Asesoramiento Jurídico

Problemas de Trabajo - Trabajador/a informate acerca de tus derechos

Consultas sin cargo a trabajadores/as

Sebastián Serrano Alou

Abogado Laboralista de la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina - Magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, Universidad Nacional de Tres de Febrero

serranoalou@yahoo.com.ar

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18 sept. 2016

DOCUMENTO DE LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS LABORALISTAS DE ROSARIO “FRENTE AL ‘NUEVO’ MODELO SOCIO-ECONÓMICO Y LABORAL”

El “nuevo” modelo socio económico y laboral: El nuevo gobierno nacional debutó desplegando una serie de medidas económicas y sociales (buena parte de ellas ya anunciadas durante la campaña electoral y otras enfáticamente negadas en aquel momento) consistentes en una devaluación de la moneda de alrededor del 60%, miles de despidos de trabajadores del sector público, la desregulación de la actividad financiera, la vuelta al ciclo de endeudamiento externo, el sometimiento a las recetas recesivas del FMI y del Banco Mundial, la apertura de importaciones sin salvaguardas para la industria nacional, la baja sustancial y/o eliminación de las retenciones a la exportación, aumentos salvajes en las tarifas de los servicios públicos, la fijación de altísimas tasas de interés de referencia por el BCRA (que desalientan la inversión productiva) y otras medidas en la misma línea. Una vuelta al Neoliberalismo puro y duro. 

               Los efectos socio-económicos y, en lo que en aquí nos interesa recalcar, los laborales, de este “nuevo” modelo implantado en el país a partir de la asunción del Gobierno de la alianza “CAMBIEMOS” no se han hecho esperar: el aumento del desempleo y de la precarización laboral, aumento de la inflación, baja del poder adquisitivo de los salarios con la consecuente caída del consumo interno, aumento exponencial de la pobreza y de la indigencia, brutal transferencia de ingresos del trabajo al capital, crecimiento de la cantidad de conflictos sociales y colectivos, baja de la actividad industrial y comercial, en un combo que no sorprende tanto como preocupa, que se retroalimenta y que no es el fruto de meros errores de concepción y de cálculo sino el resultado de un modelo que, precisamente, busca –en su costado laboral- el disciplinamiento de la clase obrera para la aceptación forzada de peores condiciones de trabajo y, mediante las mismas, poder retornar a los niveles históricos de la tasa de ganancia empresaria [1].

               Como respuesta a los graves efectos sociales y laborales de estas medidas, el conflicto va ganando la calle (en tal sentido, la reciente Marcha Federal es una clara y valiosa señal como acto organizado de resistencia colectiva, paso previo a un necesario Paro General que sea parte de un Plan de Lucha consensuado por distintas organizaciones sindicales, sociales y políticas). La represión parece ser una de las principales reacciones del Gobierno ante una situación que se le va yendo de las manos. Es evidente que al Gobierno Nacional le resultará imposible contener la creciente disconformidad social por más Protocolos Antipiquetes o medidas de similar tenor que adopte. 

               Y, bien vale aclararlo, no se persigue con este modelo beneficiar a todo el arco empresarial sino a aquellos conglomerados económicos aliados estratégicamente con el actual Gobierno (al cual, inclusive, le han facilitado un ejército de CEOS para ocupar lugares centrales en la conducción del Estado); hablamos, principalmente, de las empresas que tienen atados sus intereses al mercado externo (exportación) incluyendo al Campo y al gran capital financiero. Ahora bien, si de colocar la producción industrial se trata, se sabe que una cosa es exportar, en cuyo caso el salario se convierte en un mero costo y otra cosa es vender lo producido en el mercado interno, en cuyo caso el salario es un dinamizador del consumo; así, en el primer caso, cuanto más bajo sea mejor para el empresario exportador, mientras que, en el segundo caso, salarios a la baja afectan la capacidad de consumo de los destinatarios de esa producción, los consumidores argentinos y a las Pymes que destinan al mercado interno toda o buena parte de esa producción.

               A nivel local y regional se constata también el crecimiento progresivo de las suspensiones y de los despidos en las empresas y un panorama de corto y mediano plazo que promete el recrudecimiento de la expulsión de mano de obra en la industria y en el comercio. Esta cruda realidad socio-laboral interpela al Gobierno, que se empecina en negarla escudándose en un elaborado relato mediático sobre “la pesada herencia” y en la promesa de un futuro cercano y venturoso al que se llegará luego de pasar el trago amargo que –asegura- debe tolerar el Pueblo para poder “sincerar” las variables económicas.

