Le Monde Diplomatique - Edición Nro 131 - Mayo de 2010
1974/2002: tres décadas de retroceso
Una sociedad empobrecida
Por Julio C. Gambina
La República Argentina exhibe un presente problemático. En el período transcurrido entre 1976 y la crisis de 2001/02, todos los gobiernos -desde la dictadura militar hasta los democráticos de distinto signo- practicaron políticas "aperturistas" o de "ajuste". Este modelo de acumulación económica, además de enajenar bienes esenciales y endeudar al país, produjo efectos devastadores en la sociedad argentina, que hoy presenta niveles de pobreza y fragmentación desconocidos en toda su historia . A la corrupción policial se contrapone el intento de reconciliación de las Fuerzas Armadas con la sociedad, gracias a una política educativa que comienza a dar frutos.
La estrategia aperturista de la economía argentina impulsada desde marzo de 1976 tendió a objetivos sobradamente conocidos. Simultáneamente, buscó desmantelar el Estado de Bienestar organizado en el país en la década de 1940. Es posible distinguir dos etapas, según el régimen político de gobierno: a) el ajuste en dictadura militar (1976-1983) y b) el ajuste en democracia (1983-2002). Este último período, caracterizado por gobiernos civiles de distinto signo partidario y diferente intensidad en la aplicación de similares políticas neoliberales, puede subdividirse a su vez en tres momentos: el gobierno radical, el justicialista y el de la Alianza.
El ajuste en dictadura
El gobierno surgido del golpe de Estado de marzo de 1976 adoptó un modelo de acumulación sustancialmente diferente a todos los del pasado, virando diametralmente las orientaciones de industrialización sustitutiva vigentes desde 1930 y apuntando a lograr un disciplinamiento social generalizado mediante el cambio drástico de la antigua estructura de relaciones económicas, sociales y políticas.
En la concepción de la coalición cívico-militar, el ansiado disciplinamiento político e institucional de la clase obrera -más allá del avasallamiento de sus instituciones corporativas y de representación política y de la feroz represión- sólo se lograría mediante una modificación drástica de las condiciones estructurales que habían alentado históricamente el desarrollo de esa clase; es decir, mediante una modificación profunda del modelo industrializador.
Así, algunos de los preceptos centrales del nuevo modelo dejan su huella indeleble en las transferencias de empleo. Por ejemplo, en la subutilización abierta de la mano de obra: de 1974 a 1986, la tasa de desocupación pasa de 3,4% a 5,2%; la de subocupación horaria de 4,6% a 7,4% y aumenta considerablemente el desempleo oculto (abandono por desaliento en la búsqueda de empleo; ver Cuadro 1).
Por otra parte, se produce una notoria desaceleración del empleo asalariado industrial de clase media (empleados administrativos), así como una renovada expansión del cuentapropismo industrial, tanto de clase media como obrera. La fuerza de trabajo urbana deriva hacia la construcción y el sector servicios, que crecen a ritmo acelerado.
Otro aspecto del deterioro del mercado de trabajo se refiere a la morfología interna de los ocupados plenos. Entre 1974 y 1986, los asalariados registrados disminuyen de 56,9% a 51,4% de la Población Económicamente Activa (PEA); al tiempo que aumentan los no asalariados (categoría que incluye a cuentapropistas y empleadores informales) de 28,6% a 33,0%; así como el trabajo precario: de 18,8% a 20,9%.
En suma, el reflujo de mano de obra asalariada estable derivó hacia el cuentapropismo informal o subempleo oculto, más que hacia puestos asalariados de mala calidad (noregistrado o "en negro"), como acontecería posteriormente.
Por otra parte, el desempleo abierto afectó a todos los trabajadores, con mayor intensidad en los estratos inferiores, que además sufrieron la desocupación de más larga duración y la más alta rotación en el empleo. Los trabajadores menos calificados también experimentaron la mayor incidencia del trabajo no registrado.
En cuanto a la distribución del ingreso, en el lapso 1974-1986 el ingreso total de los hogares disminuyó de 6,1% a 4,9% en los dos primeros deciles 1; y de 67% a 63,2% en los deciles 3 a 9 (Cuadro 2). Es decir, que resignaron ingresos tanto las capas sociales más bajas como las medias. Esos ingresos se trasladaron al último decil -el de mayores ingresos-, que pasó de 26,9% en 1974, a 31,9% en 1986. Entre 1974 y 1980, la participación de la masa salarial como porcentaje del PBI cae de 48,5% a 30,8%, el más brusco deterioro anual promedio de toda la serie, si se excluye la caída inducida por la crisis de 2001-2002 (Cuadro 3).
