Asesoramiento Jurídico

Problemas de Trabajo - Trabajador/a informate acerca de tus derechos

Consultas sin cargo a trabajadores/as

Sebastián Serrano Alou

Abogado Laboralista de la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina - Magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, Universidad Nacional de Tres de Febrero

serranoalou@yahoo.com.ar

cel 0341-156369836

Cual es su sueldo y categoría según convenio
Como reclamar que lo registren correctamente
Como reclamar por los aportes a su jubilación
Como pedir una obra social para ud. y su familia
Como poner fin o evitar malos tratos
Que hacer ante un accidente de trabajo
Como manejarse cuando padece enfermedades
Que derechos le corresponden ante un despido

No deje que lo discriminen y lo excluyan
No permita que le paguen de menos
No se deje maltratar
Reclame sus derechos humanos

IMPORTANTE - COMENTARIOS

Los comentarios a las entradas del blog serán publicados luego de ser leídos y moderados, en el transcurso de algunas/os horas/días desde que fueran realizados.
Aquellos comentarios que no tengan relación con el contenido del blog, o contengan expresiones fuera de lugar, o publicidades y/o links de otras paginas, no serán publicados.

30 jun. 2017

¿En que país dió resultado el ajuste laboral?

Por Juan Pablo Bohoslavsky

La flexibilización y ajuste laboral no reducen el desempleo, no incrementan la productividad, no promueven el crecimiento económico, aumentan la desigualdad de género y la precarización e informalización del empleo. ¿Por qué entonces más de 130 gobiernos, y también instituciones multilaterales de crédito, impulsan reformas que implican la erosión de derechos laborales sin beneficio alguno?

Más de 130 países (de los cuales 96 son países en desarrollo) se han embarcado en los últimos años o planean hacerlo en reformas de políticas y normas laborales pro austeridad con el fin de superar contextos económicos recesivos o prevenir crisis financieras.   Esas reformas usualmente consisten en la congelación o reducción de los salarios, la ampliación de la jornada laboral, la imposición de contratos precarios, la limitación de seguros por accidentes o enfermedades laborales, la facilitación de los despidos y la reducción de la plantilla de empleados públicos. También se incluyen las reformas que han afectado a los sistemas de negociación colectiva, por ejemplo, restringiendo el alcance de los acuerdos sectoriales y rebajando el nivel de la negociación al lugar de trabajo, o permitiendo la negociación con representantes ajenos a los sindicatos.  

¿Hay alguna evidencia empírica de que la situación de los trabajadores, de los desempleados, o de la economía en general mejore gracias al debilitamiento de los derechos laborales colectivos e individuales?   

Son muchos los casos en que tales reformas han contribuido a un aumento de la desigualdad y la precarización e informalización del empleo, fomentado la discriminación en el mercado de trabajo contra mujeres, jóvenes, mayores y otras personas pertenecientes a grupos sociales marginados, y ocasionado la reducción de la protección social de los trabajadores. Por ejemplo, durante la aplicación del programa de ajuste estructural en México, se observó que el salario medio de las mujeres disminuyó en mayor medida que el de los hombres. Y los despidos en el sector público y la privatización de empresas de propiedad estatal suele afectar al empleo de las mujeres en forma desproporcionada, tal como sucedió en India y en muchos otros países.   

La idea de que, en términos generales, los derechos laborales se ejercen en detrimento del desarrollo económico ha sido cuestionada por expertos en los planos teórico y empírico, y se ha demostrado de forma más concreta que las reformas laborales promovidas por las políticas de austeridad habitualmente no contribuyen a la recuperación económica. Esas reformas no mejoran los resultados económicos; por el contrario, causan grandes perjuicios a los trabajadores, que seguirán sintiendo sus efectos durante muchos años. En Grecia y Portugal, la aplicación de las reformas de la legislación laboral coincidió con un drástico aumento del desempleo y un incremento considerable del número de contratos laborales precarios. En Costa de Marfil, se ha observado que las reducciones a los salarios de los profesores, según lo recomendado por el FMI y el Banco Mundial, han afectado negativamente a la calidad de la educación, debido a la consiguiente fuga de cerebros al extranjero.   

La desregulación del mercado de trabajo no favorece el crecimiento y el empleo. Por el contrario, en un número cada vez mayor de estudios se viene señalando que las normas del trabajo tienen efectos económicos positivos, entre otras cosas, en la productividad y la innovación. Los especialistas han puesto de manifiesto una serie de funciones de la legislación laboral que favorecen la eficiencia de la economía en vez de perjudicarla. Entre otras cosas, la legislación laboral favorece la coordinación económica, tanto en la empresa como en el mercado.   

Otros estudios han determinado que las normas del trabajo tienen efectos positivos en la productividad y el empleo. Existe una correlación positiva a largo plazo entre la legislación laboral, incluida la reglamentación que protege a los trabajadores contra los despidos, y la productividad. Además, los datos apuntan a que una jornada de trabajo más corta lleva aparejada una productividad horaria más alta.   

Por otra parte, las leyes relativas al salario mínimo o a la protección contra el despido suelen incentivar a los empleadores a utilizar su mano de obra de forma eficiente, invertir en tecnología y esforzarse por mejorar su organización. Las normas del trabajo contribuyen además a la estabilización de la demanda en épocas de recesión. Se reconoce con frecuencia que la legislación laboral contribuye a corregir los fallos del mercado y asumir una función contracíclica.   

Los efectos económicos de una normativa laboral robusta tienen un efecto positivo en la distribución de los ingresos.   

Por ejemplo, en un análisis de los datos de 20 países de la OCDE, no se encontró ninguna relación entre el debilitamiento de las instituciones del mercado de trabajo y una disminución del desempleo, mientras que se determinó que había correlación entre la negociación colectiva coordinada y un desempleo más bajo. A tal punto que el Comité Europeo de Derechos Sociales llegó en 2014 a la conclusión de que el hecho de que el gobierno de España permitiera que los empleadores dejaran de aplicar, unilateralmente, las condiciones estipuladas en los convenios colectivos, contravenía el artículo 6, párrafo 2, de la Carta Social Europea.   

