hábitos, rutinas y contactos sociales que brinda un trabajo estable.  
Con todo, vale intentar dar un paso más allá de lo que el sentido común indica para dimensionar la actual catástrofe social en ciernes. El sujeto del inconciente no es un ser de la necesidad, es un ser de deseo. Esto significa que, más allá de las exigencias que el soma impone (vestimenta, vivienda, alimentación, salud, etc.), el ser hablante se nutre de las significaciones que brindan sentido –o no– a las eventuales contingencias. Esto es: una misma escena puede ser interpretada de múltiples maneras de acuerdo al contexto, la enunciación y los dichos que giran en torno a ella. Para decirlo todo: no siempre perder un trabajo resulta una calamidad, si el contexto ayuda, hay chance de conseguir algo mejor. Lo cierto es que la nefasta empresa neoliberal que nos gobierna  ha hecho todo como para que el crecimiento del desempleo se traduzca en culpa, depresión, humillación y aislamiento. Por algo, el filósofo Byung-Chul Han observa que el disciplinamiento de los cuerpos y la biopolítica de los que supo investigar y teorizar Michel Foucault ya es parte de la historia, el actual neoliberalismo se sirve de la Psicopolítica (2): es decir: del control de las voluntades como estrategia para que las personas se sientan libres en su esclavitud, con infinidad de opciones imposibles y culpables de no poder acceder a ellas.

La desmentida

Pero esto no es todo, la actual pérdida de trabajo acontece en un contexto de vaciamiento simbólico por el cual el valor de la palabra (esto es: la posibilidad de expresar el dolor, la expectativa de solidaridad y el llamado al semejante) pierde terreno frente a un cinismo inédito desde el regreso de la democracia en 1983. El actual gobierno argentino constituye un ejemplo paradigmático de este tóxico verbal que –al socavar la capacidad referencial del lenguaje– corrompe el discurso y corroe el lazo social. Y no se trata tanto de las promesas incumplidas que la actual administración  acumula de manera cotidiana, sino del recurso perverso por excelencia, a saber: la desmentida. Esto es: negar a sabiendas de que el otro sabe que el emisor sabe que todos saben que se está mintiendo. Cuando el emisor  del mensaje, el otro que escucha y todos los testigos coinciden en la falsedad de una frase sin que esto suponga la descalificación del mentiroso, estamos en el terreno de la barbarie discursiva. Como no podría ser de otra manera, aquí el poder mediático y sus espadas en la justicia son quienes ofician como el Atila de la palabra.
La clínica prueba que el uso constante de la desmentida enloquece a las personas o, en el mejor de los casos, empuja a la sórdida servidumbre de lo acrítico. (El mismísimo jefe de Gabinete ha dicho que “el pensamiento crítico le puede hacer mal a la Argentina” (3) Entonces: ¿qué posibilidad de tramitación psíquica puede logar una persona al perder el trabajo cuando el discurso que vocifera la inmensa mayoría de medios de comunicación asevera que los bienes, puestos de trabajo y niveles de consumo de los que se gozaba hasta no hace mucho tiempo, eran meras ilusiones?  

El terrorismo del ¿Y si...?

Entre las múltiples manifestaciones clínicas de esta corrupción verbal que socava la buena fe de las personas figura lo que elijo denominar el terrorismo del ¿Y si…?  Se trata de una formulación cada vez más recurrente en el consultorio que atestigua la exacerbación de las fantasías de catástrofe, soledad y aislamiento, entre las cuales la pérdida de trabajo ocupa un lugar de triste privilegio. El ¿Y si…? es una pregunta acorde con lo que Hegel supo denominar el infinito malo, es decir: una escalada de racionalizaciones cuya insensata deriva no lleva a otra parte más que a satisfacer las peores tendencias masoquistas por medio de una autosugestión. Esto enferma.  De hecho, “la angustia de la segunda tópica freudiana –espera sin esperanzas, expectativa, acecho de nada, pues no está en el tiempo de lo que puede esperar– es un amo sin rostro; y no hay política posible frente a ella, como no sea su transformación en síntoma” (4). Por ejemplo, a través de la pregunta: “¿y por qué debería yo saber?”
Es que cuando un paciente aparece con esta modalidad de queja o angustia, no es por el lado de brindar una respuesta que reside la intervención correcta, sino de iluminar esta enunciación tramposa y nefasta a la que hoy el neoliberalismo nos conmina. Se trata de transmitir que nuestra experiencia de seres hablantes consiste precisamente en no disponer de respuesta a los tramposos ¿Y si…? , sino antes bien en desenmascarar la maniobra que nos empuja a quedar atrapados en esta demanda loca y perversa cuya falsa certeza se asienta en el supuesto de una verdad única.  No en vano a la pregunta kantiana acerca de ¿qué puedo yo saber?: Lacan contestaba: “nada que no tenga la estructura del lenguaje en todo caso” (5), léase: las ficciones del lenguaje, entre las cuales el saber ocupa un sitial de privilegio. Salir de la parálisis del ¿Y si…? permite acceder al acto: sea éste la lucha política, la denuncia, la convocatoria al semejante, etc.

