Ocupados en desocupar

Por Juan Sasturain

Vuelve a subir el índice, aunque lo que uno siente es que sube el mayor, el incisivo mayor índice de desocupación. Una vez más, el perverso Sistema –vale para el todo de sentido común que justifica y naturaliza esta máquina de degradar de la que formamos parte– es rápido y cómodo en sus determinaciones. Sabe lo que quiere. Se sube (a la Historia), pregunta al primero que se cruza si está desocupado y si le dicen que sí, se sienta. El Sistema, cuando encuentra un desocupado se le sienta encima. Todo el Sistema se sostiene en el mullido asiento (un colchón, en realidad, un colchón de infinita plazas / espaldas para el culo de pocos) de los desocupados.

Los desocupados en realidad no existen (literalmente, como –Videla dixit– tampoco existían los desaparecidos) en tanto tales: porque los desocupados están siempre ocupados (como sillas, digamos) por los que se sientan sobre ellos y ocupados (mentalmente, digamos) en preocuparse, se ocupan de sobrevivir.

Pero sobre todo los desocupados ocupan la Desocupación, ese agujero mensurable que se llena con lo que no hay: están, viven, ocupan una planilla. La desocupación es un índice, el resultado de una cuenta, un número. La desocupación no existe ni es un problema: lo que sí existe es la gente que no tiene trabajo, que es otra cosa.

El Sistema de maltrato y desigualdad universales en el que respiramos naturalmente como si fuera lo único que hay, mira los números, no la realidad. La realidad no mejora pero los números dan. Eso era lo que decía Menem: estamos mal (en la realidad) pero vamos bien (en los números). O más perversamente, al revés: cuando los números den, la realidad habrá mejorado. Así es como razonan los de ahora, los que también miran / dibujan los números y dicen: antes, con el perverso populismo demagógico, la realidad estaba bien pero en los números estábamos mal. ¿Qué números, qué números no te cerraban, caradura? Eso lo digo yo y pelo mi índice personal de marcar chorros genuinos, estructurales. Basta de mentir.

Por eso, los índices no mienten, acusan, señalan sobre todo a los dueños del dedo. Son como las putas encuestas, otro curro manipulador. Son mecanismos tramposos, sesgados, se los puede hacer decir cualquier cosa. Menos, modificar la realidad. Como –pasando al campo de la cultura y el genérico “espectáculo”– es el caso del rating y de las listas de best sellers, auténtica basura tóxica, que suele / pretende registrar el grado de proliferación alcanzado por gustos y opiniones a partir de un único gesto: el consumo, la compra de, el uso de. Porque es el consumo –el uso, la compra– de opiniones y gustos, eso es lo (único) que miden. Y me hago cargo de mi fobia.

Así, los medios, de forjadores de opinión –si es que alguna vez lo fueron– se han convertido en vendedores de opiniones: el chivo y la convicción (opinar y recomendar) tienden a mimetizarse. Se confunde –entre otras cosas– existencia con difusión, famoso con conocido. Se invierte más en la difusión de las campañas que en las campañas mismas, en las investigaciones y diagnósticos que en las acciones concretas. Incluso en saber lo mal que estamos, índices mediante, que en mejorar. Claro, eso sí “al día con las mediciones” dijo Gelman.

Pero volviendo a los índices y las expectativas a cumplir, las previsiones del Presupuesto, por ejemplo. Se pretende prever el futuro, lo que significa inducirlo, en realidad. La estadística (el registro numérico) condiciona conductas suponiendo que los comportamientos pasados se repetirán. Es cierto pero no lo registran los índices: lo único que se repite es la explotación, el robo y su enmascaramiento. Y la Desocupación –ese numerito que va y viene– no es un pronóstico meteorológico: el granizo que caerá fuera de temporada y mandará todo al carajo no estará previsto en las planillas. Pero va a caer, claro que va a caer. Y los hoy cómoda o precariamente sentados sobre el mullido colchón de los desocupados no se quejen después, con el paraguas agujereado: como el sol no mira el almanaque, la realidad no lee planillas.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-310255-2016-09-26.html

DOCUMENTO DE LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS LABORALISTAS DE ROSARIO “FRENTE AL ‘NUEVO’ MODELO SOCIO-ECONÓMICO Y LABORAL”

El “nuevo” modelo socio económico y laboral: El nuevo gobierno nacional debutó desplegando una serie de medidas económicas y sociales (buena parte de ellas ya anunciadas durante la campaña electoral y otras enfáticamente negadas en aquel momento) consistentes en una devaluación de la moneda de alrededor del 60%, miles de despidos de trabajadores del sector público, la desregulación de la actividad financiera, la vuelta al ciclo de endeudamiento externo, el sometimiento a las recetas recesivas del FMI y del Banco Mundial, la apertura de importaciones sin salvaguardas para la industria nacional, la baja sustancial y/o eliminación de las retenciones a la exportación, aumentos salvajes en las tarifas de los servicios públicos, la fijación de altísimas tasas de interés de referencia por el BCRA (que desalientan la inversión productiva) y otras medidas en la misma línea. Una vuelta al Neoliberalismo puro y duro. 

               Los efectos socio-económicos y, en lo que en aquí nos interesa recalcar, los laborales, de este “nuevo” modelo implantado en el país a partir de la asunción del Gobierno de la alianza “CAMBIEMOS” no se han hecho esperar: el aumento del desempleo y de la precarización laboral, aumento de la inflación, baja del poder adquisitivo de los salarios con la consecuente caída del consumo interno, aumento exponencial de la pobreza y de la indigencia, brutal transferencia de ingresos del trabajo al capital, crecimiento de la cantidad de conflictos sociales y colectivos, baja de la actividad industrial y comercial, en un combo que no sorprende tanto como preocupa, que se retroalimenta y que no es el fruto de meros errores de concepción y de cálculo sino el resultado de un modelo que, precisamente, busca –en su costado laboral- el disciplinamiento de la clase obrera para la aceptación forzada de peores condiciones de trabajo y, mediante las mismas, poder retornar a los niveles históricos de la tasa de ganancia empresaria [1].