               Dejemos de lado el marketing político y hablemos claro: nada bueno puede derivarse para los trabajadores de políticas que, precisamente, apuntan a la brutal transferencia de ingresos de éstos a las grandes empresas y al mundo de las finanzas; el derrame tampoco se producirá o, en el mejor de los casos, excluirá de sus eventuales y prometidos beneficios a crecientes sectores de la población. Se trata de cambios estructurales con vocación de permanencia en el tiempo, no de efectos negativos y coyunturales no deseados que se corregirán en ese anunciado paraíso social al que, ya se sabe, nunca se arribará, menos aún si se nos quiere convencer de que debemos atravesar previamente un ajuste de las apuntadas características [2].

               Es suficiente con tener algo de memoria para no sorprenderse ante el retorno de crudas propuestas de flexibilización de las normas laborales (entre ellas, la supresión de la indemnización por despido, que se pretende reemplazar con un fondo de desempleo similar al régimen vigente desde 1967 para los trabajadores de la construcción), de reformas que tienden a la semiprivatización del sistema de Seguridad Social y al vaciamiento del régimen estatal de reparto, de una reforma regresiva (incluso ya anunciada) a la Ley de Riesgos del Trabajo (bajo la excusa de la alta litigiosidad, silenciando sus causas principales, vinculadas a las históricas deficiencias en la prevención de los riesgos en el trabajo), de los renovados ataques a los  dirigentes sindicales que resistan la demolición del Derecho Laboral, a los abogados laboralistas y a la Justicia de Trabajo, en tanto se pueden constituir en ámbitos de resistencia al renovado embate neoliberal [3].

               Otras reformas en ciernes apuntan a la sustitución de los convenios de actividad por los convenios de empresa o sectoriales, la supresión de la ultraactividad de los convenios colectivos, y la no aplicación de los existentes sobre el personal nuevo, la generalización de los contratos temporarios que irían sustituyendo al personal con estabilidad relativa por personal nuevo sin ningún tipo de estabilidad, lo que, en condiciones de aumento de la legión de desocupados, ésta presionaría en un sentido favorable a la reducción salarial y al acceso a nuevos empleos con contratos basura; ello sería presentado a la sociedad como un avance frente al elevado nivel actual de trabajo no registrado, ya que las empresas accederían a blanquear a sus trabajadores en las nuevas condiciones degradadas de ocupación (tal el caso del proyecto de ley de “Primer empleo Joven”, por ejemplo). Tal es la tendencia del capitalismo en Europa y EE UU y tales son las exigencias para los países de nuestra región incluidas en el Tratado del Pacífico, del que hoy participa nuestro país en calidad de observador. Se trata, en buena medida, de una vuelta a lo peor de las políticas implementadas en los 90’; una “reflexibilización” de la normativa laboral con algunas variantes no tan novedosas.

               La avanzada gubernamental ya se inició hace algún tiempo mediante una ofensiva en el frente normativo con el veto presidencial a la ley antidespidos, el anunciado proyecto de empleo joven y con la introducción en la agenda ministerial de la productividad laboral y de la existencia de empresas “viables” e “inviables” [4] (medido esto último solo en términos “de caja” pero, jamás, en términos socio-laborales), así como el anuncio de normas de flexibilización en el derecho individual del trabajo. Cada propuesta de reforma legal regresiva viene siendo presentada bajo un ropaje conveniente, ocultando los negativos cambios sustanciales de cada proyecto tras un barniz de progreso; así, lo que será indudablemente perjudicial para los trabajadores y jubilados aparecerá velado bajo falsas promesas. La secuencia histórica también nos es conocida: es necesario imponer primero la flexibilización de hecho para, luego, poder imponer más fácilmente la de las normas del Derecho Laboral y de la Seguridad Social.

Lo que se está discutiendo, en el fondo, además de la distribución regresiva del ingreso nacional y la vuelta a los niveles históricos de la tasa de ganancia empresaria, es la distribución del poder social, el poder de los grupos económicos empresariales al interior de las empresas y de la Sociedad, mediante el disciplinamiento de los trabajadores y de sus sindicatos.