Por primera vez en varias décadas, se produce una abrupta movilidad social descendente, tanto desde el punto de vista de la inserción ocupacional como del de la percepción de ingresos. Este descenso afectó a todos los estratos de clase obrera y a la mayor parte de los de clase media.
En la concepción de la coalición cívico-militar, el ansiado disciplinamiento político e institucional de la clase obrera -más allá del avasallamiento de sus instituciones corporativas y de representación política y de la feroz represión- sólo se lograría mediante una modificación drástica de las condiciones estructurales que habían alentado históricamente el desarrollo de esa clase; es decir, mediante una modificación profunda del modelo industrializador.
Así, algunos de los preceptos centrales del nuevo modelo dejan su huella indeleble en las transferencias de empleo. Por ejemplo, en la subutilización abierta de la mano de obra: de 1974 a 1986, la tasa de desocupación pasa de 3,4% a 5,2%; la de subocupación horaria de 4,6% a 7,4% y aumenta considerablemente el desempleo oculto (abandono por desaliento en la búsqueda de empleo; ver Cuadro 1).
Por otra parte, se produce una notoria desaceleración del empleo asalariado industrial de clase media (empleados administrativos), así como una renovada expansión del cuentapropismo industrial, tanto de clase media como obrera. La fuerza de trabajo urbana deriva hacia la construcción y el sector servicios, que crecen a ritmo acelerado.
Otro aspecto del deterioro del mercado de trabajo se refiere a la morfología interna de los ocupados plenos. Entre 1974 y 1986, los asalariados registrados disminuyen de 56,9% a 51,4% de la Población Económicamente Activa (PEA); al tiempo que aumentan los no asalariados (categoría que incluye a cuentapropistas y empleadores informales) de 28,6% a 33,0%; así como el trabajo precario: de 18,8% a 20,9%.
En suma, el reflujo de mano de obra asalariada estable derivó hacia el cuentapropismo informal o subempleo oculto, más que hacia puestos asalariados de mala calidad (noregistrado o "en negro"), como acontecería posteriormente.
Por otra parte, el desempleo abierto afectó a todos los trabajadores, con mayor intensidad en los estratos inferiores, que además sufrieron la desocupación de más larga duración y la más alta rotación en el empleo. Los trabajadores menos calificados también experimentaron la mayor incidencia del trabajo no registrado.
En cuanto a la distribución del ingreso, en el lapso 1974-1986 el ingreso total de los hogares disminuyó de 6,1% a 4,9% en los dos primeros deciles 1; y de 67% a 63,2% en los deciles 3 a 9 (Cuadro 2). Es decir, que resignaron ingresos tanto las capas sociales más bajas como las medias. Esos ingresos se trasladaron al último decil -el de mayores ingresos-, que pasó de 26,9% en 1974, a 31,9% en 1986. Entre 1974 y 1980, la participación de la masa salarial como porcentaje del PBI cae de 48,5% a 30,8%, el más brusco deterioro anual promedio de toda la serie, si se excluye la caída inducida por la crisis de 2001-2002 (Cuadro 3).
Por primera vez en varias décadas, se produce una abrupta movilidad social descendente, tanto desde el punto de vista de la inserción ocupacional como del de la percepción de ingresos. Este descenso afectó a todos los estratos de clase obrera y a la mayor parte de los de clase media.
El gobierno radical
El gobierno democrático (1983/89) heredó una situación económica caótica, con enorme déficit fiscal y presiones inflacionarias, problemas a los que se agregaron las vicisitudes políticas de la transición democrática.
Entre 1983 y 1991, la tasa de desocupación abierta se mantiene inferior al 7%, un nivel relativamente bajo teniendo en cuenta la intensidad del deterioro económico durante ese lapso. La subocupación horaria tuvo una evolución similar.
El deterioro de la situación ocupacional en este período se visualiza mejor observando, con datos censales, cómo cambia la composición de la mano de obra. Entre 1980 y 1991 la subutilización abierta fue acompañada de modificaciones sustanciales en las formas de inserción laboral de los ocupados plenos (con jornada normal). Se acentúan la desalarización de la fuerza de trabajo total, la informalización y la precarización de los asalariados; se acelera el aumento del cuentapropismo y se tiende a la informalización de los empleadores (aumento del sector microempresarial). Por lo demás, prosiguió la expansión ocupacional del sector terciario y volvió a disminuir la mano de obra ocupada en la industria.