               Como respuesta a los graves efectos sociales y laborales de estas medidas, el conflicto va ganando la calle (en tal sentido, la reciente Marcha Federal es una clara y valiosa señal como acto organizado de resistencia colectiva, paso previo a un necesario Paro General que sea parte de un Plan de Lucha consensuado por distintas organizaciones sindicales, sociales y políticas). La represión parece ser una de las principales reacciones del Gobierno ante una situación que se le va yendo de las manos. Es evidente que al Gobierno Nacional le resultará imposible contener la creciente disconformidad social por más Protocolos Antipiquetes o medidas de similar tenor que adopte. 

               Y, bien vale aclararlo, no se persigue con este modelo beneficiar a todo el arco empresarial sino a aquellos conglomerados económicos aliados estratégicamente con el actual Gobierno (al cual, inclusive, le han facilitado un ejército de CEOS para ocupar lugares centrales en la conducción del Estado); hablamos, principalmente, de las empresas que tienen atados sus intereses al mercado externo (exportación) incluyendo al Campo y al gran capital financiero. Ahora bien, si de colocar la producción industrial se trata, se sabe que una cosa es exportar, en cuyo caso el salario se convierte en un mero costo y otra cosa es vender lo producido en el mercado interno, en cuyo caso el salario es un dinamizador del consumo; así, en el primer caso, cuanto más bajo sea mejor para el empresario exportador, mientras que, en el segundo caso, salarios a la baja afectan la capacidad de consumo de los destinatarios de esa producción, los consumidores argentinos y a las Pymes que destinan al mercado interno toda o buena parte de esa producción.

               A nivel local y regional se constata también el crecimiento progresivo de las suspensiones y de los despidos en las empresas y un panorama de corto y mediano plazo que promete el recrudecimiento de la expulsión de mano de obra en la industria y en el comercio. Esta cruda realidad socio-laboral interpela al Gobierno, que se empecina en negarla escudándose en un elaborado relato mediático sobre “la pesada herencia” y en la promesa de un futuro cercano y venturoso al que se llegará luego de pasar el trago amargo que –asegura- debe tolerar el Pueblo para poder “sincerar” las variables económicas.

               Dejemos de lado el marketing político y hablemos claro: nada bueno puede derivarse para los trabajadores de políticas que, precisamente, apuntan a la brutal transferencia de ingresos de éstos a las grandes empresas y al mundo de las finanzas; el derrame tampoco se producirá o, en el mejor de los casos, excluirá de sus eventuales y prometidos beneficios a crecientes sectores de la población. Se trata de cambios estructurales con vocación de permanencia en el tiempo, no de efectos negativos y coyunturales no deseados que se corregirán en ese anunciado paraíso social al que, ya se sabe, nunca se arribará, menos aún si se nos quiere convencer de que debemos atravesar previamente un ajuste de las apuntadas características [2].

               Es suficiente con tener algo de memoria para no sorprenderse ante el retorno de crudas propuestas de flexibilización de las normas laborales (entre ellas, la supresión de la indemnización por despido, que se pretende reemplazar con un fondo de desempleo similar al régimen vigente desde 1967 para los trabajadores de la construcción), de reformas que tienden a la semiprivatización del sistema de Seguridad Social y al vaciamiento del régimen estatal de reparto, de una reforma regresiva (incluso ya anunciada) a la Ley de Riesgos del Trabajo (bajo la excusa de la alta litigiosidad, silenciando sus causas principales, vinculadas a las históricas deficiencias en la prevención de los riesgos en el trabajo), de los renovados ataques a los  dirigentes sindicales que resistan la demolición del Derecho Laboral, a los abogados laboralistas y a la Justicia de Trabajo, en tanto se pueden constituir en ámbitos de resistencia al renovado embate neoliberal [3].

               Otras reformas en ciernes apuntan a la sustitución de los convenios de actividad por los convenios de empresa o sectoriales, la supresión de la ultraactividad de los convenios colectivos, y la no aplicación de los existentes sobre el personal nuevo, la generalización de los contratos temporarios que irían sustituyendo al personal con estabilidad relativa por personal nuevo sin ningún tipo de estabilidad, lo que, en condiciones de aumento de la legión de desocupados, ésta presionaría en un sentido favorable a la reducción salarial y al acceso a nuevos empleos con contratos basura; ello sería presentado a la sociedad como un avance frente al elevado nivel actual de trabajo no registrado, ya que las empresas accederían a blanquear a sus trabajadores en las nuevas condiciones degradadas de ocupación (tal el caso del proyecto de ley de “Primer empleo Joven”, por ejemplo). Tal es la tendencia del capitalismo en Europa y EE UU y tales son las exigencias para los países de nuestra región incluidas en el Tratado del Pacífico, del que hoy participa nuestro país en calidad de observador. Se trata, en buena medida, de una vuelta a lo peor de las políticas implementadas en los 90’; una “reflexibilización” de la normativa laboral con algunas variantes no tan novedosas.

               La avanzada gubernamental ya se inició hace algún tiempo mediante una ofensiva en el frente normativo con el veto presidencial a la ley antidespidos, el anunciado proyecto de empleo joven y con la introducción en la agenda ministerial de la productividad laboral y de la existencia de empresas “viables” e “inviables” [4] (medido esto último solo en términos “de caja” pero, jamás, en términos socio-laborales), así como el anuncio de normas de flexibilización en el derecho individual del trabajo. Cada propuesta de reforma legal regresiva viene siendo presentada bajo un ropaje conveniente, ocultando los negativos cambios sustanciales de cada proyecto tras un barniz de progreso; así, lo que será indudablemente perjudicial para los trabajadores y jubilados aparecerá velado bajo falsas promesas. La secuencia histórica también nos es conocida: es necesario imponer primero la flexibilización de hecho para, luego, poder imponer más fácilmente la de las normas del Derecho Laboral y de la Seguridad Social.

Lo que se está discutiendo, en el fondo, además de la distribución regresiva del ingreso nacional y la vuelta a los niveles históricos de la tasa de ganancia empresaria, es la distribución del poder social, el poder de los grupos económicos empresariales al interior de las empresas y de la Sociedad, mediante el disciplinamiento de los trabajadores y de sus sindicatos.