Conclusiones

Se comprende entonces que hoy perder un trabajo significa muchas más cosas que dejar de cobrar un dinero a fin de mes: supone la peor y más efectiva arma de manipulación del alma humana: la amenaza de exclusión. Nada aterra más a un ser hablante que el quedar afuera. El capitalismo, con diferentes estrategias y estilos según la época y el lugar, ha sabido servirse de esta condición de estructura para someter a las personas a trabajos mal pagos, en condiciones infrahumanas equiparables a la esclavitud. De hecho, desde hace largos años, el discurso se ha encargado de estigmatizar a todo sujeto que no cumple con las pautas de utilidad que impone el mercado: vago, inútil, inservible, son algunos de los epítetos que las personas repetimos en virtud de nuestra inconciente adhesión al código que fija el mercado. Significaciones que cobran el valor de una dramática paradoja no bien se advierte que –neoliberalismo mediante– nos dirigimos hacia una sociedad del ocio para pocos y segregación para muchos, en la que el valor del trabajo como pilar del lazo social se diluye a favor del consumo individualista. Se trata de hacer visible esta nefasta versión con que la pulsión de muerte asoma sus garras en el siglo XXI.
* Psicoanalista. Hospital Alvarez.
2 Byung Chul Han, “Psicopolítica: Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder”, Herder, 2014.
4 Antoni Vicens,  “No saber qué hacer, poder esperar, no estar a tiempo” en Lakant, Jacques Alain Miller, Buenos Aires, Tres Haches, 2000, p. 49
5 Jacques Lacan, Televisión en Otros Escritos, Buenos Aires, Paidós, 2012, p. 562.


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25 ene. 2017

Un cepo a los reclamos por accidentes

Pagina12 | Economía

LAS MODIFICACIONES AL SISTEMA DE RIESGOS DE TRABAJO QUE EL EJECUTIVO INTENTA IMPONER POR DNU
Un cepo a los reclamos por accidentes
El nuevo régimen pretende reducir las demandas por accidentes y enfermedades laborales desde una perspectiva de bajar costos empresarios. La reducción de los derechos del afectado es la consecuencia más directa. Cómo funcionaría el nuevo sistema.