Se ha llegado a conclusiones similares con respecto a las repercusiones de ciertas normas laborales en la innovación. Según un análisis de cuatro países de la OCDE entre 1970 y 2002, un elevado grado de protección contra el despido arbitrario fomentaba la innovación entre los empleados.   

En lo que respecta a los países en desarrollo, los elementos que apuntan a una incidencia negativa de la protección laboral en los resultados económicos de un país parecen poco contundentes. Los informes sobre Argentina, por ejemplo, indican que la desregulación del mercado de trabajo parece haber reducido las elasticidades del empleo en vez de aumentarlas. Un estudio sobre los BRICS —Brasil, Federación de Rusia, India, China y Sudáfrica— indicó que las leyes sobre huelgas no tenían efectos notables en el desempleo, mientras que un alto grado de protección en las leyes de representación de los trabajadores guardaba una correlación parcial con el desempleo, a veces incluso negativa.   

En un plano macroeconómico, parece claro que la presión a favor de la flexibilización de los mercados de trabajo a fin de fomentar el crecimiento impulsado por las exportaciones, lleva a la reducción del consumo, las exportaciones netas y el empleo. La reducción de los ingresos de grandes sectores de la población resultante de las reformas de flexibilización de la legislación laboral causa una contracción de la demanda, lo cual termina agravando la crisis.  

Las crisis económicas y financieras no son el resultado de una regulación excesiva del trabajo, por lo que la desregulación laboral no ayuda a superarlas.   

De hecho, las reformas laborales adoptadas en los últimos años en el marco de políticas de austeridad no parecen haber ayudado a los países (ver por ejemplo los europeos) a recuperarse ni han permitido reinstaurar un acceso al empleo equivalente al previo a la crisis. En lugar de ello, han socavado los derechos laborales y otros derechos sociales consagrados en el derecho internacional y doméstico. Lo que de hecho se necesita para fomentar el crecimiento inclusivo son medidas de reforma guiadas por el contenido normativo de los derechos laborales consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos que fomenten la igualdad de género, favorezcan el empleo y proporcionen mayores posibilidades de ejercer esos derechos a los grupos y las personas marginadas.   

Si el menoscabo de los derechos laborales no reporta beneficios justificables, ni siquiera para titulares de derechos que están fuera del mercado de trabajo, y si la reducción de los derechos laborales no permite un mayor disfrute de los derechos económicos y sociales de toda/os ni tracciona una recuperación o crecimiento económico, esas medidas regresivas no pueden considerarse respuestas admisibles frente a las crisis económicas y financieras.   

Esto pone además de relieve la posible importancia de otros factores que están detrás de las reformas de desregulación y socavan la normativa laboral, como el sesgo ideológico y las intenciones no declaradas de adoptar medidas regresivas en materia de distribución.   

Este ensayo sintetiza el informe que el autor, como Experto Independiente sobre Deuda Externa y Derechos Humanos de la ONU, presentó en marzo de este año al Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra.

Fuente: http://www.revistaanfibia.com/ensayo/en-que-pais-dio-resultado-el-ajuste-laboral/



.

28 jun. 2017

La grieta y el derecho del Trabajo

La grieta y el derecho del Trabajo

El discurso mediático dominante presenta la grieta como una concepción que divide la sociedad alterando su equilibrio bucólico. No es casual la homología entre este discurso y el de la dictadura militar en la exposición de motivos del régimen de trabajo agrario de 1980 que impedía las paritarias agrarias, establecía jornadas de sol a sol, suprimía el preaviso y cualquier posibilidad de acción concertada de los trabajadores en nombre de la tradicional armonía del campo.
Se escatima en esta concepción el carácter objetivo de la grieta en el cual, lo que se presenta como armónico y natural, marca desde el inicio el síntoma de la catástrofe (como el ruido de las máquinas que acompaña la novela Germinal de Zola hasta que, al derrumbarse sobre los mineros, dejan al descubierto el antagonismo irreductible de una forma de sociedad que se pensaba eterna). No es lo que se piense sobre la sociedad lo que origina la grieta. La grieta surge objetivamente de cada formación social.
La ideología de los dominantes niega la objetividad de la grieta y la atribuye a los agitadores que toman el nombre de mafia (sindical, de los abogados y hasta de los jueces del trabajo). De este modo el discurso hegemónico presenta como enfermedades simuladas las condenas de hipoacusia por trauma acústico (ignorando que la acción de las máquinas deja una mueca característica a los 4000 Hz en las audiometrías) y ofrece un relato melodramático de un reclamo de indemnización millonaria por accidente de un trabajador ingresado 45 días antes. Ahora bien, si el trabajador quedó cuadripléjico o muere por incumplimiento de la ley de seguridad industrial, la fecha de ingreso resulta irrelevante.  De este modo se presenta como víctima al causante del daño. Y la advocación a la seguridad jurídica parece olvidar que nada hay más propio que el cuerpo de uno mismo.
El poder económico concentrado sigue pensando --como en el siglo XVII-- que el hogar de un inglés es su castillo y que, como decía Locke, el cabeza de familia es un monarca absoluto aunque con su poder limitado al ámbito de su propiedad. En ese ámbito de lo doméstico están la relación entre el señor y su mujer, entre padres e hijos y, fundamentalmente, entre el patrón y sus empleados.
Pero en el mundo sucedió una conmoción muy grande que tomó el nombre de Revolución Francesa que, entre otras cosas, señaló que el dominio sobre las cosas no importa poder sobre las personas, que el poder de la ley --expresión de la soberanía del Pueblo-– afecta por igual a todos los ciudadanos. En ese nuevo marco de legalidad se hace posible el cuestionamiento del carácter absoluto de “lo doméstico” y salen a luz los nuevos antagonismos. En particular, la grieta que divide a los que ponen en el contrato su fuerza de trabajo y quienes --porque tienen medios y objeto de producción– se apropian de su producto.
Hasta se puede decir que el devenir histórico desde entonces es el de la disolución paulatina de estos poderes domésticos absolutos: los derechos de los niños, la lucha por la igualdad de género y la opción sexual y, en lo que a nosotros nos atañe, la relación entre los patrones y empleados.
Ese intento de sutura, en este ámbito, asume el nombre de Derecho del Trabajo que implica no sólo remuneración justa, jornada limitada, descanso pago, protección contra el despido arbitrario sino también y fundamentalmente, libertades sindicales en sus aspectos individuales y colectivos que son manifestación del antagonismo, son siempre un contrapoder que exige la democratización de las decisiones en la empresa.
Hacer derecho de trabajo es afirmar que la propiedad sobre las cosas no es dominio sobre las personas, que el contrato de trabajo no es un punto de partida sino punto de llegada como consecuencia de la distribución desigual de las potestades sociales, que el trabajo en una sociedad democrática y republicana es siempre el trabajo digno y que el trabajador, al ingresar a la empresa, no deja en la puerta su condición de ciudadano. Por esta razón el Derecho del Trabajo tiene por objeto levantar las persianas de la fábrica para que penetre allí la Constitución.
Los cultores del absolutismo doméstico sólo pueden ver la existencia misma del derecho del trabajo como una excrecencia en el discurrir ilimitado de las relaciones de mercado. Para ellos el nombre de las relaciones del trabajo transcurre bajo el signo de lo precario, etimológicamente lo que se obtiene con ruegos. Exactamente lo contrario del derecho del ciudadano.
No olvidemos que para Milton y Rose Friedman, los divulgadores del neoliberalismo, sólo hay algo peor que una burocracia ineficaz y corrupta: una burocracia honesta y eficaz. Esto explica los embates contra el derecho del trabajo y sus instituciones.
Pero deben recordar, como en Germinal, que el chirrido de las máquinas que acompaña el relato no es la producción subjetiva de los agitadores, es el grito objetivo del antagonismo que, para evitar la catástrofe, requiere de sutura.
Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.