La A.A.L.R. renueva su compromiso con la clase trabajadora y en defensa del Derecho del Trabajo y del Fuero Laboral, sumándose a las luchas colectivas en pos de una sociedad justa, sin explotadores ni explotados.

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[1] Se ha afirmado en este sentido que: “La inducción a la baja de los salarios reales es, además, un componente central del nuevo modelo económico. El éxito de una devaluación se basa, precisamente, en que los salarios crezcan menos que los precios. Estructuralmente, la única manera efectiva y conocida para conseguir una reducción salarial real es mediante la disminución del poder de negociación de los trabajadores, lo que ocurre cuando aumenta la desocupación”.  “…”  .“Aunque dependiendo de la perspectiva teórica la problemática económica puede depender de distintas variables, financieras y reales, lo que está detrás de todas las disputas es el nivel de salarios y su contrapartida, la tasa de ganancia. El objetivo de las derechas neoliberales es siempre la reducción de salarios, que sería la baja “competitiva” de los costos empresarios. Esta distribución regresiva, con independencia de su nivel, ocurre en todos los países en los que llegan al poder, sea el centro o la periferia, Estados Unidos y Europa o América latina” (Ver art. de Claudio Scaletta: “DERECHA Y SALARIOS”, publicado en la contratapa del Suplemento “CASH” del diario “Página 12”, edición del domingo 10.01.16).

[2] Citamos nuevamente a Scaletta: “Y aunque desde la oposición se advierta que ‘está todo mal’, que se trata de políticas internamente clasistas y externamente subordinadas a los poderes globales, recetas con probados malos resultados en el pasado, se están produciendo “exitosamente” cambios profundos. Los ejes del nuevo régimen son tres: el fin del desendeudamiento, la deconstrucción del tejido industrial y el aumento del desempleo. Se trata de tres dimensiones, financiera, real y social, con inevitables efectos de largo plazo y difíciles de revertir” (Ver art. de Claudio Scaletta: “LA APLANADORA”, publicado en la contratapa del Suplemento “CASH” del diario “Página 12”, edición del domingo 15.05.16).

[3] Ocurre otra vez lo que en su momento la abogada y socióloga (e Investigadora del CONICET) Irene Vasilachis de Gialdino dió en llamar "la creación de un contexto catástrofe" por parte de los grupos de poder beneficiados con el sistema socio-económico y laboral imperante (vinculado a la posible aprobación de determinadas normas protectorias de los derechos de los trabajadores, que no constituyen en modo alguno un paquete de reformas de fondo[3]), pretendiendo con dicha campaña invertir el sentido del conflicto capital-trabajo y ubicarse como las víctimas de un sistema (legal, judicial y gremial) perverso, respecto del que afirman es sobreprotector de los trabajadores y perjudicial para la producción, las inversiones,  las empresas y el país (pretendiendo identificar en último término la suerte de sus negocios privados con el destino del país). Así, en dicho contexto, los victimarios pasan a ser los trabajadores, los sindicatos, sus abogados defensores, los jueces del trabajo -si fallan a favor de los obreros-, los legisladores -si aprueban ciertas leyes protectorias-, el Gobierno de turno -si promueve dicha protección- y, las víctimas, las empresas y los empresarios, conocida manera de operar sobre el debate socio económico y laboral, generando temor en la sociedad (“se ahuyentarán las inversiones”, “habrá más desocupación”, “volverá la industria del juicio”, etc.), culpabilizando a los trabajadores por los efectos supuestamente negativos que sus (legítimos) reclamos pueden generar, para así de continuar sacando provecho en la puja distributiva por la riqueza generada por el trabajo y en definitiva, en la puja de poder.

[4] Ver diario “PÁGINA 12”, edición del 24.05.16, Sección “Economía”: “EL GOBIERNO OTORGARA AYUDA SOLO A EMPRESAS QUE CONSIDERE SUSTENTABLES. La vuelta de las industrias inviables. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, reflotó en una reunión en la Unión Industrial el concepto de empresas viables e inviables del menemismo. Dijo que sólo las primeras recibirán los Repro. “En toda economía hay empresas que mueren y nacen”, afirmó”, nota de Cristian Carrillo.

DERECHOS DEL PUEBLO TRABAJADOR, ¿CAMBIAMOS FUTURO POR PASADO?

Título: Derechos del pueblo trabajador, ¿cambiamos futuro por pasado?

Autor: Serrano Alou, Sebastián

Fecha: 1-sep-2016

Publicado en Microjuris - Cita: MJ-DOC-10028-AR | MJD10028

Doctrina:

Por Sebastián Serrano Alou (*) «... el actual momento del mundo, no es para usar bozal y menos cuando uno transita el derecho. Más que nunca me doy cuenta de que el derecho no es neutro ni incoloro, es siempre partisano. El derecho es lucha, como decía Jhering. Es lucha a brazo partido por la dignidad humana. Es lucha por los más desfavorecidos, por los más débiles». - Raúl Zaffaroni (1) I. El actual Gobierno parece querer retrotraer la realidad del país y, dentro de esta, de las relaciones laborales, a principios del siglo XX (2), pero sin dejar de incorporar los cambios que el proyecto de país imperante en esa época tuvo a lo largo de ese siglo, especialmente en el cuarto de siglo neoliberal, del período 1976-2001. Un país con una democracia de bajísima intensidad donde se privilegia al poder económico y sus proyectos, especialmente la economía agroexportadora y la especulación financiera; donde los trabajadores son la variable de ajuste y las primeras víctimas de la expoliación, quedando en número creciente excluidos del sistema, conformando el ejército de reserva que posibilita un funcionamiento del sistema de privilegios para pocos (3). El presidente y sus funcionarios no pierden oportunidad para expresarse en contra de los trabajadores y sus derechos (4), con especial encono contra los empleados públicos (5). Para el presidente los trabajadores les «ponen palos en la rueda» a las empresas, «inventan juicios» y «complican la vida a todo el resto de la sociedad» (6); para el ministro de Educación los gremios docentes «dañan la educación estatal» (7). Para el Gobierno nacional el problema son los trabajadores y sus derechos; no lo empresarios y sus abusos, ni las políticas económicas que vienen tomando los que forman el Gobierno. Las conquistas más importantes de los trabajadores, como es el respeto de la jornada de trabajo de ocho horas o menos, la licencia por enfermedad, y otras más recientes como la jornada reducida (8), recibieron el ataque del presidente en la fecha en que secumplían 200 años de la independencia de nuestro país (9), en un total contrasentido, ya que el discurso era más parecido al de hace dos siglos que a uno actual que reconociera y reivindicara lo logrado en pos de un país con mayor libertad e igualdad. La Justicia del Trabajo, creada a instancias de Perón cuando era secretario del Trabajo, ha recibido ataques del presidente (10) y de su jefe de gabinete (11), demostrando un total desconocimiento de la razón de ser y el respaldo constitucional de dicha justicia especializada, recordando a la declaración de inconstitucionalidad de esta por una Corte reaccionaria a poco de su creación hace casi tres cuartos de siglo (12) y, en el contexto de un plan latinoamericano de recorte de derechos sociales apoyado desde el norte (como el que parece estar en marcha actualmente), recuerda al caso de Chile, donde Pinochet directamente eliminó la justicia del trabajo a poco del golpe (13). Todo parece indicar que el Gobierno por ahora no ha decidido eliminar la «justicia del trabajo», pero -al igual que el menemismo- busca recortar su competencia (14). II.Al parecer, conociendo que el Poder Judicial tiene como función lograr justicia, pero cuando se desvía de esta puede ser herramienta para convalidar arbitrariedades; entre sus primeras medidas el nuevo Gobierno buscó conformar una Corte nacional que apoye y convalide sus acciones, como sucedió en la década de los noventa con la tristemente conocida como «la Corte de la mayoría automática», o en épocas más lejanas cuando se convalidó el ejercicio del poder por Gobiernos de facto (15); y para eso pretendió designar por decreto y poner en funciones sin intervención del Congreso a dos nuevos integrantes, para acompañar a los tres de un menguado tribunal que supo ser reconocido durante los 10 años en que lo integraron siete jueces de distintas procedencias y pensamientos, lo que le granjeó críticas aun de sectores afines (16). El papel de la Corte es fundamental a los efectos de decidir la situación de los trabajadores en lo que hace al respeto de sus derechos. En la década de los noventa, fue su acción la que detenía todo posible avance y se convalidaban retrocesos o se pretendía detener todo posible avance (17); entre 2004 y 2014 se convalidaron los avances y muchas veces se los impulsó, mientras que en esta nueva etapa parece haberse vuelto a la década de los noventa, con dos precedentes recientes como son «Orellano» y «Espósito» (18). Repitiendo costumbres de épocas pasadas, se persigue, desde el Gobierno y los medios (19) de comunicación afines, a quienes defienden los derechos de los trabajadores, poniendo en la misma bolsa a unos pocos inescrupulosos junto a la mayoría de quienes ejercen su profesión de manera correcta. Y en consecuencia, se deja a un lado toda mención a los graves incumplimientos de las empresas.Salvando las enormes distancias de extremos tan terribles como la persecución y asesinato de un grupo de abogados laboralistas, que tuvo su hecho más conocido en el suceso de 1977, denominado «la noche de las corbatas» (20), en circunstancias que recuerdan el ataque ideológico de esas épocas. III. La eliminación y modificación de normas de protección laboral, como la sanción de normas flexibilizadoras, son prácticas también del pasado. El veto de la ley del Congreso Nacional que buscaba poner un límite a los despidos alentados desde el Poder Ejecutivo (21), la intención de sancionar una nueva Ley de Riesgos del Trabajo que cuide los intereses de las empresas por encima del bienestar de los trabajadores, el planteo de la necesidad de contar con nuevas formas de contratación laboral más flexibles; tienen paralelo con hechos del pasado, con el Gobierno de facto de 1955 derogando normas como la de trabajo de casas particulares y peones rurales para remplazarlas por arbitrarios decretos, la dictadura cívico-militar de 1976 cercenando y adulterando artículos de la Ley de Contrato de Trabajo de 1974 a poco del golpe, las sucesivas y numerosas normas de flexibilización laboral de la década de los noventa e inicios del siglo XXI, con la conocida como Ley Banelco (por la forma en que se pagaron los sobornos para su aprobación) como máxima expresión de la decadencia alcanzada. Un ejemplo de las intenciones de flexibilización laboral y de los alcances que pretende darse a este plan, pueden encontrarse en un reciente editorial del diario La Nación (22), aparecido a los pocos días del ataque del presidente a la justicia del trabajo y algunos días antes del ataque del jefe de gabinete, prueba de la acción coordinada en pos de un objetivo contrario a los principios