  • ¿Por qué se modifica el sistema de riesgos de trabajo?: La Ley de Riesgos del Trabajo, gestada en pleno auge neoliberal y flexibilizador, cosechó innumerables cuestionamientos desde su entrada en vigencia en 1996. El desa- liento a la prevención, la miserabilidad de las reparaciones, la violación de derechos y garantías le valieron más de 25 tachaduras de inconstitucionalidad. La Casa Rosada pretende resolver la elevada cantidad de juicios por accidentes y enfermedades laborales. Desde la perspectiva empresaria que el Gobierno asumió como propia esos litigios imponen costos excesivos y, además, ponen en riesgo la sustentabilidad de las aseguradoras. 
  • ¿Cómo propone atacar esa problemática?: A través de un decreto de necesidad y urgencia el Gobierno estableció una instancia médico-administrativa obligatoria previa a cualquier acción judicial. La solución oficial para acabar con las demandas no pretende ampliar el reducido listado de enfermedades contempladas por el sistema, evitar las altas médicas apresuradas, solucionar la negativa de las ART a cubrir reagravaciones ni reparar la ausencia de prevención y seguridad laboral, algunas de las causas más relevantes a la hora de iniciar acciones legales. La iniciativa oficial tapona la posibilidad de iniciar juicios por accidentes. Ataca la consecuencia de las mezquindades del sistema reponiendo una instancia obligatoria creada por la reforma de mediados de los noventa que, tras ser declarada inconstitucional en distintos fallos desde 2004, pasó a ser una instancia voluntaria.
  • ¿Qué son las comisiones médicas y cómo funcionarán?: Cuando un trabajador se enferma o accidenta, deberá dirigirse a la comisión médica jurisdiccional. Allí, un equipo de doctores cuyos ingresos dependen del financiamiento de las ART, determinará si se trata de una dolencia laboral, el grado de incapacidad y el monto de la reparación correspondiente en base a tablas y listados limitados. A partir de ese momento, si el trabajador no está conforme con esa determinación puede iniciar un reclamo judicial. Los tribunales indicados serán los disponibles en la jurisdicción donde vive o donde presta servicios, imposibilitando así que las demandas sean radicadas en la justicia laboral de la Ciudad de Buenos Aires, donde están domiciliados gran parte de los empleadores o las aseguradoras. El bloqueo a los tribunales porteños era una pretensión de las ART ya que, en ese ámbito, las reparaciones determinadas por los jueces son más elevadas que en el resto de las jurisdicciones. 
  • ¿Cómo afecta a los trabajadores que sufran accidentes o enfermedades?: Asociaciones, estudios especializados y colectivos de abogados laboralistas consideran que la reposición de las comisiones médicas obligatorias lesiona el derecho a acceder a la justicia que, a pesar de las restricciones existentes en la legislación vigente hasta el viernes pasado, permitía acceder a un juez laboral especializado, con la debida defensa letrada, la intervención de peritos de oficio y amplitud de prueba. Al énfasis en la violación de ese derecho fundamental remitiéndose a la copiosa jurisprudencia disponible que presentan abogados laboralistas como Horacio Schick, Antonio Barrera Nicholson, Gustavo Ciampa o Matías Cremonte, se suma el hecho de que existen sólo 35 comisiones médicas en el país y en 16 provincias solo funciona una oficina, obligando a que trabajadores enfermos o accidentados se trasladen cientos de kilómetros para ser evaluados. 
  • ¿Mejoran las reparaciones previstas por el sistema?: Entre otras irregularidades y restricciones de las decisiones tomadas por las comisiones médicas, la miserabilidad de las reparaciones es una de las razones que reabrió la vía judicial. Cada caso es diferente, pero los abogados consultados por este diario aseguran que en 9 de cada 10 juicios los montos validados por la justicia son superiores a los que valida el sistema. Entre los cambios que habilitará el DNU 54/2017, el Poder Ejecutivo aseguró que mejorará el monto de las indemnizaciones previstas por la ley. La nueva normativa establece que el ingreso base utilizado para calcular las reparaciones se actualice por el índice RIPTE. Esa prerrogativa, que hoy ya es utilizada con otro mecanismo por los abogados defensores, pretende evitar la pérdida de poder adquisitivo del monto validado en el trámite. A pedido de las ART, no estaba contemplada en el proyecto inicial que envió el gobierno al Congreso en diciembre, y fue (re)incorporada antes de recibir la media sanción. 
  • ¿Puede reducir la litigiosidad?: Los juicios existentes están asociados fundamentalmente a la incapacidad del sistema vigente desde 1996 para minimizar los riesgos que imponen las tareas laborales sobre la salud de los trabajadores. A la falta de prevención, las acciones legales responden a las distintas violaciones de derechos y garantías constitucionales de aquella legislación, como la imposición de comisiones médicas obligatorias. Mientras los cuestionamientos a la inconstitucionalidad del nuevo bloqueo a la vía judicial no prosperen, la medida redundará en una mejora en la rentabilidad de las empresas y aseguradoras. La controversia excede al contenido del DNU, ya que también apunta a sus formas. El texto del decreto es prácticamente idéntico al proyecto de ley del gobierno que cuenta con media sanción del Senado y aguarda a ser debatido en Diputados. Amparándose en un supuesto consenso político, el gobierno se adelantó al trámite legislativo para anticiparse al final de la feria judicial. En 2010, una sentencia de la Corte Suprema sostuvo que los DNU no pueden utilizarse para sortear la prolongación del trámite legislativo. Con la firma de todos los ministros, el fallo afirma que “la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”. 