.

Justicia a destiempo no es justicia

El colapso del fuero laboral en Tribunales y sus consecuencias en el mercado laboral
Justicia a destiempo no es justicia
Con demoras de más de un año para empezar un juicio, la Asociación de Abogados Laboralistas apunta al déficit judicial en la materia: sólo diez jueces para todo el aglomerado rosarino. "Si hubiera más juzgados, habría menos despidos", aseguran.
Cada uno de los diez juzgados está atiborrado de expedientes. El sistema demanda un cambio.
Cada uno de los diez juzgados está atiborrado de expedientes. El sistema demanda un cambio. 
Imagen: Andres Macera


La Justicia Laboral de Rosario tiene demoras de más de 16 meses para fijar audiencias. Así lo manifestaron desde la Asociación de Abogados Laboralistas, que ve con preocupación la situación del fuero. Los letrados aseguran que la solución está en sumar juzgados. "En Rosario y Gran Rosario tenemos un polo obrero grandísimo y solo diez juzgados laborales, con poco personal", advirtieron. Ello, significa "uno por cada 123 mil habitantes; cuando en Córdoba, esa tasa es de uno cada 40 mil", ejemplificaron. Los abogados aseguran que "falta decisión política", y no ven la solución en el proyecto de reforma que anunció el gobierno provincial. En ese sentido, preguntan: "¿La justicia para pobres, de qué sirve? ¿Para resolver conflictos o para fatigar al trabajador que termina diciéndonos que quiere arreglar?". Lamentan que "cada vez se pierden más puestos de trabajo"; y aseguran que hace unos años, los trabajadores demandaban para tener mejoras, pero que ahora "hay miedo a perder el trabajo". Para los abogados, la ecuación es clara: "Sobre el hambre no se negocia".
Todavía enojados con los dichos del presidente Mauricio Macri acerca de las "mafias" de la Justicia Laboral, los profesionales relataron a Rosario/12 la vorágine que significa para un trabajador encarar una demanda. Solo en 2016 ingresaron 22 mil causas al fuero. La situación es reconocida por jueces y camaristas, que no dan abasto.
El abogado Sebastián Serrano Alou aseguró que "hace muchos años la Justicia laboral está colapsada. Se ponen parches, pero al tiempo se hace el cuello de botella. Al hablar con los nuevos audiencistas ‑‑que eran secretarios de otros juzgados y fueron trasladados por disposición de la Corte‑‑, acerca de la falta de juzgados, surge también la falta de personal y de material de trabajo: desde hojas hasta computadoras y escritorios. Entran mayor cantidad de reclamos de los que cualquier juez pueda atender". Según planteó, "todo se demora desde el inicio: se sortea el juzgado y a los dos, tres o diez días debería estar todo listo para que sea notificada la otra parte; pero este año demoró hasta 40 días esa cuestión". Incluso, plantearon que "los trabajadores no le ven en su vida la cara al juez. La primera audiencia demora entre 7 y 16 meses, dependiendo del juzgado; pero en promedio, hoy se están fijando audiencias para mayo o junio de 2018. Hay mucha gente que después de un año ya no quiere saber nada".
Sebastián Spiller consideró que "si hubiera más juzgados habría menos despidos, porque la empresa va a pensar dos veces antes de hacerlo si sabe que el trabajador tiene una vía. Pero como saben la situación, saben también que el trabajador se cansa. Esta situación es sostenida por las grandes corporaciones", consideró. Y habló de las etapas previas a la Justicia que también hacen a la demora, como sucede con los reclamos que llegan al Ministerio de Trabajo, donde las audiencias "también son a muy largo plazo, incluso con los casos que llegan con acuerdo. Es la vía que encuentran los trabajadores para intentar achicar los plazos; pero ahora hasta el reclamo administrativo está demorado", lamentó.
El presidente de la Asociación, Jorge Elizondo, hizo uno de los planteos más tristes de la realidad: "En la última década, con el aumento de la ocupación había otro tipo de conflictos, que no eran tanto los despidos, sino enfermedades o accidentes de trabajo, discriminación, diferencias salariales, deficiente registro de la relación laboral y déficit de encuadramiento del trabajador, entonces había muchos procesos en los que se demandaba casi de manera colectiva. Los trabajadores se animaban a hacer ese tipo de juicio. Hoy, hay miedo de perder el trabajo. Las características de los juicios de hoy, como ocurrió en los '90, es en el que se ventilan despidos. Cada vez hay más", aseguró.
Sobre posibles soluciones, reclaman "un plan a equis cantidad de años, para ir aumentando juzgados, que se pongan metas paulatinas, como se hizo en el sistema penal, que requiere más presupuesto. Incluso en la Legislatura se cayó un proyecto para la creación de cuatro juzgados que presentó (el ex gobernador Antonio Bonfatti) en su momento", aseguró Juan José Galera.
Elizondo fue claro: "Concluimos que no hay interés político en que esto se resuelva. No es un gran problema de logística ni de presupuesto. Es una estructura más chica que la necesaria en lo penal", dijo. Con los diez secretarios que se agregaron este año, consideran que solo se mejoró en la organización de las audiencias. Pero, lamentaron que "cada vez les van sumando más tareas y faltan recursos".
En ese contexto, recordaron que son ellos los que tienen que decirle a los trabajadores que la resolución de su conflicto puede demorar entre 3 y 4 años. "La imagen que tienen de la Justicia es la que damos nosotros, y parece que estamos reproduciendo día a día esta justicia", lamentó Elizondo. "Creemos que el proceso completo no tiene que durar más de seis meses. No es un imposible".
Para el letrado, el proyecto de reforma que llegará a la Legislatura en los próximos días "no resuelve el problema fundamental". Y agregó: "Creemos que el proceso debe ser demanda, audiencia de conciliación (no obligatoria); y no, demanda, contestación de demanda y después la audiencia. Lo primero que hay que hacer es llamar a esa audiencia y que ahí mismo se conteste la demanda, se decida sobre peritos y todo. Hay un montón de obstáculos y cuando hacen una reforma lo transforman más en un proceso civil, que no es". Spiller agregó: "Creemos que la única solución posible es que haya más juzgados".
Con ese planteo coincidió el abogado de la UOM, Pablo Cerra, quien participó de las reuniones previas al proyecto de ley que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia presentará en la Legislatura. Para el letrado, el debate no se cerró y ello generó malestar. En ese sentido, insistió con que la creación de juzgados no es de gran presupuesto y que "podría autofinanciarse si se controla el pago de sellados".
.

