El trabajo decente resume las aspiraciones de las personas en su vida laboral, aspiraciones en relación a oportunidades e ingresos; derechos, voz y reconocimiento; estabilidad familiar y desarrollo personal; justicia e igualdad de género. Las diversas dimensiones del trabajo decente son pilares de la paz en las comunidades y en la sociedad. El trabajo decente es fundamental en el esfuerzo por reducir la pobreza, y es un medio para lograr un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible.
6 sept 2013
EMPLEADORA PRESA POR EXTORSIONAR Y MALTRATAR A SU EMPLEADA
SOCIEDAD › POR EXTORSIONAR Y MALTRATAR A SU EMPLEADA DOMESTICA
La empleadora que fue presa
La mujer acusó a la trabajadora de haber robado dinero y, aunque la plata apareció, la obligó a renunciar bajo amenaza de no devolverle el pasaporte. La convicta, que vive en un country en Córdoba, está con prisión domiciliaria.
Por Mariana Carbajal
Una mujer que vive en un country en las afueras de la ciudad de Córdoba quedó detenida, con prisión domiciliaria, acusada de maltratar a su empleada doméstica y obligarla a firmar una carta documento de renuncia laboral. La fiscalía local le imputó los delitos de “extorsión” y “privación ilegítima de la libertad” contra una ciudadana peruana que hacía dos años que trabajaba en su hogar, con “cama adentro”. Según denunció la empleada, la obligó a desnudarse y la zamarreó, tras acusarla de haber robado 300 pesos en la casa. “Hemos recibido muchos casos de maltrato, especialmente psicológico y a veces, incluso, físico, pero este es el primero que logramos sacar a la luz y llevar a la Justicia”, destacó en diálogo con Página/12 Nélida Sosa, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares de Córdoba (Sinpecaf).
Teresa Beatriz Nourikhan reside en el barrio privado La Reserva. Fue detenida el jueves de la semana pasada, pero al día siguiente volvió a su hogar para cumplir la prisión de manera domiciliaria, luego de que la Justicia le otorgara el beneficio previsto en la ley a personas que tienen a cargo hijos menores de cinco años. Ayer, el fiscal de instrucción Carlos Matheu imputó al ex esposo de Nourihkan por privación ilegítima de la libertad calificada, en calidad de partícipe. La empleada denunció que fue trasladada en el vehículo conducido por el ex esposo a una oficina de correos, donde su empleadora la obligó a enviar un telegrama de renuncia, bajo la amenaza de que si no accedía no le devolvería su pasaporte.
Sosa contó a Página/12 que el hecho que se le imputa a la empleadora ocurrió el 1º de noviembre de 2012. “Es la primera vez que conseguimos que un abogado quiera trabajar con nosotros en un caso penal. Antes de la reforma de la ley que equiparó nuestros derechos laborales, nadie quería tomar un caso como éste”, señaló la dirigenta gremial. Sosa tiene 45 años y se dedica a “cuidar un niño discapacitado”. Trabaja en casas particulares desde los 17 años.
El caso fue llevado a la Justicia por el abogado Gustavo Núñez, en representación del sindicato. De acuerdo con la investigación judicial, el 1° de noviembre la empleada, de nacionalidad peruana, fue despertada de la siesta por la dueña de casa, quien la acusó de haber robado 300 pesos a su hija. “Le dio vuelta el cuarto, revisándole sus pertenencias, le tiró toda la ropa al piso, le rompió la almohada buscando el dinero, hasta la hizo desnudar delante de los hijos, insultándola todo el tiempo. Le decía sinvergüenza, ratera y también insultos. La llevó luego al cuarto de la hija, de donde supuestamente había desaparecido el dinero, y ahí mismo, en un cajón, aparecieron los billetes frente a los ojos de la mujer y de la empleada. La nena había acusado a la empleada. Entonces, la empleadora la obligó a subir al auto y la llevó a una oficina de correos para que firmara su renuncia. Le pegó chirlos en el hombro, la siguió insultando. Y cuando regresaron a la casa, le dijo que le iba a pagar el sueldo y que hablaría con su abogado”, describió la secretaria general del sindicato. De inmediato, la llevó en el mismo auto hacia el barrio Alberdi, y la dejó en la puerta de su casa y le tiró los bolsos a la vereda.
Estas circunstancias fueron advertidas por vecinos de la empleada, que fueron testigos en la causa. La trabajadora llegó al Sindicato del Personal de Casas de Familia de Córdoba para buscar asesoría. El gremio le asignó un abogado, Gustavo Núñez.
“La gente debe entender que estamos viviendo en el siglo XXI y que la época de la esclavitud ya pasó. Actitudes de éstas son propias de gente intolerante y xenófoba. Tuvo esta actitud con una persona vulnerable, de otro país, que no tiene muchas relaciones en la Argentina”, señaló Núñez.