4 ene. 2017

Volver a la Banelco

Pagina12 | El país
El ministro de Trabajo de la actual alianza, la Alianza Cambiemos, propone cambiar futuro por pasado y volver a las fórmulas de la tristemente célebre Ley Banelco, alias Ley 25.250, promovida por la otra alianza y derogada en marzo de 2004 por la primera ley laboral del presidente Néstor Kirchner.
Propone hacerlo de un modo trillado; flexibilizar las condiciones de trabajo y darle cancha libre al sector empresarial para que embista derechos, rompiendo los diques de contención de la conducta patronal. La flexibilidad laboral es la libertad en el peor de sus sentidos posibles, el de la libertad para que el fuerte devore al débil.
Cuando se propone que los agravamientos indemnizatorios por la falta o la deficiente registración del contrato de trabajo (en negro o en gris) vayan para las arcas de la Anses y no para el trabajador, lo que se conseguirá es recaudar más pero desalentar la denuncia e identificación del contrato clandestino. No sorprende que los porcentajes de clandestinidad laboral que conseguimos disminuir hayan aumentado. Pero además, siempre se trata de sacrificios de derechos de trabajadores en el altar de la lucha contra la tan mentada litigiosidad. Permítanme señalar que esta penosa técnica tampoco lo impedirá pues la clandestinidad laboral genera daños que el trabajador podrá reclamar con fundamento en el principio non alterum laedere, según el cual nadie puede causar injusto daño a otro ni nadie está obligado a soportar injusto daño por parte de un tercero. Ese reclamo no tarifado generará, sin dudas, mayor incertidumbre, es decir, inseguridad jurídica.
El flamante ministro de Hacienda, al tomar conocimiento de que alumnos de escuelas rurales aumentaban su rendimiento tras recibir netbooks del Estado, sostuvo con crueldad inhumana que ello era así pues “gracias al porno superan frío y olvidan hambre”. Similar insensibilidad social se advierte en quien sostiene que los trabajadores evitan su formalización para reservarse una carta legal (se oponen a su blanqueo para luego litigar).
Pero, además, vuelven a cabalgar con las también tristemente célebres “modalidades promovidas”, que en el barrio conocíamos como contratos basura. Tal es el caso de las “pasantías laborales”, un eufemismo cacofónico y lleno de oxímoron o un cheque en blanco para que los empleadores puedan contratar trabajadores sin derecho durante un año, vencido el cual lo rotarán por otro trabajador sin derechos por otro año…
Cambiamos, volvimos a la Banelco.
* Diputado de la Nación; presidente del bloque del Frente para la Victoria - PJ

2 ene. 2017

Marcas de la incertidumbre laboral y los despidos

Pagina12 | Crisis económica

UNA INVESTIGACIÓN DE CONICET, FLACSO Y UNIVERSIDADES REVELA SECUELAS EN LA SALUD FÍSICA Y MENTAL
Marcas de la incertidumbre laboral y los despidos
Los investigadores detectaron que en el último año hubo un deterioro del 20,5 por ciento en los indicadores de salud física y se triplicaron los problemas de salud mental entre los trabajadores. Aumentaron en forma exponencial los cuadros depresivos por efecto de los despidos.