Entre 1986 y 1991 los asalariados registrados perdieron casi 3% de su participacion en el ingreso nacional; los no asalariados resignaron 4% en igual lapso; los asalariados no registrados pasaron del 20,9% de la PEA a 29,9%, y esto aun sin contar al servicio doméstico.
En 1984 se registró una importante pero momentánea recuperación de las remuneraciones reales, que se redujeron brutalmente durante los brotes hiperinflacionarios de 1989 y 1990. Con base 100 en 1986, las remuneraciones reales en 1989 representaban 61.
Esta evolución del ingreso medio, sumada a las tendencias del desempleo y el subempleo, hizo que la renta total de los hogares de los 9 primeros deciles retrocediese en su participación en el ingreso nacional, mientras que la del decil más rico pasó de 32% en 1986 a 34% en 1991.
Los efectos sobre la estructura social urbana de las políticas del período se captan mejor comparando los perfiles de 1980 y 1991 de la PEA total. Se resumen como sigue: drástica desalarización de toda la estructura (el empleo asalariado total representaba 68% de la PEA en 1980 y 61% en 1991); violenta retracción del volumen de la clase media (de 47% a 38%), casi toda explicable por la disminución de su estrato asalariado; aumento del volumen de la clase obrera (de 40% a 43%), casi todo explicable por el crecimiento de su estrato autónomo; abrupto incremento del estrato marginal (de 12% a 18%).
En síntesis, durante la década de 1980 la incapacidad de la economía para generar empleo genuino se resuelve en una fuerte expansión de las dos formas visibles de subutilización (desempleo abierto y subempleo horario); en la disminución y precarización del trabajo asalariado, y en una proliferación de subocupaciones en el sector informal urbano (comercio y servicios), en el sector público (nivel provincial y municipal) y en el servicio doméstico.
La movilidad social volvió pues a mostrarse descendente.
Entre 1983 y 1991, la tasa de desocupación abierta se mantiene inferior al 7%, un nivel relativamente bajo teniendo en cuenta la intensidad del deterioro económico durante ese lapso. La subocupación horaria tuvo una evolución similar.
El deterioro de la situación ocupacional en este período se visualiza mejor observando, con datos censales, cómo cambia la composición de la mano de obra. Entre 1980 y 1991 la subutilización abierta fue acompañada de modificaciones sustanciales en las formas de inserción laboral de los ocupados plenos (con jornada normal). Se acentúan la desalarización de la fuerza de trabajo total, la informalización y la precarización de los asalariados; se acelera el aumento del cuentapropismo y se tiende a la informalización de los empleadores (aumento del sector microempresarial). Por lo demás, prosiguió la expansión ocupacional del sector terciario y volvió a disminuir la mano de obra ocupada en la industria.
Entre 1986 y 1991 los asalariados registrados perdieron casi 3% de su participacion en el ingreso nacional; los no asalariados resignaron 4% en igual lapso; los asalariados no registrados pasaron del 20,9% de la PEA a 29,9%, y esto aun sin contar al servicio doméstico.
En 1984 se registró una importante pero momentánea recuperación de las remuneraciones reales, que se redujeron brutalmente durante los brotes hiperinflacionarios de 1989 y 1990. Con base 100 en 1986, las remuneraciones reales en 1989 representaban 61.
Esta evolución del ingreso medio, sumada a las tendencias del desempleo y el subempleo, hizo que la renta total de los hogares de los 9 primeros deciles retrocediese en su participación en el ingreso nacional, mientras que la del decil más rico pasó de 32% en 1986 a 34% en 1991.
Los efectos sobre la estructura social urbana de las políticas del período se captan mejor comparando los perfiles de 1980 y 1991 de la PEA total. Se resumen como sigue: drástica desalarización de toda la estructura (el empleo asalariado total representaba 68% de la PEA en 1980 y 61% en 1991); violenta retracción del volumen de la clase media (de 47% a 38%), casi toda explicable por la disminución de su estrato asalariado; aumento del volumen de la clase obrera (de 40% a 43%), casi todo explicable por el crecimiento de su estrato autónomo; abrupto incremento del estrato marginal (de 12% a 18%).