fundamentales del bloque de constitucionalidad federal, favorable a los intereses de los reducidos sectores de privilegio.Con el discurso compartido con el Gobierno nacional, hablando de «la pesada herencia», cargando la crisis que las medidas de estos meses generaron al agravar todo problema económico previo llevándolo a grados alarmantes (23), atacando los derechos laborales y el empleo público, plantea la gastada falacia de que la flexibilización de la normativa laboral cercana a la desregulación facilita la creación de empleo y es la solución a todos los problemas (24). Entre otras cosas, en contra del bloque de constitucionalidad federal, plantea: 1. la necesidad de poner límites al poder de negociación salarial de los trabajadores y la protección del derecho a un salario digno, evidentemente para que los salarios sean lo más bajos en la medida de lo posible para beneficio de las empresas; 2. limitar la actividad y alcances de la autoridad administrativa del trabajo en lo que hace a la protección y control; 3. flexibilizar las distintas etapas de la relación laboral, privándola de la estabilidad derivada del Derecho Humano al Trabajo, al momento de la contratación, durante el desarrollo de esta y al momento del despido (25); 4. que el trabajador contribuya junto al empleador al pago de su indemnización en caso de despido, aportando a un fondo manejado por privados al estilo de las nefastas AFJP, yendo más lejos de lo que está previsto en la inconstitucional Ley 22.250, donde se establece un sistema donde se van guardando aportes para el caso del despido, pero solo a cargo del empleador, siendo la precariedad en dicha actividad y los negocios que en el pasado hicieron las AFJP la muestra más clara del resultado perseguido con este tipo de medidas. Una de las primeras leyes que al parecer se quiere reformar es la Ley de Riesgos del Trabajo, planteando que el problema es la existencia de una «industria del juicio», cuando en realidad lo que existe es una «industria del incumplimiento» por parte de las empresas, las ART y quienes las contratan.Como se dijo hace pocas semanas (26), la Corte abrió la posibilidad de volver al pasado (27), a un sistema rentable para las empresas que no tiene en vista al sujeto de preferente tutela constitucional (como fue previsto en la década de los noventa, al igual que las AFJP), siendo uno de los principales objetivos perseguidos volver a sustraer la competencia por accidentes y enfermedades del trabajo a la justicia laboral (28), lo que fuera declarado inconstitucional por la Corte en el 2004 (29), en el primero de los fallos «pro homine» y protectorios del trabajador de la etapa 2004-2014. Para la nueva Corte, no importa la justicia ni la equidad, que -refiere- son cuestiones dogmáticas, sino solo la semántica; al parecer, mientras la ley sea clara en su redacción, no importa si es justa. Las distintas medidas económicas que se han venido adoptando en los últimos meses van arrojando sus resultados negativos, siendo uno relevante para lo que aquí interesa: el desempleo creció a niveles de hace 10 años, aumentando alrededor de un 40% en estos meses (30), con el antecedente del veto presidencial a la ley antidespidos (31) y el poder adquisitivo del salario que no para de caer (32). El desemple o no deja de crecer (33) y tiene el objetivo político de ser un disciplinador social (34). Frente a esto, en una práctica para nada innovadora, pareciera que el Gobierno nacional busca conformar y mantener dóciles a ciertos sectores sindicales entregándoles el dinero de las obras sociales (35), práctica iniciada por el militar Onganía durante su gobierno de facto (36). IV. Frente al intento de volver al pasado ya superado, se hace indispensable un repaso de la historia, para saber de dónde vienen las políticas que se quieren implementar en relación con los derechos de los trabajadores, pero lo que es más importante, hacia dónde quieren ir, cuál es el resultado de ciertas medidas que se apoyan en planteos falaces ya usados.Del constante revisitar la historia, y en lo jurídico, lo resuelto por la Corte entre 2004 y 2014, es de donde surgen los argumentos para rechazar todo intento regresivo en materia de derechos humanos por resultar contrario al bloque de constitucionalidad federal, que persigue el desarrollo humano con justicia social del pueblo argentino, conformado en su mayoría por trabajadores. Se trata de una etapa fundamental de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no puede intentarse ocultar como si nunca hubiese sucedido (37), como parece querer hacer la actual Corte (38). Es inconstitucional cambiar futuro por pasado cuando ello implica no mantener lo logrado antes en la realización de los derechos humanos, sino por el contrario emprender una regresión que atenta contra el principio de progresividad (39). La cúspide del sistema normativo es la herramienta para seguir buscando la construcción de una sociedad más justa, siendo fundamental no perder de vista cuál es la función del Poder Judicial y los operadores del derecho, frente a las operaciones mediáticas y del mercado, especialmente con un Poder Ejecutivo que recorta derechos a la mayoría del pueblo trabajador poniéndose al servicio de las operaciones referidas. Comparto las palabas y reflexiones de la Corte al inicio del período de 10 años, que se destaca aquí como positivo; dejando en claro que no se desconoce, desde luego, que la doctrina que aquí se intenta defender en consonancia con sus sentencias entre 2004 y 2014, podría ser considerada, desde ciertas posiciones o escuelas, como inadecuada a los lineamientos que serían necesarios para el mejoramiento del llamado «mercado de trabajo», cuando no del mercado económico en general. «Esta hipotética censura, sin embargo, al margen de la naturaleza solo conjetural de las consecuencias que predica, resulta manifiestamente desechable.Puesto que, seguramente de manera involuntaria, omite hacerse cargo de que su eventual consistencia exige ignorar o subvertir tanto el ya mentado principio de supremacía de la Constitución Nacional, cuanto el fundamento en el que toda esta descansa según el texto de 1853-1860, robustecido aun más por los señeros aportes del art. 14 bis y la reforma de 1994 (esp. art. 75, inc. 22). Consentir que la reglamentación del derecho del trabajo reconocido por la Constitución Nacional, aduciendo el logro de supuestos frutos futuros, deba hoy resignar el sentido profundamente humanístico y protectorio del trabajador que aquella le exige; admitir que sean las "leyes" de dicho mercado el modelo al que deban ajustarse las leyes y su hermenéutica; dar cabida en los