Los despidos alcanzaron a 192.917 personas entre diciembre de 2015 y noviembre pasado. Las suspensiones sumaron 39.369 casos en el mismo período. Las cifras surgen de una investigación del Conicet, Flacso y universidades públicas a la que accedió este diario, en la cual se revisa el impacto en la salud de la población provocado por los despidos y la incertidumbre laboral de 2016. “Las recetas ortodoxas implementadas en Argentina en los últimos meses generaron el mayor y más intenso deterioro de las condiciones de trabajo desde la crisis de la convertibilidad, y el primer evento de esta naturaleza que se verifica en nuestro país en ausencia de grandes crisis o golpes de Estado”, afirma el documento. Los investigadores encontraron entre los principales resultados que hubo un deterioro del 20,5 por ciento en los indicadores de salud física y se triplicaron problemas de salud mental entre los trabajadores. Aumentaron en forma exponencial los cuadros depresivos por efecto de los despidos. Las mujeres de mediana edad fueron el grupo que registró los mayores niveles de vulnerabilidad a raíz de las tensiones laborales.
La investigación realizó un relevamiento exhaustivo de los recortes de personal en el sector privado y público a partir de diciembre de 2015. La metodología aclara que se computaron los despidos y suspensiones a través de denuncias efectuadas por los sindicatos y colectivos de trabajadores, información publicada en medios de comunicación nacionales, provinciales, regionales y municipales, y consultas a referentes gremiales de cada rama de actividad. En detalle se registró que entre diciembre de 2015 y noviembre de este año hubo 122.802 trabajadores desafectados en el sector privado y 70.115 en el público. La industria manufacturara registró 83.905 trabajadores expulsados del mercado laboral, mientras que en la construcción la cifra ascendió a 60.626 individuos y en el sector de servicios a 14.581 personas.
“Este proceso de desgaste del mercado laboral está teniendo fuertes consecuencias en la salud mental y físicas de las personas despedidas, problemática que tiende a agravarse con la duración del desempleo”, remarca el documento, que lleva la firma de Cecilia Ros  y Miriam Wlosko, de la Universidad de La Plata, de Demian Panigo, del Citra-Conicet, de Hernán Letcher, de la Universidad de Avellaneda, de Julia Strada, de Flacso y de Patricia Rivero, del Ceil-Conicet. También figura unos de los mayores referentes en estudios sobre el trabajo en Latinoamérica, Julio César Neffa, que actualmente forma parte del Consejo Académico de la carrera de Economía de UMET.
La investigación encontró que los indicadores de salud física empeoraron un 20,5 por ciento por efecto de la ola de despidos. Se precisó que los quintiles de ingresos 3, 4 y 5, donde se ubican trabajadores de clase media, anotaron los mayores niveles de desgaste, al superar incluso los impactos negativos observados entre segmentos de menores recursos (quintiles 1 y 2). En el detalle por sexo, se estimó que el indicador de salud física cayó 21,2 por ciento entre las mujeres y 19,4 por ciento entre los hombres. En relación con el grupo etario, los efectos más fuertes se observaron entre individuos de 30 a 45 años (21,1 por ciento) y de más de 46 años (24,4 por ciento). En cuanto a la cantidad de hijos a cargo del trabajador, aquellos que sostienen 4 hijos registraron mayores impactos, con empeoramiento del índice de salud física del 45,5 por ciento.