En síntesis, durante la década de 1980 la incapacidad de la economía para generar empleo genuino se resuelve en una fuerte expansión de las dos formas visibles de subutilización (desempleo abierto y subempleo horario); en la disminución y precarización del trabajo asalariado, y en una proliferación de subocupaciones en el sector informal urbano (comercio y servicios), en el sector público (nivel provincial y municipal) y en el servicio doméstico.
La movilidad social volvió pues a mostrarse descendente.
El gobierno peronista
Desde abril de 1991, con el Plan de Convertibilidad, el nuevo gobierno (1989/99), pone en marcha una estrategia de desarrollo que retoma -exacerbándolo incluso- el modelo aperturista del gobierno militar, pero ahora con un éxito notable en el control de la inflación y en el crecimiento del PBI, al menos hasta 1998.
Así, el peronismo, que había comenzado a desarrollar el Estado de Bienestar en la década de 1940, fue también el ejecutor de su desmantelamiento en los años 90. El nuevo gobierno introdujo cambios profundos en la legislación laboral, reduciendo la estabilidad en el empleo, promoviendo el empleo legal precario, tolerando el empleo "en negro", bajando costos de contratación y de despido, aliviando las responsabilidades del empleador frente a accidentes de trabajo y quiebras empresarias. Paralelamente, todas las políticas sociales se vieron negativamente afectadas por la modificación de sus reglas de funcionamiento, por la degradación de sus fuentes de financiamiento y por cambios en el régimen de acceso y en el tipo de beneficios.
Durante la década de 1990, la subutilización de la mano de obra se agrava fuertemente: la desocupación abierta pasó del 6% en 1991 a 14,7% en 2000; una evolución similar tuvo la tasa de subocupación horaria.
Las tendencias a la informalización y precarización de los ocupados continuaron a un ritmo aún más acelerado que en los 80. Entre 1991 y 2000 la creación de empleo asalariado fue nula; se saturó el sector de cuentapropismo informal y casi todo el empleo creado fue precario: el trabajo "en negro" pasó de 30% en 1991 a 35% en 2000. Entre 1995 y 1999, la participación de la masa salarial en el PBI pasó de 36,8% a 33,5%.
Otro de los factores que alentó la continuidad del descenso de la movilidad social fue la desregulación de la protección de los trabajadores: disminuyeron las contribuciones patronales destinadas a financiar el costo del despido y ciertos programas sociales; además se fomentaron nuevas modalidades contractuales (períodos de prueba; contratos a tiempo parcial; contratos de aprendizaje y pasantías; límites a la duración de la jornada de trabajo; deterioro de la inspección de las condiciones de trabajo; descentralización de las negociaciones colectivas; etc.).
No existe información precisa sobre los efectos de estas políticas en la estructura social urbana a fines de los 90. No obstante, pueden enunciarse algunas conclusiones razonables. Se agudizaron algunos rasgos ya evidentes a principios de los 80: disminución relativa del volumen de la clase media y su progresiva desalarización; disminución del peso relativo de la clase obrera estable; aumento del estrato marginal.
Todo ello en un contexto de empobrecimiento absoluto (caída por debajo de la "línea de pobreza"), que pasa a abarcar no sólo a sectores obreros estables y a marginales, sino también a las capas medias. O sea, de nuevo un panorama de intensa movilidad social descendente.
Así, el peronismo, que había comenzado a desarrollar el Estado de Bienestar en la década de 1940, fue también el ejecutor de su desmantelamiento en los años 90. El nuevo gobierno introdujo cambios profundos en la legislación laboral, reduciendo la estabilidad en el empleo, promoviendo el empleo legal precario, tolerando el empleo "en negro", bajando costos de contratación y de despido, aliviando las responsabilidades del empleador frente a accidentes de trabajo y quiebras empresarias. Paralelamente, todas las políticas sociales se vieron negativamente afectadas por la modificación de sus reglas de funcionamiento, por la degradación de sus fuentes de financiamiento y por cambios en el régimen de acceso y en el tipo de beneficios.
Durante la década de 1990, la subutilización de la mano de obra se agrava fuertemente: la desocupación abierta pasó del 6% en 1991 a 14,7% en 2000; una evolución similar tuvo la tasa de subocupación horaria.
Las tendencias a la informalización y precarización de los ocupados continuaron a un ritmo aún más acelerado que en los 80. Entre 1991 y 2000 la creación de empleo asalariado fue nula; se saturó el sector de cuentapropismo informal y casi todo el empleo creado fue precario: el trabajo "en negro" pasó de 30% en 1991 a 35% en 2000. Entre 1995 y 1999, la participación de la masa salarial en el PBI pasó de 36,8% a 33,5%.