estrados judiciales, en suma, a estos pensamientos y otros de análoga procedencia, importaría (aunque se admitiere la conveniencia de dichas "leyes"), pura y simplemente, invertir la legalidad que nos rige como Nación organizada y como pueblo esperanzado en las instituciones, derechos, libertades y garantías que adoptó a través de la Constitución Nacional. Puesto que, si de esta se trata, resulta claro que el hombre no debe ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos estos, los cuales solo encuentran sentido y validez si tributan a la realización de los derechos de aquel y del bien común. De ahí que no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y alcances de los derechos humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que representan la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la "ilegalidad". Es perentorio insistir, ante la prédica señalada, que "el trabajo humano no constituye ‘una mercancía'"» (40). ---------- (1) ZAFFARONI, Raúl:Un bicho sin bozal, 18/8/2016, http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-307179-2016-08-18.html. (2) El país de la semana trágica, la Patagonia Rebelde y La Forestal; donde había un poder absoluto del empresario-empleador, apoyado en los hechos por el accionar del Estado en distintas realidades y hechos trágicos de nuestra historia, colaborando en la represión y evitando regular los poderes absolutos de los propietarios de las empresas. Un resumen de todos estos sucesos puede encontrarse en el capítulo «La dignidad rebelde. El movimiento obrero durante las presidencias radicales», del tomo 3 de los mitos de la historia argentina (PIGNA, Felipe: Los mitos de la Historia argentina 3. De la Ley Sáenz Peña a los albores del Peronismo, 1.a ed. Buenos Aires, Planeta, 2006, p. 61 y ss). Para profundizar sobre los sucesos de la Patagonia, es recomendable el siguiente libro de Osvaldo Bayer: La Patagonia Rebelde; al igual que la película que lleva el mismo nombre. (3) «(...) el tercer hombre de la jefatura de gabinete de ministros, Gustavo Lopetegui, explica que durante un siglo solo hubo dos formas de acceder al gobierno, por los votos o por las botas, y dos programas contrapuestos. El cambio cultural que el gobierno entiende protagonizar consiste en cumplir mediante el voto el programa histórico de las botas, según las crudas palabras de Lopetegui. (...) A su manera, alude al empate hegemónico entre las opuestas alianzas agroexportadora-financiera e industrial-laboral, empate descripto en las obras de Guillermo O'Donnell y Juan Carlos Portantiero para las décadas que sucedieron al derrocamiento de Juan Perón en 1955. Uno de los indicadores empíricos de esta lid es la participación de los trabajadores en el ingreso, que tendía a crecer con los gobiernos electos y a mermar en los períodos militares.Como lo expresó Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar en 1977 "la miseria planificada de millones" se imponía "congelando salarios a culatazos mientras que los precios suben en las puntas de las bayonetas". Cuando Macri sostiene que los trabajadores ponen palos en la rueda de los patrones, o sus ministros Alfonso de Prat-Gay y Francisco Cabrera instan a reducir el costo del empleo expresan la misma concepción de entonces». VERBITSKY, Horacio: «La Confesión», en Página/12, 28/8/2016, http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-307961-2016-08-28.html (4) Al respecto, véase: SERRANO ALOU, Sebastián: La discriminación como política del Estado atenta contra la democracia, Microjuris, 22/2/2016, MJD7624. (5) DIARIO REGISTRADO: «Macri volvió a denigrar a los empleados públicos», en http://www.diarioregistrado.com/politica/macri-volvio-a-denigrar-a-los-empleados-publicos_a57bdbd4b4717bf8921 c6d44, 24/8/2016. (6) LA NACIÓN: «Mauricio Macri pidió que los empleados no pongan "palos en la rueda" a las empresas», en http://www.lanacion.com.ar/1930452-mauricio-macri-pidio-que-los-empleados-no-pongan-palos-en-la-rueda-a-las-e presas. (7) INFOBAE: «Los maestros harán un paro nacional y Esteban Bullrich les advirtió que "dañan la educación estatal"», 23/8/2016, http://www.infobae.com/sociedad/2016/08/23/este-miercoles-habra-paro-docente-en-todo-el-pais/. (8) La jornada reducida es una tendencia mundial que en lugar de rechazarla, se debería emular. Ver: CORRADINI, Luisa: «De Suecia para el mundo: irrumpe la jornada laboral de seis horas», en La Nación, 20/4/14, http://www.lanacion.com.ar/1683463-de-suecia-para-el-mundo-irrumpe-la-jornada-laboral-de-seis-horas. (9) Dijo Macri:«Cada vez que un gremio consiguió reducir la jornada laboral, todos los argentinos lo asumimos como parte de un costo (...) tenemos que alejarnos de lo que pasó en los últimos tiempos, donde creció el ausentismo, las licencias, y las jornadas horarias reducidas», en www.cronista.com, «Las siete frases más sobresalientes del discurso de Macri», 9/7/16, http://www.cronista.com/economiapolitica/Las-frases-mas-sobresalientes-del-discurso-de-Macri-20160709-0015.ht l; en www.clarin.com, Las 10 frases del discurso de Macri, 9/7/16, http://www.clarin.com/politica/frases-discurso-Macri_0_1610239054.html. (10) Preguntado en una entrevista sobre «¿Qué necesita la inversión?», respondió: «Dos cosas. Primero, una justicia laboral más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte». MORALES SOLA, Joaquín: «Macri, desde la pelea interna hasta Tinelli», en La Nación, 26/7/2016, http://www.lanacion.com.ar/1921823-un-cambio-indispensable-en-las-relaciones-laborales. (11) Marcos Peña en una entrevista del diario La Nación culpa a la Justicia del Trabajo por la falta de creación de empleo: «Sin duda el tema de la justicia laboral requiere un debate y esto lo venimos conversando con los sectores sindicales y productivos. Por una definición política del kirchnerismo se promovía una falsa idea de que proteger los derechos laborales es terminar amparando ciertos abusos y... Lo que vemos hoy en muchos sectores, la litigiosidad. La cantidad de juicios y cómo se resuelven. La Argentina hace cinco años que prácticamente no genera empleos formales de calidad y eso se ve en un montón de cosas. Tenemos que pensar en cómo abrir ese mercado y generar más puestos de trabajo e inversiones». SEHINKMAN, Diego: «Marcos Peña:"No creo que este gobierno sea neoliberal"», en La Nación, 30/7/16, http://www.lanacion.com.ar/1923230-marcos-pena-no-creo-que-este-gobierno-sea-neoliberal; INFOBAE, El Gobierno culpó a la Justicia laboral por la falta de creación de empleos, 30/7/16, http://www.infobae.com/politica/2016/07/30/el-gobierno-culpo-a-la-justicia-laboral-por-la-falta-de-creacion-d -empleos/. (12) En enero de 1945, se crean los «Tribunales de trabajo», medida de «fundamental importancia» para la realización material de los derechos; los que serían declarados inconstitucionales por la Corte, en el mes de agosto de 1945, en el contexto de la embestida y la acción de debilitamiento al Gobierno argentino impulsada por el representante del capitalismo mundial y su embajador en la Argentina, Spruille Braden. (13) Bajo el Gobierno militar, la Junta de Gobierno, siendo ministra de Justicia Mónica Madariaga Gutiérrez, dicta el Decr. Ley 3648, en virtud del cual se puso término en Chile a la judicatura especializada del trabajo. El art. 1.