24 jun. 2017

Capital y trabajo en tiempos de Macri

Edición Nro 216 - Junio de 2017

EDITORIAL

Capital y trabajo en tiempos de Macri

Por José Natanson

unque probablemente Jeremy Rifkin se haya apurado en pronosticar su final (1), el mundo del trabajo experimenta cambios acelerados. Consecuencia de la robotización de los procesos productivos, la liberalización del comercio y la deslocalización –el 70 por ciento de los celulares y el 60 por ciento de los zapatos que se consumen en el mundo se producen hoy en China– (2), el universo de los trabajadores de los países industrializados se ha ido heterogeneizando hasta configurar dos planetas distintos, que viven uno al lado del otro pero cada vez más desconectados entre sí.
De un lado, una elite profesional ultracalificada que se desempeña en los núcleos dinámicos de investigación y desarrollo, políticamente sensible a las propuestas liberal-progresistas, tolerante y cosmopolita, que valora la diversidad, ama conocer otras culturas y cuando viaja elige los vinos del lugar. Del otro, una masa de trabajadores excluidos por la disminución del empleo industrial, condenados a la tercerización y la precariedad de regímenes de trabajo de corto plazo, inestables y mal pagos, que ya no se organizan en función de ciertas destrezas u ocupaciones sino en torno a “bloques de tiempo”, que es lo que compra una compañía de limpieza, vigilancia o incluso atención al público cuando los contrata.
Los nuevos empleos creados por las industrias del conocimiento en áreas dinámicas como el software, la biotecnología o los segmentos avanzados del sector servicios no alcanzan a compensar el encogimiento del trabajo fabril puro y duro. El fenómeno excede al problema de la desocupación: en Estados Unidos, por ejemplo, el desempleo es de apenas el 4,7 por ciento, cerca del umbral de pleno empleo, pese a lo cual la desigualdad y la pobreza aumentan. En una mirada general, el desplazamiento de las industrias del centro a la periferia, a México, Europa del Este o Asia, produjo una “periferización” del Primer Mundo (3): alcanza con caminar las calles post-apocalípticas de los antiguos barrios industriales de Detroit o cruzar el Périphérique y penetrar los suburbios parisinos para chocarse con la monotonía de bloques gigantescos de monoblocs deprimentes cuya realidad se acerca más al Lugano del Pity Alvarez que a las deslumbrantes metrópolis post-modernas situadas a pocos kilómetros de distancia.
El quiebre, desde los 80, de lo que Robert Castel definió como “el compromiso social del capitalismo industrial” (4), agudizado unos años más tarde por la desaparición del socialismo como alternativa política, habilitó una hegemonía laboral desreguladora que fue consolidando este sector social desesperado, cuyo malestar ha comenzado a politizarse. De hecho, algunas de las novedades más impactantes de la política mundial, los últimos “momentos María Antonieta”, como el Brexit, el triunfo de Donald Trump o el ascenso de Marine Le Pen, se explican en parte por esta modificación subterránea del mundo del trabajo.
Y por la incapacidad de las elites para registrarla: cuando la candidata del establishment demócrata Hillary Clinton convocó a Jon Bon Jovi y Bruce Springsteen para un acto de campaña en Filadelfia estaba buscando exhibir la adhesión de dos artistas populares que en su momento supieron expresar como pocos el sentir de la clase obrera norteamericana: Bon Jovi, el hijo de un peluquero de Nueva Jersey y una ex conejita Playboy, y Springsteen, “el cantante del pueblo”. El problema es que a esa altura ambos eran ya millonarios multipremiados y que las masas trabajadoras habían decidido su voto por Trump –y reorientado sus gustos musicales hacia Lady Gaga–.
Pero volvamos al punto. La metamorfosis profunda del mundo laboral es una tendencia mundial que, con todos sus matices y notas al pie, se replica en los países en desarrollo, entre ellos el nuestro. Las diferencias radican en que en Argentina, producto de su industrialización inconclusa, un sector de la sociedad nunca llegó a integrarse plenamente a los procesos de desarrollo, siempre se mantuvo excluido. Y también en el hecho de que, frente a la ausencia de un Estado de Bienestar al estilo europeo, el impacto social de la neoliberalización del trabajo comenzó a sentirse ya en los 90, por lo que su respuesta, el giro a la izquierda de comienzos de siglo, fue también anterior.
Como en Estados Unidos, el principal problema no es tampoco aquí el desempleo: el hecho de que según la última medición del Indec la desocupación (7,6 por ciento) sea casi cuatro veces menor que la pobreza (30,3) confirma que la cuestión no pasa tanto por el trabajo en sí como por el poder de compra del salario y los niveles de protección.
Por eso vale la pena poner en cuestión las perspectivas liberales que, de Macron a Macri, ensayan respuestas orientadas exclusivamente a la capacitación de los trabajadores, a partir de la idea de que el problema reside en un desacople entre la demanda de la economía, que exige trabajadores con más estudios o con otros estudios o más flexibles, y la calificación de la fuerza laboral. Aunque por supuesto es importante, en el contexto de una economía en permanente y acelerada mutación, apostar a la capacitación permanente para mejorar la competitividad, este enfoque ignora la mutación estructural del mundo del trabajo descripta más arriba. Y, quizás sin proponérselo, produce una transferencia de la carga por vía de una individuación de la responsabilidad, que en un mágico pase de manos se traslada de una economía incapaz de proveer empleo de calidad a toda la población a la situación personal de los trabajadores, que si no consiguen empleo es porque no estudian.