Otro de los factores que alentó la continuidad del descenso de la movilidad social fue la desregulación de la protección de los trabajadores: disminuyeron las contribuciones patronales destinadas a financiar el costo del despido y ciertos programas sociales; además se fomentaron nuevas modalidades contractuales (períodos de prueba; contratos a tiempo parcial; contratos de aprendizaje y pasantías; límites a la duración de la jornada de trabajo; deterioro de la inspección de las condiciones de trabajo; descentralización de las negociaciones colectivas; etc.).
No existe información precisa sobre los efectos de estas políticas en la estructura social urbana a fines de los 90. No obstante, pueden enunciarse algunas conclusiones razonables. Se agudizaron algunos rasgos ya evidentes a principios de los 80: disminución relativa del volumen de la clase media y su progresiva desalarización; disminución del peso relativo de la clase obrera estable; aumento del estrato marginal.
Todo ello en un contexto de empobrecimiento absoluto (caída por debajo de la "línea de pobreza"), que pasa a abarcar no sólo a sectores obreros estables y a marginales, sino también a las capas medias. O sea, de nuevo un panorama de intensa movilidad social descendente.
El gobierno de la Alianza
El nuevo gobierno, una Alianza de partidos políticos (1999-2001) autodenominada de "centroizquierda", no cambió la orientación aperturista. Su abrupta caída -en medio de graves disturbios sociales y represión policial- fue el producto de una crisis financiera, económica, política y social, que llegó a su punto culminante en los primeros meses de 2002.
La crisis obligó a salir del régimen de convertibilidad, a liberar el mercado cambiario y a una devaluación del 40%. Esto, sumado a los mecanismos diferenciales aplicados para la liquidación de deudas en moneda extranjera, produjo una vez más una impresionante transferencia de activos, que favorecieron una mayor concentración de la propiedad y de los ingresos.
Entre 1999 y 2002 el PBI retrocedió más del 20%. La tasa de desempleo trepó al 17,8%; la desigualdad en los ingresos alcanzó su punto máximo después de la crisis: el decil superior pasó del 34,2% al 42%, mientras la participación de la masa salarial en el PBI pasó de 33,5% en 1999 a 25,4% en 2002.
La crisis obligó a salir del régimen de convertibilidad, a liberar el mercado cambiario y a una devaluación del 40%. Esto, sumado a los mecanismos diferenciales aplicados para la liquidación de deudas en moneda extranjera, produjo una vez más una impresionante transferencia de activos, que favorecieron una mayor concentración de la propiedad y de los ingresos.
Entre 1999 y 2002 el PBI retrocedió más del 20%. La tasa de desempleo trepó al 17,8%; la desigualdad en los ingresos alcanzó su punto máximo después de la crisis: el decil superior pasó del 34,2% al 42%, mientras la participación de la masa salarial en el PBI pasó de 33,5% en 1999 a 25,4% en 2002.
Una visión de conjunto
Entre 1976 y 2002, tanto la dictadura militar como los gobiernos de distinto signo que la sucedieron provocaron el mayor retroceso social de la historia del país.
En el plano demográfico, se precipitó el decrecimiento de la población total, como resultado del descenso de la natalidad y del saldo migratorio neto, que por primera vez pasa a tener signo negativo. Argentina pasó de ser un país de inmigración neta a la condición de país de coexistencia de emigración neta nativa e inmigración neta regional; esto último como resultado de la sobrevaluación del peso en la década del 90, que aún con bajos salarios permitía a los inmigrantes enviar dólares a sus familias. Estos trabajadores, en general sometidos a penosas condiciones de precarización, pasaron a competir con la masa de trabajadores locales que derivaba hacia la misma situación.
En cuanto a la partida (exilio) de argentinos nativos, empezó por razones políticas en los años 70 y continuó luego por razones económicas. Por su parte, los movimientos migratorios internos se reorientaron hacia las ciudades de tamaño intermedio, apareciendo así cordones de pobreza alrededor de ciudades del interior.
También cambió la distribución espacial de la población. Particularmente significativa es la aparición de fuertes tendencias a la segregación socio-residencial, por la creación de condominios privados cerrados y separados de los antiguos espacios geográficos integrados. Esto redundó en la ampliación de la brecha social entre los nuevos polos socio-residenciales y la antigua cuadrícula urbana.
