El “nuevo” modelo socio
económico y laboral: El nuevo gobierno nacional
debutó desplegando una serie de medidas económicas y sociales (buena parte de
ellas ya anunciadas durante la campaña electoral y otras enfáticamente negadas
en aquel momento) consistentes en una devaluación de la moneda de alrededor del
60%, miles de despidos de trabajadores del sector público, la desregulación de
la actividad financiera, la vuelta al ciclo de endeudamiento externo, el
sometimiento a las recetas recesivas del FMI y del Banco Mundial, la apertura
de importaciones sin salvaguardas para la industria nacional, la baja
sustancial y/o eliminación de las retenciones a la exportación, aumentos
salvajes en las tarifas de los servicios públicos, la fijación de altísimas
tasas de interés de referencia por el BCRA (que desalientan la inversión
productiva) y otras medidas en la misma línea. Una vuelta al Neoliberalismo
puro y duro.
Los efectos socio-económicos y,
en lo que en aquí nos interesa recalcar, los laborales, de este “nuevo” modelo
implantado en el país a partir de la asunción del Gobierno de la alianza
“CAMBIEMOS” no se han hecho esperar: el aumento del desempleo y de la
precarización laboral, aumento de la inflación, baja del poder adquisitivo de
los salarios con la consecuente caída del consumo interno, aumento exponencial
de la pobreza y de la indigencia, brutal transferencia de ingresos del trabajo
al capital, crecimiento de la cantidad de conflictos sociales y colectivos,
baja de la actividad industrial y comercial, en un combo que no sorprende tanto
como preocupa, que se retroalimenta y que no es el fruto de meros errores de
concepción y de cálculo sino el resultado de un modelo que, precisamente, busca
–en su costado laboral- el disciplinamiento de la clase obrera para la
aceptación forzada de peores condiciones de trabajo y, mediante las mismas,
poder retornar a los niveles históricos de la tasa de ganancia empresaria [1].
Como respuesta a los graves
efectos sociales y laborales de estas medidas, el conflicto va ganando la calle
(en tal sentido, la reciente Marcha Federal es una clara y valiosa señal como
acto organizado de resistencia colectiva, paso previo a un necesario Paro
General que sea parte de un Plan de Lucha consensuado por distintas
organizaciones sindicales, sociales y políticas). La represión parece ser una
de las principales reacciones del Gobierno ante una situación que se le va
yendo de las manos. Es evidente que al Gobierno Nacional le resultará imposible
contener la creciente disconformidad social por más Protocolos Antipiquetes o
medidas de similar tenor que adopte.
Y, bien vale aclararlo, no se
persigue con este modelo beneficiar a todo el arco empresarial sino a aquellos
conglomerados económicos aliados estratégicamente con el actual Gobierno (al
cual, inclusive, le han facilitado un ejército de CEOS para ocupar lugares
centrales en la conducción del Estado); hablamos, principalmente, de las
empresas que tienen atados sus intereses al mercado externo (exportación)
incluyendo al Campo y al gran capital financiero. Ahora bien, si de colocar la
producción industrial se trata, se sabe que una cosa es exportar, en cuyo caso
el salario se convierte en un mero costo y otra cosa es vender lo producido en
el mercado interno, en cuyo caso el salario es un dinamizador del consumo; así,
en el primer caso, cuanto más bajo sea mejor para el empresario exportador,
mientras que, en el segundo caso, salarios a la baja afectan la capacidad de
consumo de los destinatarios de esa producción, los consumidores argentinos y a
las Pymes que destinan al mercado interno toda o buena parte de esa producción.
A nivel local y regional se constata
también el crecimiento progresivo de las suspensiones y de los despidos en las
empresas y un panorama de corto y mediano plazo que promete el recrudecimiento
de la expulsión de mano de obra en la industria y en el comercio. Esta cruda
realidad socio-laboral interpela al Gobierno, que se empecina en negarla
escudándose en un elaborado relato mediático sobre “la pesada herencia” y en la
promesa de un futuro cercano y venturoso al que se llegará luego de pasar el
trago amargo que –asegura- debe tolerar el Pueblo para poder “sincerar” las
variables económicas.