° del citado cuerpo legal dispuso lo siguiente: «Transfórmase los actuales Juzgados del Trabajo en Juzgados de Letras de Mayor Cuantía». Por otras normas, se entregaba la competencia de segunda instancia en las causas laborales a las respectivas Cortes de Apelaciones (en lo Civil). Ver: MOLTEDO CASTAÑO, Claudio:Evolución de la Judicatura Especial del Trabajo en Chile, en Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, XVI, 1995, disponible en http://www.rdpucv.cl/index.php/rderecho/article/viewFile/308/284. (14) Recordaba hace unos días el Juez del Trabajo de La Plata, Juan Orsini, que el menemismo con las Leyes 24.028, 24.557, 24.522 y 24.635, pretendió sustraer la competencia de los jueces laborales sobre acciones comunes y especiales por accidentes de trabajo, juicios laborales contra empresas quebradas e imponer una conciliación obligatoria administrativa. (15) Se trata de la conocida como «doctrina de los gobiernos de facto», que tuvo su origen jurisprudencial en la Corte argentina para convalidar los actos normativos de las dictaduras militares que se instalaron en el país durante el siglo XX y, de ese modo, legitimarlas. Luego del golpe de Estado a Yrigoyen y en forma inmediata a asumir el Gobierno, el general Uriburu envió una comunicación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación haciéndole saber la constitución de un gobierno provisional para la nación.El Tribunal resolvió por unanimidad el 10 de septiembre de 1930 acusar recibo de la nota mediante una acordada, que no es un fallo que se dicta en un caso concreto, cuyo contenido dio origen a la doctrina de los gobiernos de facto, siendo en ese momento el Procurador General de la Corte Horacio Rodríguez Larreta (tío abuelo del actual Jefe de Gobierno porteño). La doctrina se aplicó para convalidar los sucesivos gobiernos surgidos de golpes de Estado en el siglo XX. (16) LA NACIÓN, Críticas de juristas al método de designación, 15/12/2015, http://www.lanacion.com.ar/1854318-criticas-de-juristas-al-metodo-de-designacion. (17) Una sentencia emblemática en este sentido fue «Rodríguez c/ Embotelladora», de 1993, donde, con fundamento de la ortodoxia neoliberal más que jurídicos, se pretendió limitar las condenas solidarias en una economía donde el mercado festejaba la tercerización y precarización como forma de bajar sus costos; sentencia que la Corte desactivó en el año 2009. Ver al respecto: SERRANO ALOU, Sebastián: «Las normas de solidaridad derivada de relaciones de trabajo. Necesaria interpretación casuística», en diario La Ley, miércoles 10/2/2010, año LXXIV N.° 28, LL 2010-A 433. (18) Sobre este tema, véase: SERRANO ALOU, Sebastián: «Cambiamos de Corte: del principio de progresividad al de regresividad», Microjuris, 30/6/2016, MJD9937. (19) LEWIN, Miriam: «La industria de juicios laborales: los "caranchos" ahogan a las Pymes», 6/8/16, http://tn.com.ar/economia/juicios-laborales-caranchos-amenazan-las-pymes_695553. (20) Sobre este tema: ARESE, César: «Los ejemplos que dejó "La noche de las corbatas"», en La Voz del Interior, 7/7/16, http://www.lavoz.com.ar/opinion/los-ejemplos-que-dejo-la-noche-de-las-corbatas. (21) Sobre los fundamentos que existían para sancionar y apoyar dicha norma, ver: SERRANO ALOU, Sebastián: «La prohibición de los despidos arbitrarios: fundamentos jurídicos, políticos y económicos», Microjuris, 2/5/2016, MJ-DOC-9861-AR / MJD9861. (22) LA NACIÓN:«Un cambio indispensable en las relaciones laborales», 26/7/2016, en http://www.lanacion.com.ar/1921823-un-cambio-indispensable-en-las-relaciones-laborales. (23) «... existían importantes tensiones en varios frentes de la economía, y uno de ellos era el laboral, pero la estrategia oficial ha convertido esos desafíos en una crisis que recién ha comenzado. La pérdida de puestos de trabajo impulsada inicialmente por la administración macrista despidiendo a miles de empleados públicos abrió las puertas para que el sector privado transite el mismo camino. Sin redes de contención oficial diluyendo el programa Repro del Ministerio de Trabajo y vetando la ley antidespidos, aumentó la desocupación». ZAIAT, Alfredo: «Primer escalón», en Página/12, 28/8/2016, http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-307966-2016-08-28.html. (24) Esta falacia fue abordada en el siguiente texto. SERRANO ALOU, Sebastián: «La prohibición de los despidos arbitrarios: fundamentos jurídicos, políticos y económicos», en Microjuris, 2/5/2016, MJD9861. (25) La estabilidad en la relación laboral es eje fundamental para discutir el modelo de relaciones laborales, pero también de sociedad. Hace tres años, defendí una tesis de maestría donde planteaba, básicamente, que la estabilidad de los trabajadores es un derecho vigente en la Argentina, esto indiscutiblemente a partir de la reforma constitucional de 1994, y que su vigencia tiene que ver con el nivel y calidad de democracia en el país, con cual es el poder que se impone, si es el poder político o el poder económico, lo que se puede constatar a lo largo de nuestra historia y la de otros países del mundo. Hasta fines del año pasado, mientras quien tomó las decisiones fue el poder político el desempleo bajó, y la prioridad fue evitar despidos como forma de lograr que el trabajo sea el gran ordenador social.Hoy y desde fines del año pasado, cuando gobierna el poder económico a través de sus representantes (los empresarios, los CEO de empresas, etcétera), los despidos y el desempleo son una política buscada desde el Estado para disciplinar a la clase trabajadora y recortar sus derechos. (SERRANO ALOU, Sebastián: «La estabilidad del trabajador argentino y su importancia para la Democracia», tesis de la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, aprobada en abril de 2013. Pongo a disposición la tesis a todo aquel que le interese su lectura; pueden pedirla por correo electrónico escribiendo un mensaje a serranoalou@yahoo.com.ar). (26) SERRANO ALOU, Sebastián: «Cambiamos de Corte: del principio de progresividad al de regresividad», en