Pero además, y este aspecto es central, la reconfiguración laboral ha llevado a un desdibujamiento de la relación capital-trabajo, afectada por el hecho de que en el capitalismo de hoy el principal valor económico ya no reside tanto en la posesión de activos físicos como en el conocimiento, que es un capital pero no lo parece. La consecuencia es que este vínculo ha perdido la nitidez que adquirió desde la Revolución Industrial y que, borroneado en un mundo sin chimeneas, resulta cada vez más difícil de apreciar.
Sin embargo, vale la pena hacer el esfuerzo. Sucede que, más allá de las transformaciones recientes, la relación entre quienes controlan los medios de producción, sean éstos una planta siderúrgica, un campo de diez mil hectáreas o un algoritmo, y los que viven de vender su fuerza de trabajo en el mercado, sea ésta la posibilidad de limpiar una oficina, operar a un paciente o programar una computadora, sigue siendo fundamental a la hora de explicar el funcionamiento económico de las sociedades actuales.
Las estadísticas globales confirman que la relación se ha desbalanceado. Consecuencia de las transformaciones de las últimas tres décadas, el polo capital ha ido ganando cada vez más peso en comparación con el polo trabajo. Esta tendencia, que en Argentina comenzó a mediados de los 70 y se profundizó en los 90, fue parcialmente revertida durante los años del kirchnerismo, para retornar ahora, fortalecida por un gobierno que la estimula: la participación de los asalariados en el PBI, que había pasado de un piso del 24,5 por ciento en 2002 hasta tocar un 37,6 por ciento en 2013, cayó 3 puntos, al 34,3, durante el primer año de gestión macrista (5).
Esto es consecuencia de una serie de decisiones de política pública: la disminución del salario real, que cayó entre 5 y 10 por ciento el año pasado y que, a juzgar por las paritarias, parece difícil que se recupere; la reorientación del modelo económico hacia actividades como las finanzas, la minería y el agro, competitivas y superavitarias en divisas, pero más intensivas en capital que en trabajo y con serias limitaciones para crear empleo de calidad, en contraste con la retracción de ramas socialmente más inclusivas, como la industria, la construcción y el comercio. Y, por último, dos o tres guadañazos de política económica decididos al inicio del mandato, entre los que sobresale el combo, único en el mundo, de devaluación y baja de retenciones.
¿Qué motiva al macrismo a hacer estos cambios? Hay varias explicaciones, no necesariamente excluyentes. La primera es la voluntad oficial de mejorar la rentabilidad de las empresas como vía para impulsar la inversión privada y con ello echar a andar nuevamente la rueda de la economía. La segunda es la convicción de que la “destrucción creativa” propia del capitalismo permitirá compensar los puestos de trabajo desaparecidos en las ramas improductivas con nuevas oportunidades laborales en sectores más competitivos. La tercera es la intención de beneficiar a un sector social del cual forma parte.
Sea por ideología económica, convicción futurista o conveniencia de clase, lo cierto es que, en contraste con un kirchnerismo que reaccionaba activamente cuando detectaba una empresa que suspendía o despedía trabajadores, el macrismo apuesta al lassez faire. Como sostienen Marshall y Perelman en su estudio sobre la historia de las negociaciones colectivas en Argentina (6), los contextos de repliegue del Estado limitan las estrategias sindicales centralizadas que generan “negociaciones imitativas”, bajo las cuales los gremios tienden a actuar de manera coordinada y los salarios se homogeneizan (incluso, como sucedió a menudo en la Europa de la posguerra, para moderarlos). Además no se perfila un sindicato capaz de liderar políticamente al resto, como ocurrió con los ferroviarios en la etapa agroexportadora de principios del siglo XX, la UOM en el período de sustitución de importaciones y Camioneros desde los 90, lo que dificulta aun más las posibilidades gremiales de acordar una estrategia única. La posición de los principales sindicatos industriales frente al gobierno de Macri, que muchos juzgan excesivamente concesiva, se explica en parte por esta correlación de fuerzas.
El giro macro de la política económica derrama en la realidad micro de los trabajadores y sus familias. El reequilibrio de la relación-capital trabajo no es una abstracción; es un dato concreto que se refleja en la vida cotidiana. El aumento del desempleo, la persistencia de un amplio sector en negro y la debilidad sindical significan también trabajadores más temerosos y por lo tanto más proclives a aceptar una baja de salarios, el pase a la informalidad o vacaciones anticipadas. Este nuevo contexto regresivo, que no fue producto de un golpe de Estado sino de una elección perfectamente democrática, se sobreimprime sobre la crisis del mundo laboral analizada más arriba. Y profundiza, aquí como en el Norte desarrollado, la fractura entre una elite primermundizada y cosmopolita que “disfruta de su trabajo”, para la que el gobierno macrista ha elaborado un discurso motivacional con apelaciones de autosuperación, y un amplio contingente suburbanizado y hundido, que mira a Cristina.
1. Jeremy Rifkin, El fin del trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo: el nacimiento de una nueva era, Paidós, 2004.
2. “Made in China”, The Economist, 12-3-15.
3. Aníbal Pérez-Liñán, “¿Podrá la democracia sobrevivir al siglo XXI? ”, Nueva Sociedad, Nº 267, enero-febrero de 2017.
4. El ascenso de las incertidumbres. Trabajo, protecciones, estatuto del individuo, FCE, 2009.
5. Datos de CIFRA-CTA.
6. Adriana Marshall y Laura Perelman, “Cambios en los patrones de negociación colectiva en la Argentina y sus factores explicativos”, Estudios Sociológicos, Vol. 22, N° 65, 2004.