Dejemos de lado el marketing
político y hablemos claro: nada bueno puede derivarse para los trabajadores de
políticas que, precisamente, apuntan a la brutal transferencia de ingresos de
éstos a las grandes empresas y al mundo de las finanzas; el derrame tampoco se
producirá o, en el mejor de los casos, excluirá de sus eventuales y prometidos
beneficios a crecientes sectores de la población. Se trata de cambios
estructurales con vocación de permanencia en el tiempo, no de efectos negativos
y coyunturales no deseados que se corregirán en ese anunciado paraíso social al
que, ya se sabe, nunca se arribará, menos aún si se nos quiere convencer de que
debemos atravesar previamente un ajuste de las apuntadas características [2].
Es suficiente con tener algo de
memoria para no sorprenderse ante el retorno de crudas propuestas de
flexibilización de las normas laborales (entre ellas, la
supresión de la indemnización por despido, que se pretende reemplazar con un
fondo de desempleo similar al régimen vigente desde 1967 para los trabajadores
de la construcción),
de reformas que tienden a la semiprivatización del sistema de Seguridad Social
y al vaciamiento del régimen estatal de reparto, de una reforma regresiva (incluso
ya anunciada) a la Ley de Riesgos del Trabajo (bajo la excusa de la alta
litigiosidad, silenciando sus causas principales, vinculadas a las históricas
deficiencias en la prevención de los riesgos en el trabajo), de los renovados
ataques a los dirigentes sindicales que
resistan la demolición del Derecho Laboral, a los abogados laboralistas y a la
Justicia de Trabajo, en tanto se pueden constituir en ámbitos de resistencia al
renovado embate neoliberal [3].
Otras
reformas en ciernes apuntan a la sustitución de los convenios de actividad por
los convenios de empresa o sectoriales, la supresión de la ultraactividad de
los convenios colectivos, y la no aplicación de los existentes sobre el
personal nuevo, la generalización de los contratos temporarios que irían
sustituyendo al personal con estabilidad relativa por personal nuevo sin ningún
tipo de estabilidad, lo que, en condiciones de aumento de la legión de
desocupados, ésta presionaría en un sentido favorable a la reducción salarial y
al acceso a nuevos empleos con contratos basura; ello sería presentado a la
sociedad como un avance frente al elevado nivel actual de trabajo no
registrado, ya que las empresas accederían a blanquear a sus trabajadores en
las nuevas condiciones degradadas de ocupación (tal el caso del proyecto de ley
de “Primer empleo Joven”, por ejemplo). Tal es la tendencia del capitalismo en
Europa y EE UU y tales son las exigencias para los países de nuestra región
incluidas en el Tratado del Pacífico, del que hoy participa nuestro país en
calidad de observador. Se trata, en buena medida, de una vuelta a lo
peor de las políticas implementadas en los 90’; una “reflexibilización” de la
normativa laboral con algunas variantes no tan novedosas.
La avanzada gubernamental ya se
inició hace algún tiempo mediante una ofensiva en el frente normativo con el
veto presidencial a la ley antidespidos, el anunciado proyecto de empleo joven
y con la introducción en la agenda ministerial de la productividad laboral y de
la existencia de empresas “viables” e “inviables” [4]
(medido esto último solo en términos “de caja” pero, jamás, en términos
socio-laborales), así como el anuncio de normas de flexibilización en el
derecho individual del trabajo. Cada propuesta de reforma legal regresiva viene
siendo presentada bajo un ropaje conveniente, ocultando los negativos cambios
sustanciales de cada proyecto tras un barniz de progreso; así, lo que será
indudablemente perjudicial para los trabajadores y jubilados aparecerá velado
bajo falsas promesas. La secuencia histórica también nos es conocida: es
necesario imponer primero la flexibilización de hecho para, luego, poder
imponer más fácilmente la de las normas del Derecho Laboral y de la Seguridad
Social.
Lo
que se está discutiendo, en el fondo, además de la distribución regresiva del
ingreso nacional y la vuelta a los niveles históricos de la tasa de ganancia
empresaria, es la distribución del poder social, el poder de los grupos
económicos empresariales al interior de las empresas y de la Sociedad, mediante
el disciplinamiento de los trabajadores y de sus sindicatos.