El deterioro de la percepción de la salud mental de la población se midió a partir de encuestas que siguieron criterios avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMC). Con ello se armó un índice general, que mostró un aumento de la percepción negativa de la salud mental en un 181,1 por ciento por efecto de los despidos, y 20 items en los que se desagrega este indicador general de salud mental. El ítem vinculado con la pregunta ¿tiene falta de apetito? Mostró un aumento de 225,5 por ciento, al tiempo que los asociados con sentimientos de infelicidad lo hicieron en 301,7 por ciento y los de dificultad para disfrutar de las actividades diarias 278,7. Otros indicadores relacionados con las consultas ¿ha estado llorando más de lo normal? Mostraron subas de 380,1 por ciento; ¿se siente incapaz de tener un papel útil en la vida? (468,2 por ciento); ¿le ha pasado por la mente terminar con su vida? (261,9 por ciento), y ¿duerme mal? (171,1 por ciento). 
“Al analizar de manera desagregada los indicadores de salud mental se visualiza con claridad que los despedidos se sienten particularmente infelices y sin capacidad de disfrutar de las actividades diarias. Han perdido interés en las cosas e incluso han pensado en terminar con su vida”, indica el documento. Agrega que “todos estos ítems están estrechamente vinculados a vivencia depresiva esperable luego de despidos compulsivos, violentos y humillantes. No obstante ello, resulta de particular importancia epidemiológica el hecho de que, en la muestra examinada y luego de los despidos, casi 1 de cada 6 encuestados reportan tener fantasías suicidas”. Ante preguntas como ¿le tiemblan las manos? se anotaron subas del 104,3 por ciento; ¿se asusta fácilmente? (151,1 por ciento); ¿tiene dolores de cabeza frecuente? (128,4 por ciento); ¿le cuesta pensar claramente? (325,0); ¿ha perdido interés en las cosas? (236,1) y ¿tiene sensaciones desagradables en su estómago? (166,2 por ciento).
Los indicadores de salud mental, al igual que ocurrió para la medición de salud física, empeoraron más entre las mujeres (189,0 por ciento) que en los hombres (169,0 por ciento), en los grupos etarios de más de 46 años (263,0 por ciento) y entre los trabajadores con 4 hijos a cargo (463,0 por ciento). También se observó que entre asalariados de clase media, del quintil 4 de ingresos, estuvieron los individuos con mayores problemas, al registrarse aumentos de las percepciones negativas de un 274,4 por ciento.
Los investigadores alertaron por la continuidad de la tensión en el mercado laboral y pidieron una respuesta de las políticas públicas para evitar que sigan empeorando las condiciones de vida de los sectores de ingresos fijos de la población. “A partir de la evidencia de la literatura científica y la severidad de los resultados encontrados en esta investigación, es preciso y responsable anticipar que de no mediar iniciativas de empleo, sociales y de salud que combatan y contengan el impacto económico, social y sanitario de esta situación, sobrevendrá un notable incremento tanto de la morbilidad como de la mortalidad por causas violentas y evitables, de exclusiva responsabilidad de la política pública”, plantearon.
El Estado, según el documento, debe intervenir en la economía para promocionar en forma activa el pleno empleo de la población. No hacerlo esconde intereses redistributivos de grupos conservadores de la sociedad. “Es sabido que los despidos masivos forman parte de la agenda en toda reforma neoliberal, de todo régimen político que busca una redistribución regresiva del ingreso”, menciona el informe. Considera que en los últimos meses, los despidos formaron parte de una estrategia de shock, cuyo objetivo es reducir el costo laboral de la mano de obra local y disciplinar a la clase trabajadora, la que posee la tasa de sindicalización más alta del continente. “Se trata de una operación que, para tener éxito, necesita fragilizar individuos y colectivos, poniendo en duda su valor e identidad, desmovilizando mediante el miedo y la deslegitimación”, concluyeron los investigadores.