La A.A.L.R. renueva su compromiso con la clase trabajadora y en defensa del Derecho del Trabajo y del Fuero Laboral, sumándose a las luchas colectivas en pos de una sociedad justa, sin explotadores ni explotados.




[1] Se ha afirmado en este sentido que: “La inducción a la baja de los salarios reales es, además, un componente central del nuevo modelo económico. El éxito de una devaluación se basa, precisamente, en que los salarios crezcan menos que los precios. Estructuralmente, la única manera efectiva y conocida para conseguir una reducción salarial real es mediante la disminución del poder de negociación de los trabajadores, lo que ocurre cuando aumenta la desocupación”.  “…”  .“Aunque dependiendo de la perspectiva teórica la problemática económica puede depender de distintas variables, financieras y reales, lo que está detrás de todas las disputas es el nivel de salarios y su contrapartida, la tasa de ganancia. El objetivo de las derechas neoliberales es siempre la reducción de salarios, que sería la baja “competitiva” de los costos empresarios. Esta distribución regresiva, con independencia de su nivel, ocurre en todos los países en los que llegan al poder, sea el centro o la periferia, Estados Unidos y Europa o América latina” (Ver art. de Claudio Scaletta: “DERECHA Y SALARIOS”, publicado en la contratapa del Suplemento “CASH” del diario “Página 12”, edición del domingo 10.01.16).
[2] Citamos nuevamente a Scaletta: “Y aunque desde la oposición se advierta que ‘está todo mal’, que se trata de políticas internamente clasistas y externamente subordinadas a los poderes globales, recetas con probados malos resultados en el pasado, se están produciendo “exitosamente” cambios profundos. Los ejes del nuevo régimen son tres: el fin del desendeudamiento, la deconstrucción del tejido industrial y el aumento del desempleo. Se trata de tres dimensiones, financiera, real y social, con inevitables efectos de largo plazo y difíciles de revertir” (Ver art. de Claudio Scaletta: “LA APLANADORA”, publicado en la contratapa del Suplemento “CASH” del diario “Página 12”, edición del domingo 15.05.16).
[3] Ocurre otra vez lo que en su momento la abogada y socióloga (e Investigadora del CONICET) Irene Vasilachis de Gialdino dió en llamar "la creación de un contexto catástrofe" por parte de los grupos de poder beneficiados con el sistema socio-económico y laboral imperante (vinculado a la posible aprobación de determinadas normas protectorias de los derechos de los trabajadores, que no constituyen en modo alguno un paquete de reformas de fondo[3]), pretendiendo con dicha campaña invertir el sentido del conflicto capital-trabajo y ubicarse como las víctimas de un sistema (legal, judicial y gremial) perverso, respecto del que afirman es sobreprotector de los trabajadores y perjudicial para la producción, las inversiones,  las empresas y el país (pretendiendo identificar en último término la suerte de sus negocios privados con el destino del país). Así, en dicho contexto, los victimarios pasan a ser los trabajadores, los sindicatos, sus abogados defensores, los jueces del trabajo -si fallan a favor de los obreros-, los legisladores -si aprueban ciertas leyes protectorias-, el Gobierno de turno -si promueve dicha protección- y, las víctimas, las empresas y los empresarios, conocida manera de operar sobre el debate socio económico y laboral, generando temor en la sociedad (“se ahuyentarán las inversiones”, “habrá más desocupación”, “volverá la industria del juicio”, etc.), culpabilizando a los trabajadores por los efectos supuestamente negativos que sus (legítimos) reclamos pueden generar, para así de continuar sacando provecho en la puja distributiva por la riqueza generada por el trabajo y en definitiva, en la puja de poder.
[4] Ver diario “PÁGINA 12”, edición del 24.05.16, Sección “Economía”: “EL GOBIERNO OTORGARA AYUDA SOLO A EMPRESAS QUE CONSIDERE SUSTENTABLES. La vuelta de las industrias inviables. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, reflotó en una reunión en la Unión Industrial el concepto de empresas viables e inviables del menemismo. Dijo que sólo las primeras recibirán los Repro. “En toda economía hay empresas que mueren y nacen”, afirmó”, nota de Cristian Carrillo.

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