La dirigente gremial destacó la importancia del caso: “Es un primer paso muy importante para que las trabajadoras escuchen y no tengan miedo. Esperemos que otras trabajadoras se animen a denunciar”, indicó. Sosa dijo que hay otras empleadas domésticas que sufren la misma extorsión, pero que “no se animan a denunciar” los atropellos. “Las trabajadoras no hablan porque están amenazadas con que las van a deportar o las denuncian por robos que no existen”, agregó.
El fiscal decidió acusar por “extorsión” y “privación ilegítima de la libertad calificada”. Los delitos no son excarcelables y tienen penas muy altas. La extorsión de documentos la ejecuta quien con intimidación o violencia obliga a otro a suscribir documentos de obligación o de crédito. Tiene una pena de cinco a diez años. En tanto, la privación ilegítima de libertad agravada por violencia lleva una pena de dos a seis años de prisión.
Empleadas de casas particulares: “Los malos tratos son frecuentes”
Así lo aseguró a INFOnews Manuela Muñoz, dirigente del Sindicato de Empleadas en Casas de Familia de Paraná, luego de que se imputara a una empleadora por extorsión y privación ilegítima de la libertad a una trabajadora en Córdoba.
“No somos empleadas domésticas. Somos trabajadores de casas particulares”. Así se presenta Manuela Muñoz, dirigente del Sindicato de Empleadas en Casas de Familia de Paraná, Entre Ríos. Y su aclaración viene a cuenta de que la palabra “doméstico” si utiliza para los animales, “y nosotras no somos animales, somos trabajadoras. Nuestros empleadores no nos educan para estar en sus casas, somos empleadas independientes”, explica Manuela (30 años).
Manuela Muñoz, dirigente del Sindicato de Empleadas en Casas de Familia de Paraná, Entre Ríos
INFOnews se comunicó con Muñoz a raíz del caso de Teresa Beatriz Nourikhan, una empleadora que fue imputada por los delitos de extorsión y privación ilegítima de la libertad luego de ser acusada de maltratar a su empleada de origen peruano, y forzarla a renunciar bajo la amenaza de quedarse con su pasaporte.
“Los malos tratos son situaciones frecuentes, que se ven desde que existe este trabajo. Pero las trabajadoras muchas veces se ven superadas por la violencia y no pueden denunciarlo. Los empleadores les hacen sentir que como les pagan tienen derecho a maltratarlas”. Pero desde hace una buena cantidad de años, esa idea comenzó a resquebrajarse.
“Llevamos siete años de trabajando, pero todavía no pudimos llegar a todas las empleadas para que se informen, para que sepan que nadie puede maltratarlas ni retenerles los documentos”, cuenta Muñoz con la satisfacción de saber que su labor es importantísima, pero con la desilusión de no poder cumplir con todas las expectativas.
Según cuenta la dirigente gremial, que desde hace 10 años trabaja en el rubro, los malos tratos más frecuentes son los insultos. “Te tratan de ignorante. Creen que porque no tenemos acceso a la educación, trabajas en esto porque no tenes otra salida. Y no es así, hoy un 60% de las trabajadoras tienen estudios, pero eligen este rubro”.
Con la ley, un nuevo escenario
Uno de los casos más resonantes que recibieron las trabajadoras de casas particulares en Paraná fue el de una compañera que era víctima de violencia física por parte de los hijos de su patrón, quien aunque tenía conocimiento de esas agresiones miraba para otro lado. Y ella, aunque quisiera renunciar no podía: necesitaba el ingreso para sostener a su familia.
Se supone que para evitar ese tipo de malos tratos se votó la ley denominada Régimen Especial de Contrato de Trabajo de Casas Particulares, que fue promulgada el 3 de abril de este año. Con esta normativa se regula la actividad de uno de los sectores más postergados y se reconoce a las trabajadoras de casas particulares como empleadas con los mismos derechos que el resto de los trabajadores: vacaciones pagas, licencia por maternidad y por enfermedad, indemnización por despido, y una jornada de trabajo de 48 horas semanales como máximo.
“Lo más importante de esa ley es que, primero, tenemos ley. Porque no había ningún tipo de regulación, aunque todavía esperamos que se reglamente”, cuenta Muñoz, que como quien enumera una serie de conquistas, repasa: “Con esta ley accedemos a la licencia por maternidad –somos un 90% mujeres y no teníamos ese derecho- y se elimina el trabajo infantil. Además accedemos a una jubilación a licencia por enfermedad”. Pero el sector espera su reglamentación, y con ello la posibilidad de dar a conocer el contenido de la norma a todas las trabajadoras que de manera diaria permiten que gire la rueda de lo cotidiano en miles y miles de casas familiares.
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