En cuanto a la organización familiar: es la estructura social que más cambió entre 1970 y 2000, sobre todo en los estratos más carenciados del espectro social, pero también en sectores de clase media. Estos trastocamientos sin duda forman parte de cambios culturales planetarios que coexistieron con el ajuste económico, pero no hay dudas de que en Argentina éste les confirió una impronta particular.
Respecto a la morfología de las familias, se observa un rápido crecimiento de los hogares unipersonales; se incrementan las familias monoparentales (sobre todo encabezadas por una mujer); emergen las familias ensambladas; se incrementa el hacinamiento familiar. Factores todos que tienden a cambiar el contexto en que se socializan los niños de las nuevas generaciones.
La característica esencial del período 1974/2002 es el avance de la pobreza. En todos los gobiernos, este impacto fue diferencial según el estrato social de pertenencia, más agudo cuanto más bajo era ese nivel. El porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza era de 4,2% en 1974; del 42,3% en 2002 (Cuadro 4). El ritmo de incremento fue diferente según los gobiernos, pero con la particularidad de que se aceleró de un gobierno al siguiente. Estudios recientes han demostrado que este fenómeno se vincula más con el modo en que se realiza la apropiación de la riqueza producida socialmente que con las vicisitudes de los mercados de trabajo.
También coadyuvaron al aumento de la pobreza las mutaciones en la previsión social: los haberes jubilatorios alcanzaron mínimos desconocidos en el país; la privatización del sistema en 1994 modificó el patrón distributivo del sistema previsional estableciendo, por primera vez, un modelo de individualización de derechos y beneficios que, entre otros efectos, consolidó definitivamente la exclusión de los trabajadores informales.
En el área de la salud se registró un debilitamiento del Estado, paralelo al fortalecimiento de las asociaciones intermedias y de propuestas neoliberales de incentivos a mayor "eficiencia" en instituciones públicas y privadas: ninguna mejoró la atención de los más necesitados.
Otra dimensión de estudio reciente es la alimentación, puesto que la polarización de los ingresos es también la de las comidas y los cuerpos. Los pobres comen mucho de pocos productos y muy baratos (hambre oculto); en el otro extremo, a medida que aumentan los ingresos se come más caro, más diversificado y con menor energía; por lo tanto de manera más saludable.
En el período se agravó también la dificultad de acceso a la vivienda y la desigualdad entre clases sociales, como consecuencia del retraimiento de la acción estatal y la pérdida de la capacidad regulatoria del Estado.
En el área de la educación se verificaron dos procesos centrales en la evolución de la desigualdad: la masificación escolar y la polarización social. El sistema educativo es más desigual porque tiene más alumnos, cada vez más pobres y desiguales entre sí: las desigualdades sociales penetraron como nunca antes en el sistema educativo.
En el plano demográfico, se precipitó el decrecimiento de la población total, como resultado del descenso de la natalidad y del saldo migratorio neto, que por primera vez pasa a tener signo negativo. Argentina pasó de ser un país de inmigración neta a la condición de país de coexistencia de emigración neta nativa e inmigración neta regional; esto último como resultado de la sobrevaluación del peso en la década del 90, que aún con bajos salarios permitía a los inmigrantes enviar dólares a sus familias. Estos trabajadores, en general sometidos a penosas condiciones de precarización, pasaron a competir con la masa de trabajadores locales que derivaba hacia la misma situación.
En cuanto a la partida (exilio) de argentinos nativos, empezó por razones políticas en los años 70 y continuó luego por razones económicas. Por su parte, los movimientos migratorios internos se reorientaron hacia las ciudades de tamaño intermedio, apareciendo así cordones de pobreza alrededor de ciudades del interior.
También cambió la distribución espacial de la población. Particularmente significativa es la aparición de fuertes tendencias a la segregación socio-residencial, por la creación de condominios privados cerrados y separados de los antiguos espacios geográficos integrados. Esto redundó en la ampliación de la brecha social entre los nuevos polos socio-residenciales y la antigua cuadrícula urbana.
En cuanto a la organización familiar: es la estructura social que más cambió entre 1970 y 2000, sobre todo en los estratos más carenciados del espectro social, pero también en sectores de clase media. Estos trastocamientos sin duda forman parte de cambios culturales planetarios que coexistieron con el ajuste económico, pero no hay dudas de que en Argentina éste les confirió una impronta particular.
Respecto a la morfología de las familias, se observa un rápido crecimiento de los hogares unipersonales; se incrementan las familias monoparentales (sobre todo encabezadas por una mujer); emergen las familias ensambladas; se incrementa el hacinamiento familiar. Factores todos que tienden a cambiar el contexto en que se socializan los niños de las nuevas generaciones.