Desde 2011, la Justicia laboral de Rosario se encuentra absolutamente "colapsada"


Pagina12 | Rosario12

ESTE AÑO EL FUERO LABORAL BUSCARÁ UNA REFORMA EN EL MODO DE TRABAJO
Miles de causas acumuladas
La solución es crear más juzgados laborales pero eso llevará un tiempo, así que buscarán las manera de destrabar las casi 22 mil causas acumuladas que lleva el fuero. "Hay que llamar a todos los operadores y buscar un nuevo sistema que traiga una solución integral".

La Justicia Laboral de Rosario terminó 2016 con más de 22 mil nuevos expedientes; mientras que las sentencias anuales, por juzgado, no pasan de 400. El cuello de botella lleva a la necesidad de duplicar los juzgados existentes. Sin embargo, los operadores saben que eso no es posible en el corto plazo. Por eso, en este 2017, el fuero buscará encarar una reforma de fondo en el modo de trabajo. "Los jueces no dan abasto. Necesitaríamos el doble de juzgados, pero eso no va a pasar; por eso apuntamos a una modificación integral, que debe ser discutida con todos los operadores", propuso Eduardo Pastorino, presidente de la Cámara Laboral de Rosario. Para mediados de año pretenden tener una idea de la modificación que pretenden en el sistema. 
Desde 2011, la Justicia laboral de Rosario se encuentra "colapsada". Aquel año, con nueve juzgados, ingresó un 40 por ciento más de causas laborales que en 2010. Por esos días, las audiencias se daban recién para 2013. Sólo en 2012, cada juez tuvo unas 3 mil nuevas causas. Desde entonces, la cantidad de expedientes iniciados se mantuvo y los reclamos de abogados y funcionarios lograron que se creara el Juzgado Laboral Nº 10. Sin embargo, el cuello de botella no tardó en volver.
A fines de noviembre pasado, una nueva manifestación convocó a los actores del fuero, cuando jueces, afiliados sindicales y abogados salieron a la calle a reclamar mejores condiciones. En diálogo con Rosario/12, Pastorino consideró: "Fue un hecho importante para que el público, los judiciables, sepan cuál es la realidad del fuero laboral; porque no varió de años anteriores: en 2015 ingresaron 21.485 expedientes, de los cuales más de 11 mil correspondían a causas por enfermedades o accidentes laborales. Y en 2016, terminamos con más de 22 mil causas, de las cuales unas 12 mil son por accidentes y enfermedades. La constante se mantuvo con el año anterior. Pero es una cifra que hay que dividir en 10 juzgados e impide un servicio con respuesta adecuada", lamentó.
El ministro de Justicia provincial, Ricardo Silberstein, anunció que enviaría a la Legislatura la creación de tres nuevos juzgados. "Evidentemente, lo recibimos con beneplácito, pero es un paliativo. Creo que se necesita una modificación en el sistema: hay que llamar a todos los operadores y buscar un nuevo sistema que traiga una solución integral. Es que por más que haya tres juzgados nuevos, en un año y medio vamos a volver a estar en esta situación. Pasó lo mismo cuando se agregó Laboral Nº 10, que hoy está en la misma situación que todos los demás", graficó Pastorino.
"La cuestión pasa ahora por buscar consenso para un nuevo sistema y hay muchas ideas y ejemplos de otras provincias y del exterior. Fundamentalmente, necesitamos que el juez pueda estar en las audiencias, porque hoy es materialmente imposible: un juez de primera instancia está dando ocho audiencias, más testimoniales, urgencias y dictado de sentencias. Hoy no dan abasto. El juez tiene que tener una participación permanente en las audiencias, y los turnos muchas veces se tienen que dar a meses o a un año, por la cantidad de expedientes acumulados. Son unas 2.200 causas por año en cada juzgado. Cada uno está manejando unos 10 mil expedientes, en total, por el acumulado de años anteriores. Evidentemente, el sistema está agotado; hay que modificarlo", insistió en su análisis.
Entre las ideas tomadas de otras experiencias de reforma en el fuero laboral, el magistrado mencionó como ejemplo a Córdoba: "Poner jueces de una conciliación previa, cuando se presenta la demanda". Y como otra posibilidad habló de una "división funcional", que consiste en "tener un juez de trámite y otro de sentencia". El primero tomará la audiencia y quedará liberado de dictar sentencia. "Lo primero que hay que hacer es encontrar consenso de todos los actores, para generar este nuevo sistema". En ese sentido, la semana previa a la feria judicial que comienza hoy "el Colegio de Magistrados llamó a una primera reunión con los jueces de primera instancia y de la Cámara, para generar espacios. El año que viene tendremos que sumar al Colegio de Abogados, al Ministerio de Justicia, la Corte y demás actores", planeó.
Para Pastorino, además de ver qué sistema nuevo aplicar, también hay que analizar los recursos con los que se contará para ponerlo en práctica. "Creo que no es necesaria una erogación muy grande, hay que ver un sistema que no sea tan costoso", se entusiasmó.
Al mismo tiempo, mencionó que la última semana de diciembre comenzó a funcionar la oficina de Reconocimiento Médico, a través de un convenio de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo con la Corte Suprema provincial. "Es una ayuda para los jueces; pero de ninguna manera es vinculante, ni puede impedir que las partes, al no llegar a conciliación, puedan solicitar una pericia". En la primera tanda, se enviaron 20 expedientes y "puede ser de gran ayuda, sobre todo en los temas de accidentes". Incluso, las partes pueden poner un perito de control. Se trata de un equipo médico que viene desde Buenos Aires para ese trabajo específico.
El resto de las causas acumuladas son por despidos (aunque el número no varió del año pasado), conciliaciones espontáneas y otras cuestiones. Pastorino dijo que la crisis económica aún no generó una variable importante. "Si me atengo a las cifras del año pasado, el aumento puede estar en el 2 o 3 por ciento. Quizás más adelante suceda, porque en el último tiempo las empresas optaron por suspensiones y otras medidas. Los conflictos todavía deben estar en el Ministerio de Trabajo. Hay que ver qué pasará con las variables económicas del próximo semestre. Pero no puedo hablar de una proyección", señaló ante la consulta de este diario.
Al mismo tiempo, el magistrado habló de otro paliativo: "Al digitalizar los expedientes se genera un trabajo extra que a lo mejor hoy no rinde sus frutos, pero en los próximos pasos, las notificaciones llegarán por mail y no habrá más cédula. Los tiempos se van a agilizar", aseguró.