14 jun. 2017

¿Cómo es el sistema de juicios laborales que cuestionan Macri y la UIA?

¿Cómo es el sistema de juicios laborales que cuestionan Macri y la UIA?

¿Cómo es el sistema de juicios laborales que cuestionan Macri y la UIA?
junio 13
19:002017

Por Federico Dalponte*. La discusión que inició el gobierno a mediados de 2016 se focalizó sobre un tipo particular de reclamo judicial: el que sobreviene después de un accidente laboral. El oficialismo impulsó la reforma de la ley de riesgos de trabajo tal como anhelaba pero nunca se dio por satisfecho.
En aquel entonces el argumento era que los trabajadores se abusaban y ponían en jaque a las finanzas de las empresas. Todo un despropósito. Aunque caló hondo y fue ley: se limitó el acceso de los accidentados a los tribunales so pretexto de “generar más trabajo y bajar el nivel de litigiosidad”.
Pero ahora el presidente avanza un poco más. Asegura que ese “negocio” de reclamar en juicio también incluye a las normas del régimen general. Es decir, esa “mafia” encarnada por los abogados laboralistas no sólo lucra con los siniestros, sino también con los despidos sin causa, con el trabajo en negro, con los tratos discriminatorios.
Son varios los caminos para llegar a juicio, pero ninguno es placentero. El trabajador reclama cuando no tiene más opciones. Según estadísticas de la Cámara Nacional, nueve de cada diez reclamos laborales son iniciados por el trabajador cuando el vínculo ya está extinto.
Y por lo demás, tampoco es que el camino sea demasiado llano. La prescripción de los créditos laborales es de dos años, demasiado breve si se toman en cuenta incumplimientos patronales de larga data. Pero además, el sistema somete al trabajador a una instancia previa de conciliación en la que, tentado por la necesidad, tal vez opte por aceptar lo primero que ofrezca la empresa demandada.
Es decir: la vía judicial es utilizada por el obrero luego de haber soportado estoico el abuso empresarial. Llega a los tribunales aquel que puede, y no todos los que deberían.
Aquel que trabaja sin estar registrado, que cobra menos de lo que prevé el convenio o que es acreedor de horas extras impagas sabe que será despedido si reclama. Por eso es clave elegir el momento. Por eso la enorme mayoría de los trabajadores sólo reclaman cuando la relación se terminó, cuando ya no hay posibilidad de ser despedido como represalia por quejarse.
El sistema legal-judicial cuestionado por el gobierno se basa en algunos principios fundamentales. Pero ninguno de ellos toma como sujeto damnificado al empleador. Y ello es obvio por varias razones: en primer lugar porque la propia Constitución indica que las leyes laborales deben dictarse para proteger al trabajador, pero además porque el único que está en condiciones de causar un daño cierto a la contraparte es, precisamente, el empresario. El obrero, de forma individual, ni siquiera cuenta con la herramienta de la huelga, reservada por norma básica a los gremios.
La legislación laboral que hoy se cuestiona es, en suma, un compendio de condiciones que intentan limitar el abuso empresarial. Sin ley, o con leyes flexibles, hay abuso. Siempre. Y los reclamos en sede judicial se dan fundamentalmente por incumplimiento de las obligaciones a cargo del empleador.
Por ejemplo: si una mujer es despedida durante su licencia por maternidad, le corresponderá una indemnización agravada. Tanto como corresponderá una multa si parte de la relación laboral no está registrada. O como corresponderá una indemnización más gravosa en caso de despido discriminatorio.
A ninguna empresa le gusta pagar. Pero está claro que la respuesta del sistema judicial no es una antojadiza invención contra las empresas, sino la consecuencia del propio incumplimiento patronal. Si fuese por rigurosidad jurídica, valdría entonces agregar que desde 1957 los empresarios argentinos quebrantan la manda constitucional de repartir sus ganancias entre el personal. Pero de ello nadie se queja.
Lo que se cuestiona desde el empresariado, de hecho, no es tanto la pericia de los abogados laboralistas ni la interpretación de algunos magistrados, sino las normas que sostienen ese régimen protectorio: molesta que las normas y las pruebas deban entenderse en el sentido más favorable al trabajador, irrita que en caso de duda se aplique la norma más benigna para el operario, indigna que los obreros no puedan renunciar a sus derechos, que no se los pueda despedir sin causa, que no se puedan alterar condiciones esenciales del contrato, que esté multado el fraude laboral. Fastidia, en suma, el sentido de las propias leyes, que constituyen el fondo del debate.
@fdalponte
*Abogado laboralista (UBA)