La característica esencial del período 1974/2002 es el avance de la pobreza. En todos los gobiernos, este impacto fue diferencial según el estrato social de pertenencia, más agudo cuanto más bajo era ese nivel. El porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza era de 4,2% en 1974; del 42,3% en 2002 (Cuadro 4). El ritmo de incremento fue diferente según los gobiernos, pero con la particularidad de que se aceleró de un gobierno al siguiente. Estudios recientes han demostrado que este fenómeno se vincula más con el modo en que se realiza la apropiación de la riqueza producida socialmente que con las vicisitudes de los mercados de trabajo.
También coadyuvaron al aumento de la pobreza las mutaciones en la previsión social: los haberes jubilatorios alcanzaron mínimos desconocidos en el país; la privatización del sistema en 1994 modificó el patrón distributivo del sistema previsional estableciendo, por primera vez, un modelo de individualización de derechos y beneficios que, entre otros efectos, consolidó definitivamente la exclusión de los trabajadores informales.
En el área de la salud se registró un debilitamiento del Estado, paralelo al fortalecimiento de las asociaciones intermedias y de propuestas neoliberales de incentivos a mayor "eficiencia" en instituciones públicas y privadas: ninguna mejoró la atención de los más necesitados.
Otra dimensión de estudio reciente es la alimentación, puesto que la polarización de los ingresos es también la de las comidas y los cuerpos. Los pobres comen mucho de pocos productos y muy baratos (hambre oculto); en el otro extremo, a medida que aumentan los ingresos se come más caro, más diversificado y con menor energía; por lo tanto de manera más saludable.
En el período se agravó también la dificultad de acceso a la vivienda y la desigualdad entre clases sociales, como consecuencia del retraimiento de la acción estatal y la pérdida de la capacidad regulatoria del Estado.
En el área de la educación se verificaron dos procesos centrales en la evolución de la desigualdad: la masificación escolar y la polarización social. El sistema educativo es más desigual porque tiene más alumnos, cada vez más pobres y desiguales entre sí: las desigualdades sociales penetraron como nunca antes en el sistema educativo.
Devenir de las clases sociales
Durante este largo proceso de ajuste, la pérdida de cohesión social emergió tanto en dictadura como en democracia, destruyendo en el camino uno de los atributos distintivos del país: la existencia de amplios estratos medios formados y consolidados a lo largo de casi un siglo.
En cuanto a las clases medias, algunos análisis las señalan como los sectores que más perdieron. En el plano estructural, con mayor o menor énfasis según los momentos, la clase media disminuyó su peso relativo y retrocedió en su modernización (cuentapropismo); comenzó a padecer desocupación y subocupación; sufrió un sensible deterioro en la calidad de sus empleos debido a la devaluación de las credenciales educativas; resignó porciones notables de ingreso y por ende de bienestar; se convirtió por primera vez en un segmento vulnerable a la pobreza; asistió atónita a la confiscación de sus ahorros en el "corralito" que precipitó la crisis política a finales de 2001; cambió drásticamente su valoración de la autonomía personal a expensas de su percepción del entorno familiar. Sin trabajo, sin seguridad social, sin ahorros, muchas familias de clase media cayeron en la situación estigmatizante de "vivir al día", lo que, en el plano simbólico, deterioró su autovaloración como clase, es decir, de los valores con que las elites dominantes habían promovido su emergencia a fines del siglo XIX: la estabilidad y la previsión. Desde mediados de los años 70, la clase media vio bloqueada la permeabilidad social que antaño constituyó para ella el orden natural de las cosas. Perdió uno de sus privilegios más preciados: disponer de un proyecto de progreso con perpectivas reales de verse realizado. Sin proyecto de futuro, sin proyecto de vida, es el presente, el aquí y ahora, el que pierde significado, sentido. Y el presente se tiñe de la desconocida y angustiante amenaza de experimentar movilidad social descendente, intra o intergeneracional.
No obstante, fue mucho más lo que resignaron los sectores por debajo de la clase media. Si algunas políticas del ajuste fueron percibidas como incomprensibles ataques a la clase media, es porque se perdió de vista que, a pesar del deterioro, ésta todavía tenía algo que perder. A los "de abajo" ya no podía sacárseles nada sin poner en peligro su reproducción generacional; es decir, sin poner en peligro un requisito sine qua non de la acumulación capitalista.