La
A.A.L.R. renueva su compromiso con la clase trabajadora y en defensa del
Derecho del Trabajo y del Fuero Laboral, sumándose a las luchas colectivas en
pos de una sociedad justa, sin explotadores ni explotados.
[1] Se ha afirmado en
este sentido que: “La inducción a la baja
de los salarios reales es, además, un componente central del nuevo modelo
económico. El éxito de una devaluación se basa, precisamente, en que los
salarios crezcan menos que los precios. Estructuralmente, la única manera
efectiva y conocida para conseguir una reducción salarial real es mediante la
disminución del poder de negociación de los trabajadores, lo que ocurre cuando
aumenta la desocupación”. “…” .“Aunque dependiendo de la perspectiva
teórica la problemática económica puede depender de distintas variables,
financieras y reales, lo que está detrás de todas las disputas es el nivel de
salarios y su contrapartida, la tasa de ganancia. El objetivo de las derechas
neoliberales es siempre la reducción de salarios, que sería la baja
“competitiva” de los costos empresarios. Esta distribución regresiva, con
independencia de su nivel, ocurre en todos los países en los que llegan al
poder, sea el centro o la periferia, Estados Unidos y Europa o América latina” (Ver
art. de Claudio Scaletta: “DERECHA Y
SALARIOS”, publicado en la contratapa del Suplemento “CASH” del diario
“Página 12”, edición del domingo 10.01.16).
[2] Citamos nuevamente a
Scaletta: “Y aunque desde la oposición se
advierta que ‘está todo mal’, que se trata de políticas internamente clasistas
y externamente subordinadas a los poderes globales, recetas con probados malos
resultados en el pasado, se están produciendo “exitosamente” cambios profundos.
Los ejes del nuevo régimen son tres: el fin del desendeudamiento, la
deconstrucción del tejido industrial y el aumento del desempleo. Se trata de
tres dimensiones, financiera, real y social, con inevitables efectos de largo
plazo y difíciles de revertir” (Ver art. de Claudio Scaletta: “LA APLANADORA”, publicado en la
contratapa del Suplemento “CASH” del diario “Página 12”, edición del domingo
15.05.16).
[3] Ocurre otra vez lo
que en su momento la abogada y socióloga (e Investigadora del CONICET) Irene
Vasilachis de Gialdino dió en llamar "la creación de un contexto
catástrofe" por parte de los grupos de poder beneficiados con el
sistema socio-económico y laboral imperante (vinculado a la posible aprobación
de determinadas normas protectorias de los derechos de los trabajadores, que no
constituyen en modo alguno un paquete de reformas de fondo[3]), pretendiendo con
dicha campaña invertir el sentido del conflicto capital-trabajo y ubicarse como
las víctimas de un sistema (legal, judicial y gremial) perverso, respecto del
que afirman es sobreprotector de los trabajadores y perjudicial para la
producción, las inversiones, las
empresas y el país (pretendiendo identificar en último término la suerte de sus
negocios privados con el destino del país). Así, en dicho contexto, los
victimarios pasan a ser los trabajadores, los sindicatos, sus abogados
defensores, los jueces del trabajo -si fallan a favor de los obreros-, los
legisladores -si aprueban ciertas leyes protectorias-, el Gobierno de turno -si
promueve dicha protección- y, las víctimas, las empresas y los empresarios,
conocida manera de operar sobre el debate socio económico y laboral, generando
temor en la sociedad (“se ahuyentarán las inversiones”, “habrá más
desocupación”, “volverá la industria del juicio”, etc.),
culpabilizando a los trabajadores por los efectos supuestamente negativos que
sus (legítimos) reclamos pueden generar, para así de continuar sacando provecho
en la puja distributiva por la riqueza generada por el trabajo y en definitiva,
en la puja de poder.
[4] Ver diario “PÁGINA
12”, edición del 24.05.16, Sección “Economía”: “EL GOBIERNO OTORGARA AYUDA SOLO A EMPRESAS QUE CONSIDERE SUSTENTABLES.
La vuelta de las industrias inviables. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca,
reflotó en una reunión en la Unión Industrial el concepto de empresas viables e
inviables del menemismo. Dijo que sólo las primeras recibirán los Repro. “En
toda economía hay empresas que mueren y nacen”, afirmó”, nota
de Cristian Carrillo.
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