12 jun. 2017

Carta abierta a los trabajadores

Las elecciones de octubre y lo que se juega en el mercado laboral
Carta abierta a los trabajadores
Las reformas laborales que quiere el Gobierno violan la Constitución, los tratados internacionales y los derechos vigentes. Por eso persiguen a los jueces que los hacen respetar. Avance sobre los derechos de los trabajadores.

“Si ganamos en octubre vamos a un ajuste durísimo”, expresó con sinceridad el ministro de Finanzas, Luis Caputo, en Nueva York frente a jefes de bancos y fondos de Wall Street. Por eso en octubre no solo se renuevan parcialmente las cámaras del Congreso. Se plebiscita el gobierno de Macri y se define la Argentina de los próximos dos años.
Si el gobierno hace una buena elección irá a fondo con su programa. Veamos qué implica en materia laboral. Para explicarlo recurrimos a: 1) qué hizo en un año y medio de gobierno, 2) declaraciones del presidente y sus funcionarios, 3) qué quieren los sectores a los que representa, y 4) qué hicieron otros gobiernos con igual ideología.
El gobierno no quiere paritarias libres; quiere que sean a favor de las empresas, bajar el costo laboral y maximizar la rentabilidad. En enero los bancarios acordaron un incremento mayor al techo pretendido por el gobierno y la banca extranjera. El acuerdo estaba legalmente vigente, pero el gobierno aliado a la banca internacional lo rechazó invocando una ley derogada hace 17 años. La Justicia ordenó a los bancos pagar el aumento y al Ministerio no interferir. Funcionarios gubernamentales se reunieron con banqueros –incurriendo en desobediencia judicial– para que éstos no paguen el aumento. La unidad y fuerza de los bancarios que anunciaron un paro de tres días venció la resistencia gubernamental/banquera. 
La ley obliga al Estado Nacional a convocar la paritaria nacional docente para acordar el salario mínimo para todo el país y fijar el fondo de ayuda a las provincias. El gobierno se negó a convocarla no obstante que una sentencia se lo ordenó. La negociación colectiva es un derecho garantizado a los gremios (artículo 14 bis Constitución Nacional).
El gobierno fijó ilegalmente un techo salarial para las paritarias, que no solo es inferior a la inflación proyectada, sino que no recupera la pérdida del poder adquisitivo del 2016. Eso es transferencia regresiva del ingreso; lo que no va a salario se lo quedan los empresarios: creció la venta de autos de alta gama y bajó el consumo de leche.
Como Cavallo en 1991 quiere limitar los aumentos al crecimiento de la productividad, que impide la distribución progresiva del ingreso, consolida su reparto inequitativo, y no depende de los trabajadores sino de las empresas. 
El gobierno no quiere paritarias por actividad. Las quiere por empresa; porque así lo exigen las corporaciones y se lo hicieron saber en su “tribuna de doctrina”, el diario La Nación, el 26 de julio del año pasado. El mismo modelo de negociación de los ‘90, sin incrementos salariales.
No quiere protección en el empleo ni indemnización por despido. Quiere que los trabajadores financien su despido, aportando a cuentas de capitalización y retirando “su ahorro” cuando son despedidos. Esto ya lo reveló el secretario de Empleo, Miguel Punte, en enero de este año/17, cuando afirmó que “para las empresas despedir trabajadores tiene que ser algo natural, como comer y descomer”. O sea, para el funcionario los trabajadores son eso que se descome. No fue un exabrupto, no hubo desmentida ni retractación y sigue ocupando el cargo: es la posición del gobierno nacional. 
El presidente elogió la flexibilidad al anunciar su plan de deseos para la industria automotriz. ¿Qué es la flexibilización? Lo que hicieron los gobiernos de 1999/2001: contratos basura, sin estabilidad, sin indemnización, con salarios reducidos y sin derecho a categoría y tareas. Además, el cese de la ultraactividad de los convenios. El Ministerio de Trabajo, de manera ilegal, autorizó a Mac Donald’s a contratar 5000 jóvenes para trabajar 6 horas por día con un sueldo de 4500 pesos, inferior al salario mínimo vital y móvil. Esos trabajadores sustituirían a otros comprendidos en el convenio colectivo de trabajo. La Justicia Nacional del Trabajo frenó ese acuerdo ilegal. 
El presidente Macri dijo que “cada vez que un gremio consigue reducir una jornada horaria, todos los demás argentinos lo estamos asumiendo como parte de un costo y no está bien” (9/7/16) y que “hay que trabajar los sábados y domingos” (3/4/17). Adelantó lo que viene: jornadas flexibles, turnos rotativos, trabajo en sábados y domingos y franco a mitad de la semana, y sin derecho a cobrar horas extras. La OIT establece exactamente lo contrario en materia de jornada de trabajo.
Al inaugurar una planta (que no era nueva sino una mudanza con despidos) culpó a los trabajadores de poner palos en la rueda complicándole la vida al resto de la sociedad cuando “fuerza un ausentismo” o “inventa un juicio”. No hizo ningún reproche a las empresas que evaden –meses antes justificó la evasión tributaria diciendo a los empresarios “ya no vamos a tener que escondernos”–, a los que tienen trabajadores en negro, a los que no cumplen con las normas de higiene y seguridad. Ni felicitó a los trabajadores que hacen respetar sus derechos en juicio. Para él, los trabajadores son tramposos.
Más allá de que si un trabajador inventa un juicio lo pierde, al presidente Macri no le molesta la incorrección de un juicio inventado (sino su empresa Correo Argentino SA no habría inventado un juicio contra el Estado); le molesta que los trabajadores acudan a la Justicia para hacer respetar sus derechos. Macri, presidente del Correo Argentino SA, perdió un juicio en el 2000 por práctica antisindical (“Jerez, Victor c/ Correo Argentino SA s/Práctica Desleal”, expte. 8421/98; JNT n°39, CNAT S.III) por las presiones ejercidas contra trabajadores para que se desafilien de sus sindicatos.
Cuando el periodista Joaquín Morales Solá le preguntó por qué no llegaban las inversiones, Macri le echó la culpa a “la Justicia Laboral”, que es donde los trabajadores reclaman por sus derechos vulnerados. Por eso el gobierno ataca a la Justicia Laboral y persigue a los jueces que aplican la ley y protegen los derechos laborales. El gobierno quiere desaparecer la Justicia Nacional del Trabajo –creada por Perón en 1944, cuyos fallos inspiraron a la Ley de Contrato de Trabajo y sus criterios protectorios se expanden a todo el país– y transformarla en una justicia municipal de la CABA. Este proyecto no es un tema territorial. Si sigue siendo Nacional, el gobierno no puede remover a los jueces sin mayoría de 2/3 en el Consejo de la Magistratura de la Nación –por eso maniobra para tener mayor hegemonía–. Pero si pasa a la CABA le basta una mayoría simple en el Consejo de ésta; y esta mayoría simple la tiene. No es una especulación. El gobierno quiere remover a los jueces que protegen derechos laborales contra los intereses del gobierno y sectores que éste representa: ya pidió el juicio político a los dos camaristas que ordenaron cumplir la paritaria bancaria, a otros dos que ordenaron una reinstalación en la AFSCA y a una jueza que dispuso otra en Vialidad. Mas allá del “efecto disciplinador” hacia otros jueces, todavía no pudo removerlos; en la CABA ya los habría removido y el disciplinamiento sería mayor.    
Las reformas laborales que quiere el gobierno violan la Constitución, los tratados internacionales y los derechos vigentes. Por eso van por los jueces que los hacen respetar. Si en octubre Macri gana irá directamente por los derechos de los trabajadores.
* Diputado de la Nación. Presidente del bloque Frente para la Victoria-PJ.