Observado lo ocurrido en el conjunto de este período, dos elementos se imponen. Primero, la frecuencia con que aparecen términos tales como "segmentación", "fragmentación", "fragilización", "segregación", "ruptura", "polarización", "exclusión", "desestructuración", etc. Términos todos que evocan la imagen de un bien -nuestra sociedad- que fue centrifugado, pulverizado, a lo largo del proceso. Segundo, que esta destrucción empezó en dictadura pero se agravó en democracia, particularmente en la década de 1990.
Es indudable que el neoliberalismo, que fungió como ideología dominante, no habría podido desarrollarse sin las bases previas establecidas por la dictadura militar mediante una atroz represión. Pero sería peligroso olvidar el papel de las fuerzas políticas que, actuando en democracia, coadyuvaron perversa y conscientemente a la destrucción.
Por lo tanto, el "nunca más" con que los ciudadanos enfrentamos cualquier amenaza a nuestros derechos políticos, debería extenderse a cualquier amenaza que impida restañar el daño que sufrieron nuestros derechos sociales. No es sólo el futuro del bienestar de los argentinos lo que está en juego. Es su democracia.
En cuanto a las clases medias, algunos análisis las señalan como los sectores que más perdieron. En el plano estructural, con mayor o menor énfasis según los momentos, la clase media disminuyó su peso relativo y retrocedió en su modernización (cuentapropismo); comenzó a padecer desocupación y subocupación; sufrió un sensible deterioro en la calidad de sus empleos debido a la devaluación de las credenciales educativas; resignó porciones notables de ingreso y por ende de bienestar; se convirtió por primera vez en un segmento vulnerable a la pobreza; asistió atónita a la confiscación de sus ahorros en el "corralito" que precipitó la crisis política a finales de 2001; cambió drásticamente su valoración de la autonomía personal a expensas de su percepción del entorno familiar. Sin trabajo, sin seguridad social, sin ahorros, muchas familias de clase media cayeron en la situación estigmatizante de "vivir al día", lo que, en el plano simbólico, deterioró su autovaloración como clase, es decir, de los valores con que las elites dominantes habían promovido su emergencia a fines del siglo XIX: la estabilidad y la previsión. Desde mediados de los años 70, la clase media vio bloqueada la permeabilidad social que antaño constituyó para ella el orden natural de las cosas. Perdió uno de sus privilegios más preciados: disponer de un proyecto de progreso con perpectivas reales de verse realizado. Sin proyecto de futuro, sin proyecto de vida, es el presente, el aquí y ahora, el que pierde significado, sentido. Y el presente se tiñe de la desconocida y angustiante amenaza de experimentar movilidad social descendente, intra o intergeneracional.
No obstante, fue mucho más lo que resignaron los sectores por debajo de la clase media. Si algunas políticas del ajuste fueron percibidas como incomprensibles ataques a la clase media, es porque se perdió de vista que, a pesar del deterioro, ésta todavía tenía algo que perder. A los "de abajo" ya no podía sacárseles nada sin poner en peligro su reproducción generacional; es decir, sin poner en peligro un requisito sine qua non de la acumulación capitalista.
Observado lo ocurrido en el conjunto de este período, dos elementos se imponen. Primero, la frecuencia con que aparecen términos tales como "segmentación", "fragmentación", "fragilización", "segregación", "ruptura", "polarización", "exclusión", "desestructuración", etc. Términos todos que evocan la imagen de un bien -nuestra sociedad- que fue centrifugado, pulverizado, a lo largo del proceso. Segundo, que esta destrucción empezó en dictadura pero se agravó en democracia, particularmente en la década de 1990.
Es indudable que el neoliberalismo, que fungió como ideología dominante, no habría podido desarrollarse sin las bases previas establecidas por la dictadura militar mediante una atroz represión. Pero sería peligroso olvidar el papel de las fuerzas políticas que, actuando en democracia, coadyuvaron perversa y conscientemente a la destrucción.
Por lo tanto, el "nunca más" con que los ciudadanos enfrentamos cualquier amenaza a nuestros derechos políticos, debería extenderse a cualquier amenaza que impida restañar el daño que sufrieron nuestros derechos sociales. No es sólo el futuro del bienestar de los argentinos lo que está en juego. Es su democracia.
1. Los deciles dividen el total de hogares en diez partes iguales en número, ordenadas de menor a mayor de acuerdo a la porción del ingreso nacional que absorban.