Microjuris, 30 de junio de 2016, MJD9937. (27) PEGER, Elizabeth: «Fallo de la Corte limita la industria del juicio contra el sistema de ART», en El Cronista, 8/6/16, http://www.cronista.com/economiapolitica/Fallo-de-la-Corte-limita-la-industria-del-juicio-contra-el-sistema-d -ART-20160608-0055.html. (28) PEGER, Elizabeth: «El Gobierno apura reforma de ART para frenar industria del juicio que cuesta u$s 5000 millones», en El Cronista, 21/6/16, disponible en http://www.cronista.com/economiapolitica/El-Gobierno-apura-reforma-de-ART-para-frenar--industria-del-juicio-q e-cuesta-us-5000-millones-20160621-0064.html. (29) CSJN, 7/9/04, «Castillo, Ángel S. c/ Cerámica Alberdi S. A.», MJJ3136. (30) El nivel de desempleo en Rosario, Mar del Plata y Córdoba, superior al 11,5 por ciento, no alcanzaba esos niveles desde los años 2006/2007. Si se comparan los datos con los valores del mismo período del año pasado, la tasa de desocupación a nivel nacional subió del 6,6 al 9,3 por ciento; es decir, subió 2,7 puntos porcentuales. Los responsables locales del área laboral en cada uno de ellos reconocen que «el empleo registrado se desplomó» en los últimos meses. PÁGINA/12:«Volviendo una década atrás», 25/8/2016, en http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-307756-2016-08-25.html. (31) LA NACIÓN: «Mauricio Macri firmó el veto a la ley antidespidos», en http://www.lanacion.com.ar/1900920-mauricio-macri-firmo-el-veto-a-la-ley-antidespidos, 20/5/2016. (32) MUSCATELLI, Natalia: «En cinco meses los salarios perdieron 8% de poder adquisitivo», en Clarín, 22/5/2016, disponible en http://www.ieco.clarin.com/economia/meses-salarios-perdieron-poder-adquisitivo_0_1580842031.html; PÁGINA/12: «Los salarios ya pierden un diez», 2/8/2016, disponible en http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-305805-2016-08-02.html. (33) «(...) La tasa del 9,3 por ciento de desempleo del primer semestre del año refleja la ola inicial de despidos que el gobierno no tuvo ni vocación política ni interés económico de detener. En la segunda parte del año se está desplegando una ola de suspensiones que si se continúa la misma estrategia económico-laboral se convertirá en otra ola de despidos. Las empresas suspenden personal cuando tienen caída de la actividad pero manteniendo expectativas de una reactivación. Pero si la mejora en las ventas se demora, el siguiente paso será el despido de ese trabajador enviado a su casa con un 50 al 75 por ciento de su salario. Despidos, suspensiones, retiros voluntarios, jubilación anticipada, anticipo de vacaciones, recorte de horas extra y fuerte caída del salario real es el escenario desfavorable que hoy padecen los trabajadores». ZAIAT, Alfredo: «Primer escalón», en Página/12, 28/8/2016, http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-307966-2016-08-28.html. (34) «La clave es el disciplinamiento del movimiento obrero, de los sindicatos», dijo Martín Burgos, director del área de economía del Centro Cultural de la Cooperación. «Estamos pasando de una grieta mediática a una grieta social.Al igual que ocurrió en los noventa, la gente que quede con trabajo va a tener buenos salarios, sobre todo si el tipo de cambio se sigue apreciando. Pero el gran problema es que las mayorías quedarán excluidas del mercado laboral. Es gente que va a estar precarizada y dispuesta a hacer cualquier tipo de tareas para tener un ingreso. Esto es lo que se viene». Mencionó que «los niveles de desempleo van a ubicarse en torno de 10 y 12 por ciento, cifras que son suficientes para que el nuevo Gobierno pueda controlar a los sindicatos. Esta es una suba de la desocupación que forma parte de la estrategia del equipo económico, porque le permite contener la puja distributiva y bajar el poder de negociación de los sindicatos». KUCHER, Federico: «El despido disciplinador», en Página/12, 24/8/2016, http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-307610-2016-08-24.html. (35) «El riesgo que corre la CGT si sigue dando vueltas es resultar desbordada por una corriente que crece desde abajo, que le terminará reprochando haber abandonado a los trabajadores por la plata para las obras sociales que le muestra el macrismo». CUFRÉ, David: «Paro General», en Página/12, 27/8/2016, http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-307917-2016-08-27.html. (36) En el año 1970, el gobierno de facto de Onganía aprobó la Ley 18.610 de obras sociales, que les permitía a los sindicatos manejar grandes sumas de dinero; fruto de un acuerdo entre una dictadura militar y un sector del sindicalismo. Con ese acuerdo, la dictadura quería comprar la inactividad de los sindicatos. (37) Sobre dicho período de la Corte, 2004-2014, véase: SERRANO ALOU, Sebastián: «La finalidad del poder judicial como poder del Estado. El caso del juez del trabajo», en Revista de Derecho Laboral, Actualidad, Rubinzal on-line, Doctrina On line, 19/6/2015, 2015-2, p. 227 y ss. (38) SERRANO ALOU, Sebastián: «Cambiamos de Corte:del principio de progresividad al de regresividad», en Microjuris, 30/6/2016, MJD9937. (39) Acudiendo directamente a las fuentes internacionales de jerarquía constitucional, el art. 2 del PIDESC establece lo siguiente: «Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos». Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, intérprete autorizado del PIDESC en el plano universal, aclara que todas las medidas de carácter deliberadamente retroactivo a este respecto requerirán la consideración más cuidadosa, y deberán justificarse plenamente con referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se disponga; existiendo una «fuerte presunción» contraria a que dichas medidas regresivas sean compatibles con el tratado, sobre todo cuando la orientación del PIDESC no es otra que «la mejora continua de las condiciones de existencia», según reza, preceptivamente, su art. 11.1. Véase: CSJN, 21/9/2004, «Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S. A.», MJJ3125. (40) CSJN, 14/9/2004, «Vizzoti, Carlos Alberto c/ AMSA S. A.», MJJ12472. (*) Abogado Laboralista, Universidad Nacional de Cuyo. Magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, Universidad Nacional de Tres de Febrero. Miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario. Integrante de la fundamentación de la «Carta Sociolaboral Latinoamericana», documento de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Presidente de la Comisión de Seguimiento de la Reforma Laboral del Colegio de Abogados de Rosario, período 2016-2017. Conferencista y autor de artículos de doctrina en distintas publicaciones jurídicas.

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