6 jun. 2017

Retiro voluntario, el recurso más utilizado en tiempo de crisis


Retiro voluntario, el recurso más utilizado en tiempo de crisis: despidos encubiertos

La suspensión de los 350 trabajadores de General Motors es un caso testigo que sirve para ejemplificar la situación de muchos empleados santafesinos. Es que si bien no se registra en la región una oleada de despidos en el sector privado, los empleadores encontraron otro recurso para achicar la plantilla del personal: el retiro voluntario.
"La empresa está presionando, de manera extorsiva, para que los trabajadores arreglen ahora su desvinculación, porque sino, más adelante, van a cobrar menos plata de indemnización", denunció Sebastián Romero, trabajador suspendido de GM.
En diálogo con Rosarioplus.com, el empleado mecánico comentó que se reincorporaron a la planta de Alvear 16 personas y "se está evaluando el ingreso de 16 más". 
"Todos los días llaman a los compañeros para llegar un un acuerdo", afirmó Romero, y agregó: "Están ofreciendo que las personas se retiren porque van a cobrar menos plata".
A partir de junio, los trabajadores suspendidos comenzaron a cobrar el 65% de su sueldo, ya que se inició la segunda etapa del convenio, que fue homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, firmado por la multinacional y Smata.
Además, Romero anticipó que se registraron despidos en empresas que prestan servicios tercerizados en la industria, como la compañía de limpieza Iscot.
El modus operandis de General Motors parece repetirse en otras firmas, de igual envergadura, que tienen sus plantas en la región.
El abogado laboralista Sebastián Serrano Alou afirmó que "las grandes empresas van acorralando a los trabajadores" a través de su área de Recursos Humanos y el estudio jurídico que los representa, hasta tanto tomen la decisión de retirarse voluntariamente.
"Cuando ve que se queda sin trabajo, y que cuesta conseguir uno nuevo de forma fácil, la gente agarra lo que le dan los empleadores", indicó el letrado, en diálogo con Rosarioplus.com.
En cuanto a la resistencia de los empleados suspendidos, que en algunos casos como Mefro Wheels han obtenido buenos resultados, el integrante de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, dijo: "Cuando llega a cierto punto, la gente baja los brazos y acepta".
"Lo más común es llevar al trabajador a que acceda a lo que quiere el empleador, que es una renuncia, un retiro voluntario y la recesión por mutuo acuerdo", comentó el abogado y agregó: "La idea de la empresa es reducir personal por la falta de producción para no perder ganancias".
Según afirmó Serrano Alou, el Ministerio de Trabajo de la provincia está entregando turnos a largo plazo, más de 15 días, para atender las demandas de las empresas y los trabajadores.
Por su parte, el ministro Julio Genesini reconoció que la situación señalada por el abogado laboralista "puede darse" pero remarcó que el fenómeno no es generalizado en Santa Fe.
"Hemos tenido situaciones donde hubo un número importante de empresas en procedimientos preventivos de crisis. En esas compañías, que generalmente son de las industrias, no se dieron despidos pero sí situaciones de retiros", afirmó el encargado de la cartera provincial de trabajo, en diálogo con Ariel Bulsicco en Sí 98.9.
Los datos oficiales que brindaron desde el gobierno santafesino indican que, en 2015 hubo 70 empresas que presentaron procedimientos preventivos de crisis, en 2016 fueron 175 y en lo que va del año cerca de 60.
"Cuando hay empresas en crisis aparece este fenómeno (retiro voluntario), pero no es que lo observemos en 50 mil empresas", dijo el funcionario y concluyó: "Cuando hay situaciones de crisis las empresas utilizan más este mecanismo".